Únete a nuestro canalAutos Chocolate: la legalización de lo ilegal
Con la llegada de la Cuarta Transformación a la vida pública de México se encontró por fin una “brillante” solución para terminar con el alto número de automóviles ilegales que se encontraban en el país, una idea simple pero funcional: “legalizar lo ilegal”.
Es un negocio que durante generaciones se mantuvo en la franja fronteriza, y fue descendiendo hacia los estados del centro del país. Se trata de miles de automóviles procedentes de Estados Unidos, vehículos que han sido introducidos ilegalmente en nuestro país en absoluta flagrancia y con la total complicidad de las autoridades quienes antes que sancionar a los infractores prefirieron voltear la vista hacia otro lado frente a la magnitud del problema.
Se trata de un mercado negro que por la magia de los usos y costumbres funcionaba de manera prácticamente regular de cara a la falta de soluciones de fondo, un lucrativo negocio que fue creciendo porque se fue involucrando cada vez más a la población que veía en la compra de estos autos, por supuesto más baratos, la oportunidad de hacerse de un vehículo.
Con la llegada de la Cuarta Transformación a la vida pública de México se encontró por fin una “brillante” solución para terminar con el alto número de automóviles ilegales que se encontraban en el país, una idea simple pero funcional: “legalizar lo ilegal”. De la misma manera que se podría resolver el problema del narcotráfico, de la migración indocumentada y de tantas otras calamidades que azotan a nuestro país, así de fácil.
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En octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador expidió un decreto mediante el cual anunció la regularización de estos autos denominados “chocolate”, bajo dos premisas, una judicial y otra social. Primero, los autos que eran introducidos a nuestro país no tenían registro y por lo tanto eran utilizados en actos criminales para posteriormente ser abandonados en el lugar de los hechos sin que obrara un responsable.
Segundo, las pobres familias de nuestros connacionales, que tanto aportan a la estabilidad financiera del país, tenían derecho a hacerse de un automóvil para transportarse y poder llevar a sus hijos a la escuela.
Una más de las transformadoras medidas populistas que evidentemente sería aplaudida por una población habida de hacerse de un automóvil, sin importar su procedencia, los niveles de contaminación que produce y mucho menos la falta de refacciones que tarde o temprano les acarreará ese tipo de vehículos.
Debido al éxito obtenido y en el ocaso de la actual administración, el programa ya se extendió esta semana a los estados de San Luis Potosí y Tlaxcala, y en un descuido terminará por alcanzar los del sureste que, como ya no es novedad, son los consentidos del sexenio, todo a costa de un mercado formal que cumple con sus deberes fiscales, genera miles de empleos y aporta al crecimiento del Producto Interno Bruto nacional.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) señala que las acciones emprendidas por el gobierno han servido de muy poco o nada, ya que lejos de frenarse este mercado cerrando la frontera, aceleró el ingreso de miles de vehículos beneficiando a las mafias que hoy controlan su introducción y comercialización, lo cual es evidente.
Son los 14 los estados donde opera el programa que en principio tendría que llegar a su fin en junio, en principio porque el programa se ha extendido ya en tres ocasiones y se puede ir prolongando de acuerdo al termómetro presidencial. No hay reglas claras, como ocurre todo en este sexenio nadie sabe qué pasará una vez que finalice el programa, porque es un hecho que seguirán ingresando autos “sin papeles”. Hoy existen más de un millón de estos regularizados y otro tanto espera su turno.
El muégano de Solalinde
Luego de los ya 40 migrantes muertos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el INM será sustituido por una Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, el cual, se dice, se conformará por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Bienestar, Salud, Educación, Defensa y Marina; Guardia Nacional, CNDH, Conapred, y hasta asociaciones religiosas, empresarios; representantes de países centroamericanos, Estados Unidos y Canadá.
Al frente de ese muégano estará el padre Alejandro Solalinde, quien de defensor de los migrantes ha pasado a serlo de López Obrador, y aseguró que es un proyecto que se venía trabajando desde 2018 y que se aceleró a raíz de la tragedia juarence. Como si de entonces a la fecha no hubiera habido otras desgracias con numerosas muertes de indocumentados. Un escape hacia adelante que ya hemos visto en otras ocasiones.
Con cuatro años de gobierno, si algo sobran son ejemplos de la improvisación y chapucería de las políticas públicas y proyectos de la 4T que se refleja en la amplitud de lo que se quiere abarcar y la falta de noción de que la administración entra en una etapa de cierre de ciclos, no de iniciarlos porque lo más probable es que queden inconclusos.
La citada coordinación es ejemplo de ello, pues además de interinstitucional, no sólo se ocupará de la protección de los derechos humanos de los migrantes, sino también de turistas, inversionistas extranjeros y, por qué no, de mexicanos en el exterior.
Desafortunadamente, la finalidad va a ser la misma: cumplir con los compromisos acordados con Estados Unidos en materia migratoria. Es decir, contener, retener, recibir y regresar a las personas indocumentadas que quieren cruzar hacia la Unión Americana. Es comprensible que sea Solalinde quien se ocupe del tema: si a AMLO le ve rasgos de santidad, con eso tendrá para justificar cualquier política y acción de la 4T contra los migrantes ilegales.
