Reprueban estados en aplicación de Anticorrupción

Ocho entidades no cumplieron a tiempo con la creación de las legislaciones de sus Sistemas Locales Anticorrupción.

Sin embargo, quienes encabezan esta lista son Chihuahua y Veracruz, en esos estados no se han aprobado aún las reformas constitucionales que darán paso a la creación de las leyes que debieron aprobarse antes del 18 de julio para el funcionamiento del sistema.

A punto de vencerse el plazo establecido en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción para la armonización de las leyes locales, hay además seis entidades que no cuentan con la ley local, a pesar de ya haber reformado su constitución: Baja California, Ciudad de México, Colima, Jalisco, Tabasco y Tlaxcala.

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En cuatro entidades (Campeche, Coahuila, Guerrero y Yucatán) las leyes fueron aprobadas la semana pasada, a marchas forzadas.

Al llevar las reformas legales al plazo límite, las legislaturas de los estados no aplicaron normas de Parlamento Abierto, e impusieron procedimientos contrarios a los establecidos en la Ley marco que rige todo el SNA.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Asamblea Legislativa avanzó en la aprobación de las 11 leyes de su sistema local en una polémica sesión, el jueves pasado, en la que legisladores y activistas denunciaron que se estaba desvirtuando el sistema, al aprobar normas que le restan autonomía.

En Coahuila, la Alianza Anticorrupción (integrada por 109 asociaciones civiles) denunció que la discusión del dictamen de ley ocurrió a puerta cerrada.

Además de las leyes inconclusas, es evidente el retraso en el nombramiento de los Comités de Participación Ciudadana, instancias que deberán ser autónomas, y que tendrá como funciones coordinar y supervisar los trabajos del Sistema Local Anticorrupción en cada entidad. Sólo Querétaro cuenta ya con ese comité.

En cuanto a los fiscales estatales anticorrupción, sólo siete entidades los han nombrado: Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tamaulipas y Sonora.

Finalmente, sólo cinco entidades (Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla y Sinaloa) han nombrado a los magistrados del Tribunal Administrativo especializado en casos de corrupción.