Turnan acuerdo sobre militarización de seguridad nacional al Pleno de la Corte

La ministra Margarita Ríos Farjat decidió que sean los 11 ministros quienes analicen y resuelvan el asunto

La Primera Sala de la Suprema Corte acordó turnar al pleno del Tribunal Constitucional la controversia constitucional, que impugnó el acuerdo presidencial por el que se ordenó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 26 de marzo de 2024.

La decisión fue de la ministra, presidenta de sala y ponente del caso, Margarita Ríos Farjat, luego de cuestionar la constitucionalidad del decreto, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo del año pasado.

Por lo que, serán los 11 ministros en el pleno quienes analicen y resuelvan en definitiva el asunto.

El 20 de junio de 2020 la expresidenta de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, presentó la controversia constitucional al argumentar que la iniciativa deja sin marco jurídico que dé certidumbre a la actuación del Ejército mexicano y a la Marina.

Reiteró, en su momento, que precisamente la controversia buscaba dar certeza, ya que las fuerzas armadas tenían más de una década pidiendo que se delimitaran sus funciones en materia de seguridad.

El acuerdo

La iniciativa del presidente indica que la disposición de la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública será de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Además, de que su actuación se realizará en el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implementación territorial, sin que la participación exceda cinco años, a partir de la entrada en vigor del decreto, que se publicó en el DOF el 26 de marzo de 2019.

Que el acuerdo sea analizado por el Pleno de la Suprema Corte garantiza que se estudie de fondo el tema y la congruencia de que las fuerzas armadas tengan una participación en tareas de seguridad pública.

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