Jueces y funcionarios serán investigados por caso Ayotzinapa

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Hasta el momento se liberaron a 52 implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador ejercerán los recursos correspondientes para iniciar investigaciones a funcionarios y jueces a fin de deslindar responsabilidades por la liberación de Gildardo López, alias “El Gil”, implicado en el caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la liberación de “El Gil” es un precedente muy grave. Pues fortalece una tendencia de liberación de otros detenidos, pero las indagatorias serán a todos los funcionarios implicados, incluidos el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y Tomás Cerón.

“Hay que decirlo con la verdad: la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra de derecho de las víctimas”, externó.

Asimismo, dejó claro que no existe ningún indicio para que el otro alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca se libere por el caso Ayotzinapa. Pues él está detenido por su probable responsabilidad en el homicidio del síndico Arturo Hernández Cardona.

52 liberados por caso Ayotzinapa

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración mencionó que a la fecha se liberaron 52 implicados en la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Además, con el precedente de Gildardo López Astudillo hay elementos para que se pueda liberar a otros 50 detenidos.

Ello, al recordar que el 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018, se consignaron 169 personas, de las cuales, se detuvo a 142, entre ellos, 55 policías de Iguala, 22 de Cocula y 67 civiles presuntos integrantes de Guerreros Unidos.

Las detenciones se llevaron a cabo por delitos como delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud; delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como delitos previstos en la Ley General de Secuestro.

De las 172 personas detenidas, la otrora Procuraduría General de la República (PGR) procesó a 70 personas por el delito de secuestro en contra de los normalistas.