Emprendimiento social para México y sus lecciones

ANA MAGDALENA RODRÍGUEZ ROMERO*

La empresa social, que aplica estrategias de negocio para resolver una problemática social específica, es más que un tema de moda; es la punta del iceberg de la crisis del capitalismo y el subsecuente movimiento de la economía mundial hacia un modelo más incluyente, justo y solidario; es también la respuesta a la debatible sustentabilidad financiera de los esquemas filantrópicos de la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Esta manera de hacer negocios promete ser una solución en temáticas sociales, como pobreza, educación y salud. El gran potencial de crecimiento que tiene la empresa social en el país se sostiene en los muchos problemas sociales que tenemos y, por ello, en un mercado amplio de población que espera sus servicios; así como en la capacidad de innovación y creatividad de los mexicanos.

Con todo, aún no contamos con un ambiente que favorezca el “ecosistema” de emprendimiento social en el país, es decir, que genere los incentivos necesarios para que iniciativas de este tipo no sólo nazcan, sino florezcan y se repliquen.

Muchos países nos llevan ventaja. Desde hace más de una década, principalmente en países como Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Brasil, se han dado pasos importantes hacia un sistema legal, fiscal y de promoción económica que favorece la creación y consolidación de las empresas sociales.

México puede aprender de ellos. Tres son los cambios estructurales que necesitamos para caminar hacia un ambiente más propicio para el emprendimiento social:

Estructura legal. Actualmente, México no cuenta con una figura jurídica que reconozca a la empresa social como tal, por lo que ésta suele registrarse como Asociación Civil o Sociedad, figuras que no corresponden a la naturaleza de su objeto social: tanto económico como social. Reino Unido fue pionero en este sentido, al crear en 2005 la figura jurídica Compañía de Interés Comunitario, la primera forma legal reconocida en el mundo diseñada sólo para empresas sociales.

Segundo: incentivos fiscales. En México, a las OSC donatarias autorizadas sólo se les exceptúa del pago de impuestos hasta el equivalente a 10% de los ingresos derivados por actividades económicas fuera del objeto social. En contraste, países como Estados Unidos permiten exentar de impuestos hasta 100% de los ingresos por esas actividades.

Tercero: fondos de inversión. Mientras en otros países las empresas sociales cuentan con asesoría, capital semilla y exposición ante inversionistas, en México faltan fondos de inversión exclusivos para empresas sociales, lo que limita el nacimiento, consolidación y crecimiento de estos emprendimientos. Incluso en Latinoamérica nos llevan ventaja en este sentido, como Chile con Start-Up.

Lograr lo anterior será un proceso lento y complejo, que necesariamente requiere acciones de responsabilidad compartida entre los diferentes actores de la sociedad, como universidades, OSC y los propios emprendedores sociales.

Las instituciones académicas deben generar y difundir el conocimiento de los conceptos y casos de éxito de emprendimientos sociales. Las OSC, aprovechando su fuerza política, pueden promover a la empresa social como ejemplo de sustentabilidad. Los emprendedores sociales tienen la responsabilidad de demostrar con resultados la efectividad de sus modelos.

Todo ello facilitará la receptividad de los tomadores de decisiones hacia los modelos de empresa social.

*Directora de ACCSE Occidente, agencia de consultoría en responsabilidad social y desarrollo sustentable.

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