Resulta muy doloroso ver lo que está ocurriendo en Perú, en donde cerca de dos decenas de personas han perdido la vida en los últimos días en el marco de las protestas desatadas luego del cese, detención y encarcelamiento del ahora ex presidente Pedro Castillo, quien el pasado 7 de diciembre fraguó un auto golpe de Estado, disolviendo al congreso y decretando un gobierno de excepción.
En poco menos de dos semanas se han desencadenado una serie de hechos que reflejan una aparente contradicción entre los principios democráticos y las leyes que regulan el marco con el que debe funcionar un buen gobierno, reglas que finalmente permiten a una sociedad desenvolverse en paz; que dan tranquilidad a los inversionistas quienes depositan su confianza en el país y que permiten una sana relación de convivencia con las naciones vecinas y los organismos internacionales a los que se encuentra adscrito.
Pedro Castillo llegó a la presidencia tras una elección democrática, de eso no hay ninguna duda. Aunque por un margen muy estrecho se impuso en una segunda vuelta a Keiko Fujimori quien, aunque a regañadientes, acepto el resultado luego de que el organismo electoral así lo decreto. Tampoco hay ninguna duda de que Pedro Castillo violó esos mismos principios democráticos que le permitieron acceder al poder; con sus acciones puso en movimiento los mecanismos que protegen al país contra quienes atentan contra esa institución y por esa razón se encuentra preso. Todo dentro de un marco constitucional.
Decir que para qué lo quitaron si el pueblo lo eligió es un argumento no solo simplista sino de un populismo aterrador, es ignorar que en un sistema democrático el pueblo también elige a sus legisladores en los congresos tanto federales como locales para que lo representen y tomen las decisiones pertinentes como un contrapeso a las tentaciones “caudillistas”.
En abierta violación a la doctrina Estrada el gobierno de México desconoce a las instituciones democráticas de Perú para extender su reconocimiento a un mandatario quien hoy es acusado en su país de rebelión a raíz de un fallido golpe de Estado que provocó su cese.
Sin ánimo de calificar a nuestras autoridades tal vez tendríamos que meditar hacia a dónde va nuestra política exterior ¿Respaldamos a países o respaldamos a individuos? ¿Hablamos de una relación de corto alcance entre un club de mandatarios que se procuran los unos a los otros a la manera de caciques o pensamos en relaciones institucionales de largo aliento que superan con mucho a líderes que debieran ser transitorios?
De nuestros países depende si queremos seguir viviendo en una democracia con las reglas que esto implica o si de plano dejamos que sea la oclocracia la que se abra paso.
La celeridad de García Harfuch
El atentado a Ciro Gómez Leyva ha sido motivo de múltiples e inútiles especulaciones sobre los motivos, qué intereses hay detrás, a quién beneficia, si fue “mensaje”, la responsabilidad del ambiente polarizado, a quién le quieren echar la culpa… discusión estéril, porque lo fundamental es que hubo una agresión al periodista y hay autores materiales de ello.
20 minutos habían pasado de que Ciro había tuiteado sobre el atentado que sufrió, cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio respuesta contundente: “Vamos a detener a los responsables”.
La versión de la mañanera de la Jefa de Gobierno se adelantó el viernes, y García Harfuch explicó con imágenes lo que sucedió antes y después de la agresión, los vehículos involucrados y la ruta de escape hacia el Estado de México. Ya previamente, el presidente había dicho que se tenían identificados una moto y un auto, información que le dieron del Palacio del Ayuntamiento.
No es la primera vez que el secretario de Seguridad Ciudadana atiende con rapidez un caso de alto impacto obteniendo resultados positivos, varios de ellos en poco tiempo, rebasando a la Fiscalía General de Justicia capitalina a cargo de Ernestina Godoy, a la cual prácticamente le queda judicializar la investigación.
A pesar de la inseguridad y el número de delitos que registra diariamente la capital dadas sus dimensiones, población y complejidad, la de la Ciudad de México es la mejor policía del país: es la que tiene el mayor número de elementos, cuenta con personal capacitado, tecnología de investigación y más de 64 mil videocámaras de vigilancia.
Esto le permite tener la capacidad de prácticamente detener a cualquier delincuente cuando enfoca sus recursos en ello e ir varios pasos adelante de la Fiscalía capitalina y su Policía de Investigación. Por algo García Harfuch es el funcionario más eficiente y reconocido del gabinete de Sheinbaum.
Móviles de crímenes son innumerables, incluidos los cometidos contra periodistas. las especulaciones de nada sirven. Las condenas y la solidaridad, se agradecen. Lo que al final de cuentas importa es detener y procesar a los responsables del delito.