Profeco sanciona a empresas de taxi privado con 5.6 mdp

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso sanciones por 5.6 millones de pesos a Uber, Easy Taxi y Cabify, debido al uso de cláusulas abusivas y publicidad engañosa hacia los usuarios.

Como resultado de los procedimientos por Infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor iniciados en contra de estos proveedores de servicios de transporte privado, detalló que a Uber se le impuso una sanción por 3.97 millones de pesos.

Mientras que para Easy Taxi fue de un 1.81 millones de pesos y a Cabify de 700,000 pesos, apuntó la Profeco en un comunicado, que ya fue enviado a las tres empresas, las cuales aún pueden ser impugnadas.

Las afectaciones mencionadas derivan de “la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores”, explicó.

Aunado a esto, acotó que la sanción también obedece a la difusión de publicidad engañosa por ofrecer un “servicio seguro” de transporte, cuando entre sus términos y condiciones se deslindan de cualquier responsabilidad legal.

De manera particular, Cabify expone que las tarifas cobradas no serán reembolsables y que en los periodos de mayor demanda establecerá un costo mayor variable, sin definir qué criterios se utilizarán para esta consideración.

Easy Taxi, por otro lado, no se hace responsable de daños que pudieran ser ocasionados por el mal uso de la información de los equipos de la empresarial y del usuario en caso de que un tercero vulnere la seguridad e ilícitamente utilice la información, así como aplicación de prácticas restrictivas y desleales.

Y sus frases publicitarias, como “Pedir un taxi nunca fue tan sencillo”, no acreditan la veracidad, claridad y exactitud, siendo sujetas a comprobación, lo que no fue realizado.

En tanto que Uber viola lo establecido por la ley de la materia, al no señalar un domicilio, teléfono y demás medios de contacto en el país para aclaraciones o reclamaciones por la aplicación de cobros de servicios adicionales sin la autorización expresa del consumidor (tarifa de reparación, limpieza o cargos por objetos olvidados).

Para la solución de cualquier controversia que eventualmente se presente entre los usuarios del servicio y la proveedora, indicó, las partes se deberán someter al arbitraje o a la mediación, establecidos en la legislación de Amsterdam, Países Bajos y en lengua inglesa.