Tráfico de drogas, su impacto en la economía mundial

El tráfico de drogas es sólo una parte de un extenso proceso productivo y comercializador de las sustancias enervantes y estupefacientes, las cuales, como sabemos, son ilegales y perseguidas penalmente en distintas legislaciones nacionales e internacionales. Pero no siempre fue así dada la demanda para uso individual de diversos grupos sociales con relativo poder adquisitivo, y en algunos casos, como la coca para uso industrial.

Sin embargo, la masificación del consumo y su impacto negativo en los núcleos familiares de toda la estructura social, aunado a un intento de recuperación del principio de autoridad por parte del conservadurismo moral, llevaron a que se decretase la ilegalidad del consumo de drogas.

El llamado “prohibicionismo” y la alta demanda en los países desarrollados, según diversos estudios empíricos (en Estados Unidos se concentra el 60% del consumo global de drogas) son las dos condiciones que elevan los precios de la marihuana, la cocaína, la heroína y las sustancias psicotrópicas. Los altos precios, provocan el surgimiento de una densa de red de productores que, ante la falta de alternativas para salir de la pobreza o el desempleo permanente, recurren a la producción de los cultivos, asumiendo riesgos legales y represivos. La experiencia de los Países Andinos, y asiáticos como Afganistán, Pakistán, además de algunos estados de la República Mexicana son ilustrativos.

Las cadenas de producción

También debe considerarse que en los últimos treinta años y en diversos momentos, conflictos ideológico-políticos y geopolíticos, han involucrado a organizaciones armadas en la cadena productiva, los cuales intervienen para acceder a financiamiento o adquirir armamento con los cuales mantener su actividad político-militar. Ello convierte al tráfico ilegal de armas en un gran negocio del que se benefician países europeos, Rusia y también los Estados Unidos.

Es el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y de otras organizaciones guerrilleras colombianas ya desaparecidas; fue el modelo del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso, en el Perú, y ocurrió también con la “contra antisandinista” que operaba en la frontera entre Honduras y Nicaragua y que contaba con el apoyo encubierto de la CIA, al igual que los Mujaidín musulmanes en Afganistán.

La cadena producción-comercialización es muy flexible y adaptable, casi siempre militarizada y controlada o pactada entre cárteles locales y regionales. El Estado, en los ámbitos municipales y estatales subnacionales, pierde legitimidad al no poder neutralizar e interrumpir la cadena, o las autoridades, deciden su convivencia negociada con los cárteles, los productores y los comercializadores. De esta forma se establece una “gobernanza” informal, basada en el consentimiento del tráfico de drogas y la limitación de su distribución local, a partir de relaciones de mutua dependencia con gran impacto corruptor en los sistemas políticos locales.

Este tipo de relaciones se institucionalizan también informalmente, generándose una “estabilidad” aparente en algunos municipios, provincias o estados de los países afectados por el fenómeno del tráfico de drogas. Esto dio origen, hace unos años, al concepto de “narco-Estado”: entidades donde el poder era una combinación de complicidades entre instituciones políticas y cárteles de la droga. Se obvió, sin embargo, la realidad del efecto dinamizador en las economías regionales de la producción de cultivos como la hoja de coca y la semielaboración de sustancias como la Pasta Básica de Cocaína en los países andinos, lo mismo que la producción de amapola y elaboración de heroína en la gran meseta centro-asiática.

El incremento de los precios de las drogas en la década de los ochenta del siglo XX, provocó un aumento de la producción de cultivos en los países andinos, lo que movilizó a un número indeterminado de campesinos y agricultores de baja renta o ingresos, y jornaleros estacionales necesitados de ocupación. La renta de tierras para el cultivo, o la subcontratación de los propietarios para que destinasen una parte de sus tierras a los cultivos ilícitos, se hizo con pagos adelantados y compra pactada de las cosechas.

Las transacciones se comenzaron a realizar en dólares, lo que multiplicó la capacidad adquisitiva de los campesinos y pequeños propietarios, pero también introdujo una “dolarización informal” en el comercio semirrural. En los principales valles de la ceja de la selva amazónica y áreas interandinas, en los pequeños pueblos y valles en proceso de urbanización, los grandes bancos colocaron agencias para captar los ahorros y depósitos en dólares provenientes del narcotráfico. La “dolarización informal” no produjo inflación en las zonas cocaleras, sino que reactivó la economía y el comercio sobre la base de un mercado que se mantuvo estable, hasta el comienzo de la llamada “guerra de las drogas”, que involucró directamente a Colombia, Perú y Bolivia.

La economía de las drogas, adquirió una legitimidad cada vez mayor, bajo los sencillos mecanismos de la economía de mercado y el fracaso de los programas de desarrollo social. El crecimiento económico y la redistribución, fuera del control nacional-estatal, podían orientar a los “narco-Estados” hacia formas económicas y dinámicas políticas de “estados-fallidos”: la gran pesadilla de los politólogos norteamericanos luego del desastre en Afganistán, Somalia y Sudán en los años noventa del siglo XX, tras el fin de la Guerra Fría.

En este largo proceso, se formaron Federaciones y Sindicatos Agrarios que plantearon la defensa del campesino cocalero frente a las políticas represivas, ofreciendo la sustitución de cultivos a cambio de precios de refugio. Fue una solución parcial, que se diluyó ante la falta de recursos, el rechazo de los Estados Unidos que prefirió invertir en armas, tecnologías de control, capacitación, y no en precios de refugio, y los vaivenes de las política económicas nacionales.

Hacia 1990 la ONU calculaba que el tráfico mundial de drogas alcanzaba los 500,000 millones de dólares8, y para el 2013 la estimación del movimiento mundial es de 683,000 millones de dólares. Ello representa aproximadamente el 1.5% del producto interno bruto (PIB) mundial, y el 70% se blanquea en el sistema financiero y los paraísos fiscales.

En conclusión

El tráfico de drogas sigue aumentando a nivel global, distorsionando el crecimiento económico con redes criminales que operan en toda la cadena productiva y comercializadora. Esta distorsión provoca costos que afectan de manera decisiva el PIB y distrae recursos que deberían orientarse al desarrollo. Adicionalmente, los países productores ingresan en una dinámica de informalización, debilitando al Estado y a los sistemas políticos, disminuyendo la calidad de la democracia e influyendo negativamente en las inversiones productivas.

Sin embargo, se hace muy poco para combatir el lavado de dinero en los paraísos fiscales, cuyo número asciende a 73. Y, mientras dichos paraísos fiscales sigan operando libremente, o con regulaciones simuladas, la economía del narcotráfico, como parte de la economía criminal global, seguirá siendo parte del sistema económico y una de sus fuentes de liquidez, conseguidas no con base en el ahorro, el esfuerzo del capital y el trabajo productivo, sino con base en el crimen, la violencia y la inseguridad.

EDUARDO BUENO