Infraestructura: el norte aventaja, pero las oportunidades están en el sur

MILÉN MÉRIDA

Baja California, Sonora, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa son los estados más competitivos en infraestructura. No sólo porque cuentan con niveles altos de infraestructura básica como drenaje, agua potable y electricidad, sino que han realizado esfuerzos para incrementar la penetración en telecomunicaciones e infraestructura productiva, de acuerdo con el Índice de Infraestructura 2015, elaborado por la consultoría aregional.

Ubicadas todas en el norte del país, son entidades que al tener una vocación productiva enfocada “en la manufactura de exportación y a la oferta de servicios de clase mundial, presentan una alta competitividad en materia de Comunicaciones y Transportes, especialmente en el tendido de redes carreteras y vías ferroviarias e importante infraestructura logística portuaria y aeroportuaria”, además de parques industriales, añade el documento.

Pero en infraestructura no todo está dicho. Hay estados que se encuentran en pleno proceso de desarrollo de este sector, principalmente de telecomunicaciones, y es allí donde habrá mayor dinamismo y mayores oportunidades de inversión, sobre todo en zonas del centro y sur del país, específicamente en Estado de México, Michoacán, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca y Jalisco.

La provisión eficiente de infraestructura incide positivamente en el crecimiento y desarrollo de una región y de su población”, destaca aregional, por lo que pese a los recortes en el presupuesto federal, seguirá llegando la inversión.

Sectores con potencial

Especialistas coinciden en que este año, la construcción de infraestructura será más dinámica en lo que toca a las inversiones destinadas a Telecomunicaciones y Energía, sectores impulsados a su vez por las reformas estructurales aprobadas en 2014.

Puertos, carreteras, redes de comunicaciones y ductos son los subsectores en donde más fluirá la inversión, tanto pública como privada. Mientras que el mayor rezago continuará siendo en infraestructura para agua.

Todo lo de ductos ha sido un éxito, la cantidad de licitaciones que se han hecho en los últimos años y el interés del sector privado por instalarlos y operarlos ha sido muy interesante. También en energía eólica y solar van bastante bien” en cuanto a inversiones, considera Edmundo Gamas Buentello, director general del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, A.C. (IMEXDI).

Obras en proceso

Datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del portal de Alianza por un Gobierno Abierto, revelan que las inversiones más grandes en curso en las entidades federativas se están realizando en el tendido de red de comunicaciones, puertos y autopistas.

Al ser el centro del país, el Estado de México lidera en la inversión de infraestructura de telecomunicaciones, con 19 obras en proceso, entre las cuales las más importantes, por su impacto o inversión, son: la autopista La Marquesa-Toluca; la autopista Naucalpan-Toluca, con una inversión de 7,200 millones de pesos; el Mexicable, que será el primer teleférico utilizado como transporte público en el país que se localizará en la Sierra de Guadalupe en Ecatepec; el Nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que estará en Texcoco y cuya inversión multianual podría alcanzar los 209,000 millones de pesos, así como el Tren interurbano México-Toluca, con 42,000 millones de pesos de inversión, y la Ampliación del Aeropuerto de Toluca, que recibirá 3,337 millones de pesos de inversión federal.

En segundo sitio está Michoacán, que tiene en curso 15 obras entre las que destacan las portuarias. Por ejemplo, la Terminal Especializada de Contenedores II en Lázaro Cárdenas, que tiene ya un 40% de avance recibirá en total una inversión de 5,795 millones de pesos. Mientras, la Terminal Especializada de Autos en Lázaro Cárdenas, por iniciar en mayo, requerirá de 524 millones. Asimismo una terminal de granel en Lázaro Cárdenas (Contemplado en el Plan de Nuevo Michoacán) por 60 millones y un nuevo Aeropuerto también para Lázaro Cárdenas.

Veracruz es el tercer estado con más obras, incluso, con la mayor obra portuaria del país en curso, pese al impacto de los recortes al presupuesto por 7,000 millones de pesos.

En el panorama de infraestructura, Veracruz tiene planeadas o en curso 12 obras, entre las que destacan: Ampliación del Puerto de Veracruz por 23,933 millones, aunque según los recortes se verá afectada la obra de la construcción de un acceso; la autopista Tuxpan-Tampico con presupuesto de 4,997 millones y que ya lleva un 8% de avance. También un muelle público para contenedores y carga general en Tuxpan con avance de 20% y un costo de 4,937 millones; un libramiento ferroviario en Coatzacoalcos por 2,500 millones; y la modernización del aeropuerto de Xalapa, al cual se destinarán 100 millones.

Mientras que en la Ciudad de México, con 11 obras proyectadas, se encuentra la mayor inversión correspondiente a la instalación de la Red Compartida de Telecomunicaciones, que tendrá un costo de 130,000 millones de pesos; asimismo, infraestructura para México Conectado, que consiste en instalar banda ancha en 150,000 sitios y lugares públicos con 18,600 millones de pesos, y la interconexión del Segundo Piso DF-Caseta Tlalpan, con 2,000 millones, entre otros trabajos.

El quinto lugar es ocupado por Oaxaca y Jalisco. En la primera entidad, las obras están destinadas a reforzar la conectividad del puerto de Salina Cruz, además de la conclusión de la carretera Oaxaca-Istmo, por 9,318 millones y que tiene un avance de 48%; la plataforma logística región del Istmo que se prevé requerirá 3,200 millones de peso, el muelle de usos múltiples en Salina Cruz, por 229 millones; y la conclusión de la vía carretera Oaxaca- Puerto Escondido con 4,646 millones, por citar algunas obras.

En Jalisco también el objetivo es aumentar la conectividad de Puerto Vallarta. Ahí se pretende realizar la construcción de una terminal Portuaria de pasajeros con recursos por 702 millones de pesos; la ampliación del aeropuerto, también en Puerto Vallarta, con 101 millones de pesos; el libramiento de Guadalajara al que se destinan 5,720 millones y lleva un avance de 38%; la ampliación de la Autopista Toluca-Atlacomulco con 3,500 millones; y el tramo corto de la Red Ferroviaria Guadalajara-Aguascalientes por 1,417 millones.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta Cummings, de la inversión total ejercida desde el inicio de esta administración a la fecha y correspondiente a infraestructura carretera, el 21% corresponde a inversión privada.

Mientras que datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes al PEF 2016, refieren que habrá 343 mil 652 millones de pesos destinados sólo a la generación de infraestructura económica, a través de 1,394 proyectos.

APP, ventana de oportunidad

Para Edmundo Gamas, director del IMEXDI, hay un esquema que los estados no han aprovechado para acelerar su infraestructura, y que se espera este año comience a utilizarse más debido a los recortes en el gasto público recientemente anunciados: se trata de las Asociaciones Público Privadas (APP).

Se están viendo necesariamente como el futuro de la infraestructura”, añade, aunque se necesita mayor agilidad y apertura por parte del Gobierno Federal, en la aprobación de planes no solicitados y que son presentados por desarrolladores.

Existe una variedad de Proyectos de APP que incluye: concesiones, proyectos de inversión en infraestructura de largo plazo y Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). En general, las APP se utilizan en desarrollo de infraestructura económica y social, destacan la construcción y operación de hospitales, escuelas, carreteras, plantas de tratamiento de agua y saneamiento”, refiere el PEF 2016.

Sin embargo, para este año, sólo 12 estados proyectaron obras bajo ese esquema: Puebla, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Chiapas, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

Y 10 entidades usarán el esquema PPS, que es cuando un privado desarrolla la infraestructura “con base en un contrato de servicios de largo plazo mediante el cual, el inversionista se hace cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los activos y servicios relacionados con la provisión que ofrece. Como contraprestación, una vez iniciada la provisión de servicios, el gobierno efectúa los pagos correspondientes con base en criterios de calidad y desempeño, mismos que deben mantenerse durante la vida del contrato”.