La percepción de inseguridad en el país fue de 61% en el primer trimestre de 2024, 1.9% más que en el periodo de octubre a diciembre de 2023, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Las ciudades con la mayor percepción de inseguridad entre sus ciudadanos fueron Fresnillo (95.4 %), Naucalpan (89.6 %), Zacatecas (89.3 %), Chilpancingo (87.3 %), Cuernavaca (87.0 %) y Ciudad Obregón (86.6 %). Cabe señalar que Fresnillo se ha mantenido por más de dos años en el primer lugar de percepción de inseguridad, mientras Naucalpan y Zacatecas han estado siempre entre los primeros cinco lugares durante ese tiempo.
En el caso de la Ciudad de México, las alcaldías con mayor percepción de inseguridad fueron Iztapalapa (72%), Xochimilco (67%), Gustavo A. Madero (64.9%); Álvaro Obregón (65%); Tláhuac (63.4%) e Iztacalco (62%). Por el contrario, las más seguras, de acuerdo a la opinión de sus habitantes fueron Benito Juárez (11.1 %), Cuajimalpa (22.5 %), Miguel Hidalgo (32.3%), Milpa Alta (46.6%) y Coyoacán (47.8%).
Si se promedian los resultados de las alcaldías, podríamos decir que en la Ciudad de México hay una percepción de inseguridad de 56.2%. Un resultado positivo, abajo del promedio nacional de 61%, y de otras grandes ciudades como Guadalajara (77.1%); Monterrey (70.5%); y comparable a Chetumal (56.2%), Ixtapa Zihuatanejo (56.6%); Atizapán de Zaragoza (55.6%) y Veracruz (55.7%). Sin duda, a ello contribuyen los porcentajes tan bajos de Benito Juárez y Cuajimalpa, en el caso de la primera alcaldía como la que localidad con la menor percepción de inseguridad del país, pero aún el foco rojo de Iztapalapa no se encuentra entre los primeros 20 a nivel nacional.
Independientemente de que se trata de una opinión sobre cómo se percibe la seguridad y que está puede verse influída por múltiples factores -desde la nota roja del día hasta el robo sufrido recientemente-, dentro de lo que cabe y es posible, algo se está haciendo bien en la capital del país y, por el contrario, algo no están haciendo en otras ciudades con una complejidad diferente a la de la Ciudad de México, pero que claramente se siguen viendo rebasadas por la delincuencia, sea común u organizada.
Un congreso “a la carta”
A menos de dos semanas de que finalice el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, ambas cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, dominadas por Morena, están dando un claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
Empeñado en sacar adelante a cualquier costo el paquete de 20 reformas enviado por Andrés Manuel López Obrador, el partido oficial esta haciendo una serie de trastadas dignas del PRI del siglo pasado; un regreso no a la colaboración entre los diferentes poderes del estado sino un claro sometimiento del Legislativo al jefe del Ejecutivo, quien desde la silla presidencial apunta con su índice en la dirección que quiere que fluyan las cosas.
Ya sea por un error, por impericia o por un acto mal intencionado resulta inconcebible que en la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados se pretendiera pasar por bueno un dictamen distinto al que se había aprobado previamente en la comisión de Seguridad Social en el que se autorizaba al Ejecutivo tomar los recursos de los trabajadores de más de 70 años que cotizaran, ya fuera en el ISSSTE o en el IMSS, que mantuvieran inactivas sus cuentas. Casualmente desapareció esta precisión en el texto dejando abierta la posibilidad de una intervención en todas las afores.
Puesto en evidencia el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, tuvo el descaro de afirmar que ya habían identificado el error y que lo iban a señalar, un muy pobre control de daños para un hecho de esa gravedad. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, trató de minimizar lo ocurrido señalando que se hizo “todo un escándalo” por el error. Lo cierto es que como apaga fuegos la funcionaria es buena abogada. También tuvo muy poco éxito al defender la aprobación de la Ley de Amnistía en el Senado que le da al presidente de la República poderes plenipotenciarios para poder liberar, a su criterio, a personas procesadas penalmente o que se encuentren cumpliendo una sentencia por cualquier delito.
Manga ancha para que el jefe del Ejecutivo, antes de abandonar el cargo, tenga la potestad de “perdonar” a criminales confesos y sentenciados así hablemos de tratantes de personas, violadores, feminicidas, pederastas y cualquier aberración que se nos ocurra sin excluir ninguna. A cambio lo que se les pide a los criminales es que aporten información para resolver otros casos, el ejemplo que puso la secretaria de Gobernación fue el de Ayotzinapa. Con esta determinación se cierra el periplo que inició con el “abrazos no balazos” para los delincuentes.
Mucho trabajo habrá de tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la serie de demandas que surgirán de todas estas iniciativas aprobadas al vapor y que muy poco sustento legal tienen.
