Una nueva amenaza pesa sobre nosotros, bueno, no tan nueva, la misma desde hace cuatro años, pero que en esta semana encontrará una fecha fatal en la que podría sorprender, si aún no hemos perdido ya la capacidad de asombro.
Este 15 de septiembre, mientras los mexicanos de a pie celebran el día nacional, los asesores del presidente López Obrador, o sea él y aquello que suceda en su cabeza, estarán ultimando detalles del discurso que pronunciará el 16 de septiembre, previo al desfile de las fuerzas armadas en el Zócalo capitalino.
Ayer adelantó que no tratará sobre el tema energético, pues asegura que México y Estados Unidos mantienen una relación de respeto en esa materia; sin embargo, también dijo que “México no se vende, es de los mexicanos”. Tal vez por esa complicada y retorcida manera de expresarse es que el secretario de Estado de los Estados Unidos decidió hacer un viaje y advertirle del peligro que representa tergiversar los mensajes respecto a los acuerdos que tengan.
Cansados de perderse en la traducción, los americanos (su gobierno) no está dispuesto a tolerar más la burla que ha significado el nulo conocimiento del idioma inglés del presidente mexicano, y su caradura para confundir y hacer enojar a nuestro importante vecino del norte.
En una pésima traducción, pero que seguramente será de fácil entendimiento, le vinieron a decir algo así como ¡don’t scratch the balls of the tiger!
La infausta historia del Jefe de jefes
Como si se tratara de una consigna, el gobierno de México recibió con una bofetada al secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken. Por instrucciones de un juez, Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como el Jefe de jefes, terminará de purgar su condena, de manera domiciliaria, por el asesinato del agente encubierto estadounidense, Enrique “Quiqui” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala.
Relegado ahora a una silla de ruedas, casi ciego y sordo, Félix Gallardo fue otrora uno de los delincuentes más poderosos de nuestro país, fundador en 1978 del Cártel de Guadalajara, la primera organización mexicana dedicada al trasiego de drogas, junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, y Rafael Caro Quintero, con quienes compartió la responsabilidad por el secuestro, tortura y posterior asesinato de Camarena, un agente encubierto quien se había infiltrado dentro de la organización.
A Félix Gallardo se le debe haber inaugurado la ruta de la cocaína hacia Estados Unidos y el establecimiento de los primeros vínculos con narcotraficantes colombianos como Pablo Escobar. El también conocido como “El Padrino” fue el responsable de convocar a esa reunión en Acapulco en donde los llamados “Señores de la Droga” se dividieron el país en plazas o territorios. La ruta de Tijuana a los hermanos Arellano Félix (Cártel de Tijuana); La ruta de Ciudad Juárez a la familia Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez); el corredor de Matamoros permaneció bajo el control de Juan García Ábrego (Cártel del Golfo); en tanto Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán quedaron a cargo de la Costa del Pacífico (Cártel de Sinaloa).
Miguel Ángel Félix Gallardo fue encarcelado en 1989, sin embargo, por las deficiencias que arrastra el sistema judicial mexicano, fue sentenciado hace apenas cinco años, buscó un amparo contra el pago de los cerca de 21 millones de pesos a los que fue condenado como reparación del daño a las familias de las víctimas, pero este le fue rechazado.
Sus legendarios socios mantienen también procesos judiciales. Desde 2015, por instrucciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, “Don Neto” cumple prisión domiciliaria, mientras que Caro Quintero, quien fue detenido en 1985, liberado por irregularidades en el proceso en 2013 y recapturado hace un par de meses, es requerido para ser juzgado en Estados Unidos por la muerte de “Kiki”. Con estos tres siniestros personajes finalizará una era en el narcotráfico de México, una era que fue sucedida por generaciones más violentas quienes extendieron su lista de ilícitos y se fueron extendiendo hasta tener hoy presencia en todo el territorio nacional.
Hace poco menos de un mes, durante su conferencia matutina, López Obrador le hizo un guiño al recluso, entonces dijo: “Que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que, si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso”.
La FGR y los terrenos de la abuela
Uno pensaría que se trata de un fraude de unos vivales el que a alguien le aseguren un terreno y/o le llegue un citatorio en 2022 para devolver un predio bajo el amparo de un decreto de expropiación de 1907. No es así, aunque no tiene mucha diferencia.
Tampoco habría que descartar que hace muchos años, algunos se aprovecharon de lo que parecía una laguna legal en torno a un enorme terreno e hicieron y deshicieron ante la indolencia y/o complicidad de autoridades, o hasta de buena fe porque, ¿quién iba a acordarse de una expropiación de Porfirio Díaz? Paradójicamente, el que lo hizo fue un gobierno que tiene como uno de sus muchos villanos al dictador oaxaqueño.
De acuerdo al diario Reforma, el gobierno federal y la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, piden la devolución de inmuebles ubicados en Santa Fe, basados en un decreto de expropiación de la época del porfiriato. Es decir, sin indemnización de por medio, ni nuevos decretos, sino a través de demandas civiles del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), a cargo de Víctor Julián Martínez Bolaños, y de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR.
El área a “recuperar” (de alguna manera se le tiene que llamar), es aledaña a donde la FGR inició la construcción del llamado Parque Nacional de la Justicia, ubicado en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, frente a Lomas de Bezares y Bosques de las Lomas. Abarca donde hoy se encuentran el Centro Comercial Santa Fe, la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey, así como corporativos y condominios de la zona, de acuerdo a la nota.
El pleito pinta para muchos años, entre los cambios de propietarios, los numerosos litigios que se inicien, amparos, probables acuerdos entre las partes y la legítima propiedad que se demuestre. Por ejemplo, sin que se sepa si hay acción legal aún, la Universidad Iberoamericana recibió el terreno donde se encuentra el campus Santa Fe en una donación del Gobierno federal, mediante acuerdo firmado por López Portillo en noviembre de 1982, luego de que se derrumbaran sus instalaciones en Río Churubusco en el terremoto de 1979.
Increíble que la FGR utilice su fiscalía de combate a la delincuencia organizada para litigios de terrenos, cual pleito de familia, como si no tuvieran o debieran de tener mucho trabajo en lo que sí les compete, y con antecedentes de reveses en batallas legales que sólo la Fiscalía se atreve a defender, como el de los científicos del Conacyt. Ahora, con esa misma obsesión por lo indefendible, va por “los terrenos de la abuela”.
La última palabra la tendrán los jueces. Lo que se determine a favor o en contra, será digno de guión de película.
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