Garantizar el mínimo vital del trabajador: Obligación del Estado mexicano

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El Estado ha sido omiso en emitir soluciones que compensen las pérdidas económicas de las familias y el desempleo, escribe en exclusiva Jaleyna de la Peña

Jaleyna de la Peña
Presidenta del Comité jurídico de Coparmex nacional y socia en De Hoyos y Avilés, Abogados
@jaleynadelapena

Aún no hay saldos totales de la pandemia de Covid-19. La enfermedad ha dejado estragos en materia de salud, impactado a la economía y a la sociedad de forma inusitada. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta que, entre marzo y abril de 2020, se han perdido más de 685 mil 840 empleos formales.

Nada que la Iniciativa Privada (IP) no haya previsto y advertido al Gobierno federal, a quien desde el inicio de la crisis sanitaria pidió actuar de forma pronta, clara y contundente para asegurar la supervivencia de las Mipymes y proteger el empleo; aportando además proyectos desarrollados en conjunto con la sociedad civil que no han sido tomados en consideración por el poder Ejecutivo.

En ese sentido, el #SalarioSolidario Coparmex es uno de ellos. Es una propuesta de participación colectiva de los factores de la producción para proteger el salario, compuesto por contribuciones de gobierno, patrón y trabajadores, con el fin de evitar despidos y cierres de empresas ante la falta de liquidez.

Un concepto ausente en la Constitución

Al día de hoy el Estado ha sido omiso en emitir de manera integral soluciones que compensen las pérdidas económicas de las familias y el desempleo. No se trata de concesiones graciosas, es su deber y así se reconoce en el artículo 25 de la Carta Magna que establece la obligación estatal de garantizar el desarrollo nacional mediante la competitividad, el fomento económico y el empleo, una justa distribución del ingreso y la riqueza que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas. Es decir, garantizar el mínimo vital.

Además, este concepto, aunque expresamente no se encuentra en la Constitución, ha sido desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha definido el derecho al mínimo vital como todas las acciones positivas y negativas, que permitan respetar la dignidad humana y que involucra la obligación del Estado de garantizar que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, educación, cultura, así como un medio ambiente sano y sustentable.

Son derechos fundamentales que no deben regatearse so pretexto de luchas ideológicas.

Jared Diamond, Premio Pulitzer 1998, en su libro “Crisis, cómo reaccionan los países en los momentos decisivos”, resume las variables que influyen en el desenlace de una crisis nacional.

Entre las más importantes menciona: 1) Reconocimiento de encontrarse en una situación de crisis. 2) Asumir la responsabilidad, no echar la culpa a los demás. 3) Generar un cambio selectivo. 4) Aceptar ayuda de otros países y 5) Hacer una autoevaluación honesta de su situación.

Finalmente, bien haría el Gobierno federal en seguir estos lineamientos. Dejar de buscar culpables, enmendar en forma inmediata lo que no ha funcionado, y hacer lo que se ha dejado de hacer, solo así podríamos hablar de una “Nueva Normalidad”.