Decreto de obras viola leyes constitucionales: CCE

El CCE manifestó su desacuerdo ante el decreto, por lo que llamó a defender la legalidad y el Estado de Derecho

El decreto de proyectos y obras impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no está debidamente fundamentado ni motivado, señaló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Carlos Salazar Lomelín, por lo que llamó a defender la legalidad y el Estado de Derecho.

Asimismo, expresó su desacuerdo y preocupación al considerar que viola diferentes leyes que protegen los derechos humanos, el medio ambiente, los procedimientos y licitaciones, etcétera, además de que sobre pasa las facultades del poder ejecutivo.

“El acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores (…) sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del poder legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este acuerdo pone al ejecutivo por encima de la ley”, aseguró el CCE.

Explicó que la Seguridad nacional se encarga de proteger a la nación, la preservación de la soberanía, el orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entre otras, pero “no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional”.

Otras afectaciones

El organismo también manifestó que el decreto puede motivar a que se evadan las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas, así como incentivar la corrupción.

Por otra parte, señaló que instruir a las dependencias de la administración pública federal a que otorguen una autorización provisional a las obras pone a los proyectos públicos por encima de la ley, lo que representa una afectación en el gasto, en el desarrollo de las obras y en los derechos de las personas, las comunidades y las empresas, al pasar a una situación de indefensión.

“(…) proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones”, reiteró.

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