Presupuesto y política pública para el Campo
Por Luis Fernando Haro Encinas | Director General del Consejo Nacional Agropecuario

Uno de los instrumentos de política pública que nos señala claramente el interés, los temas y las prioridades para un Gobierno, lo es sin duda la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); ahí se establecen los recursos y los programas que deberá analizar, discutir, en su caso modificar y aprobar el H. Congreso de la Unión.

El paquete económico presentado por el Ejecutivo contiene los siguientes elementos: Criterios Generales de Política Económica; la Iniciativa de la Ley de Ingresos; la Miscelánea Fiscal, así como el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Prioridades del Ejecutivo

  1. Fortalecer los programas sociales
  2. Garantizar las obras de infraestructura prioritarias para el Gobierno
  3. Preservar las finanzas sanas.

El Presupuesto de Egresos para el sector agropecuario y pesquero y, específicamente lo que refiere a los recursos y programas para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se han visto mermados por los recortes de los últimos años; como referencia, en el 2015 el Congreso aprobó poco más de 92 mil millones de pesos.

Y no sólo han sido los recortes de recursos; adicionalmente se han eliminado la mayoría de los programas que existían anteriormente de fomento productivo y, su nuevo enfoque, se ha reducido en gran medida a programas de apoyo a pequeños productores, y mayoritariamente de apoyo al ingreso.

Presupuesto vs productividad

La propuesta del Ejecutivo para el Presupuesto de Egresos para el 2022 considera un monto para la SADER de poco más de 53 mil millones de pesos, concentrando los recursos en los programas de: Producción para el Bienestar; Precios de Garantía; Gasto Administrativo;  Educación e Investigación; Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Abasto Rural de DICONSA; Fomento a la Agricultura, Ganadería y Acuacultura (Bienpesca); Abasto Social de Leche LICONSA, así como un incremento importante a los programas de Apoyo a la Adquisición de Leche y al de Fertilizantes.

Desafortunadamente estos programas no garantizan el poder elevar la productividad del campo mexicano, ya que se concentran en gran medida en transferencias de recursos que se dan directamente a los productores y no consideran apoyos que aseguren mayor certidumbre en la producción de alimentos, principalmente de productos básicos.

Por otra parte, qué bien que se propongan recursos para Infraestructura Hidroagrícola y Programas Hidráulicos, que favorezcan la conservación y el uso más eficiente de agua, vital para las actividades productivas y en general para la vida.

Se ha señalado que el sector agroalimentario ha seguido creciendo, a pesar de la disminución y recorte de los recursos para la Secretaría de Agricultura; la realidad es que el crecimiento se ha dado en productos hortofrutícolas y en la producción pecuaria, principalmente, que incluso presentaban desde antes una inercia de crecimiento y desarrollo.

Pero, no debemos de confiarnos; esos subsectores no reciben apoyos por parte del Gobierno; su crecimiento no depende de ello, pero tampoco podemos poner en riesgo su desarrollo; se requiere de atención; de condiciones de certidumbre; de reglas claras, así como de bienes públicos, que permita a estas actividades el poder seguir siendo competitivas, y que han demostrado, a pesar de la pandemia, ser resilientes.

No obstante, no es el mismo caso lo que sucede con los productores de granos y oleaginosas, en donde cada vez somos más dependientes de las importaciones, como se demuestra en el caso del maíz amarillo, que solo en el periodo de enero a junio del 2021 se incrementaron sus importaciones en un 13%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Políticas públicas esencial para el desarrollo

Si en verdad queremos disminuir la dependencia alimentaria en algunos productos básicos, como es el caso de maíz, trigo, frijol, soya y sorgo, y aspirar a una mayor autosuficiencia, es necesario generar políticas públicas que consideren el cómo elevar la productividad, y para ello se debe apoyar y dar certidumbre a todos los productores; la competencia está con productores de otros países, con los que tenemos relaciones comerciales, como lo son los de Estados Unidos, los cuales reciben grandes apoyos que promueven la siembra y la producción de alimentos como un tema de seguridad nacional.

La política pública para el sector agropecuario y pesquero nacional va dirigida a la atención de los más pobres “Dar de comer a quienes nos dan de comer”; así ha sido señalado por el Ejecutivo Federal; sin duda hay que atender de manera importante a este estrato de la población; es una asignatura pendiente; sin embargo, se debe impulsar la producción de alimentos, sin importar el tamaño de productor.

Se debe pensar en losproductores

Está en los Diputados Federales que integran hoy la LXV Legislatura el aprobar un presupuesto más adecuado y responsable para los productores del sector agroalimentario, que pueda, por una parte, garantizar el abasto de alimentos para la población; que permita sustituir de manera importante las importaciones y reducir la dependencia alimentaria en productos básicos; un presupuesto enfocado a elevar la productividad y rentabilidad del sector; a lograr procesos más eficientes en el uso de los recursos naturales; a impulsar una agricultura más sustentable y sostenible.

Además, promover programas para mejorar los suelos; un presupuesto que promueva el financiamiento; favorezca la utilización de instrumentos de  administración de riesgos, como el seguro agropecuario y la compra de coberturas; fomente la inversión en el sector, que a su vez genere más y mejores empleos; permita fortalecer el estatus fitozoosanitario mediante recursos suficientes para la prevención y erradicación de plagas y enfermedades; promueva el desarrollo y la vocación productiva regional; impulse la innovación tecnológica, la integración de las cadenas productivas y la modernización del campo mexicano.

La verdadera política pública para el campo debe ser incluyente; debe de aumentar la productividad; impulsar el desarrollo de sistemas agroalimentarios sustentables y sostenibles que permitan garantizar las necesidades actuales de alimentos, sin comprometer el futuro de las próximas generaciones y, algo muy importante, una verdadera política pública debe contar con metas e indicadores y con una visión de mediano y largo plazo, tal y como la tienen nuestros principales socios comerciales.

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