Realidad apocalíptica del país es efecto del saqueo

Edna Odette González

Por apocalíptico que parezca el panorama, la realidad que hoy vive el país es efecto del saqueo que ocurría desde hace muchos años en Petróleos Mexicanos (Pemex), perpetrado desde el interior de la petrolera, de acuerdo con la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza.

Hablar del huachicol no es poca cosa, se trata de una expresión del crimen organizado al más alto nivel” en que, si bien participan principalmente trabajadores sindicalizados, es una responsabilidad de la cual no se puede eximir al personal de confianza, porque en las refinerías y terminales de almacenamiento, los jefes son personal de confianza.

La autora de títulos como El cártel negro publicado en 2011 y PEMEX RIP del 2017 afirmó que “la cruzada del huachicol no debe ser del gobierno, sino de toda la ciudadanía”. Por muy impopular que sea la medida asumida por la administración a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ésta era ineludible. Además evidencia a las gasolineras que venden combustible robado.

En entrevista para SPR noticias, la escritora mexicana detalló la estructura de saqueo que comienza desde las áreas de producción petrolera, cuando el hidrocarburo llega a las refinerías donde hay dobles contabilidades para maquillar lo que entra y tener un margen de maniobra para sacar con pipas lo que se roba a la petrolera.

pemex

Las tomas paralelas

En la red de poliductos de Pemex hay tomas paralelas realizadas por el propio personal de la petrolera, esto no podría ser perpetrado por personas externas, pues “solo ellos (trabajadores de Pemex) conocen donde se encuentran ubicados los ductos y saben en qué momento va a correr o tal o cual hidrocarburo”.

De acuerdo con Ana Lilia Pérez existe otra modalidad de robo que se llama “toma en caliente”, una perforación instantánea realizada por especialistas, quienes llaman a los huachicoleros y cargadores, acuerdan los horarios de carga con la policía local y realizan la acción. Posteriormente, el combustible robado se comercializa en el mercado legal, es decir, en las gasolineras oficiales autorizadas por la empresa petrolera.

De esto tienen conocimiento los directores, ya que reciben diariamente un informe de lo que entra a una refinería y lo que llega a una terminal de almacenamiento, si los números no cuadran es evidencia de robo.

“El funcionario público tiene responsabilidad por colusión o por omisión”, concluyó la periodista.

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