Morelos, partido perdido para el “Cuauh”

Morelos es una de las ocho gubernaturas que se renuevan en 2024. El escenario político en el estado es de pronóstico reservado: por Morena, la candidata es Margarita González Saravia, exdirectora de la Lotería Nacional, militante de izquierda desde la década de los 70, y cuya familia es propietaria del famoso balneario Las Estacas. Hasta ahí, todo conforme al mérito a la militancia en un estado cuya historia está ligada a la izquierda mexicana.

Del otro lado, inconforme por no haber sido considerada siquiera entre los perfiles para la encuesta interna de Morena, la senadora Lucy Meza renunció al partido y ahora es la abanderada del Frente Amplio por Morelos (PAN-PRI-PRD). Meza, originaria de Cuautla, experredista vuelta al redil, política con carrera propia, para más señas esposa de Ricardo Robledo, subsecretario de gobierno con Graco Ramírez, aunque ambos distanciados del exgobernador.

Como referente para ambas, fuera de su popularidad como futbolista, poco o nada bueno ha dejado Cuauhtémoc Blanco como gobernador al estado de Morelos. Entre la inseguridad al alza, la corrupción gubernamental y escaso crecimiento económico, además de ser el segundo gobernador peor calificado de acuerdo al último ranking de Mitofsky, superado por unas décimas por la guerrerense Evelyn Salgado, cortesía de Otis.

Habiendo llegado a la gubernatura por el extinto Partido Encuentro Social (PES) como parte de la coalición con Morena-PT-PVEM, el único que sale a hablar bien del “Cuauh” es el presidente López Obrador. La difícil situación hace de Morelos un bastión difícil de ganar para Morena sin deslindarse de Blanco -de facto morenista-, y con altas probabilidades de que se lo lleve la alianza opositora con Meza, enemiga del gobernador.

Bajado de la contienda por la candidatura de Morena para jefe de Gobierno de la CDMX, a Cuauhtémoc Blanco ya lo único que le queda es evadirse de sus responsabilidades, cascarear ocasionalmente, hacer declaraciones sobre la selección nacional o aparecer en los partidos del América, cuyos aficionados son sus únicos incondicionales.

La revictimización como bandera de la inseguridad

Pese a las cifras alegres que ofrece día tras día el presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un hecho flagrante que la violencia está al alza y que el Estado esta muy lejos de controlarla. 

El cuchareo en las estadísticas está a la orden del día, se ha intentado separar los delitos del orden común de los delitos federales y en un intento de reducir las cifras de muertes los números se manejan a modo.

El ejemplo más claro ocurrió hace algunos días en Salvatierra, Guanajuato, en donde un grupo de jóvenes que celebraban una posada fue masacrado por una célula criminal. Frente a la incapacidad tanto de autoridades locales como federales, el presidente se apresuró a señalar como una de las líneas de investigación el consumo de drogas entre los muchachos revictimizándolos. Reportes recopilados entre los asistentes señalaron que el incidente se originó luego de que solicitaran a un grupo de “colados” abandonar el evento. Minutos después regresaron con un comando armado que, tras apagar las luces, rafagueó a los jóvenes indiscriminadamente.

Pero no es la primera vez que la revictimización prevalece en la narrativa oficial, hace dos semanas el presidente volvió a utilizar el mismo argumento en el caso otros jóvenes (estudiantes de medicina) encontrados muertos con huellas de tortura en Celaya, Guanajuato, el mandatario incluso señaló que pasaron a comprar drogas en algún lugar de Villagrán y ahí los asesinaron, para rematar sugiriendo que sus declaraciones eran hipotéticas porque aún no concluía la investigación. La misma lógica de criminalizar sin pruebas o por lo menos con los elementos completos.

¿Desde cuando el Estado dejó de procurar seguridad a todos los ciudadanos de la República por igual, independientemente de la actividad a la que se dediquen? no es el caso, pero los señalamientos cada vez más frecuentes de que el incremento en el número de muertos se debe a los enfrentamientos entre grupos criminales hablan de que el Estado renunció al monopolio de la fuerza para imponer el orden, lo cual tendría que preocuparnos en los albores de un nuevo proceso electoral tan descontrolado en donde los grupos delincuenciales intentaran colocar a los suyos en puestos clave desde el municipio más pequeño, hasta el estado más grande de la nación.

En su columna de ayer, Carlos Loret señalaba que Omar García Harfuch, quien es visto como el posible futuro secretario de Seguridad Pública, abandonó el país luego de que el Centro Nacional de Inteligencia lo advirtiera de un posible atentado contra su vida. García Harfuch se adelantó a desmentirlo, a sabiendas de que si se llegara a contemplar el hecho de que el Estado es incapaz de proteger a sus funcionarios entonces si estaríamos ya en un problema de dimensiones inconmensurables.