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UNAM analiza las 20 reformas de AMLO y advierte sobre las consecuencias del “Plan C”

Por: Mundo Ejecutivo 17 Jun 2024
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En cuanto a los organismos con autonomía constitucional, se propone eliminar a la Cofece, Ifetel, INAI, Coneval y los reguladores en materia energética, justificándolo con razones de austeridad y duplicidad de funciones.

El 5 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante la Cámara de Diputados veinte proyectos de decreto, de los cuales dieciocho incluyen reformas constitucionales y dos proponen cambios a leyes específicas.

Estas reformas abarcan 53 artículos constitucionales y representan el mayor intento de modificación simultánea en la historia de México.

Diversidad de reformas propuestas 

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Las reformas presentadas abarcan un amplio espectro de temas.

Incluyen:

Además, se proponen reformas para la simplificación administrativa y a la Ley del ISSSTE.

Debido a la diversidad y profundidad de las reformas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reunió a un grupo de expertos en derecho, economía y ciencia política para realizar un análisis técnico y multidisciplinario de cada iniciativa.

Este esfuerzo busca informar el debate público con opiniones técnicas y diversas.

Análisis de las reformas y sus implicaciones 

La Constitución mexicana de 1917 ha sido reformada en múltiples ocasiones, acumulando un total de 771 modificaciones a lo largo de su historia. Desde 1982, el ritmo de reformas se aceleró significativamente, reflejando un proceso continuo de modernización y adaptación a nuevas realidades políticassociales.

Sin embargo, la llegada de López Obrador en 2018 marcó un cambio en esta dinámica, con un enfoque en romper con el régimen neoliberal y transformar la realidad del país mediante la cuarta transformación (4T).

Reformas que modifican el sistema representativo 

Entre las reformas más destacadas está la propuesta de eliminar 200 diputados y 32 senadores plurinominales, así como 32 senadores de primera minoría, para reducir la Cámara de Diputados a 300 miembros y el Senado a 64, todos electos por mayoría relativa.

Esto eliminaría la representación proporcional y las minorías en el Congreso, favoreciendo al partido en el poder (Morena) y permitiendo al presidente controlar el Congreso y asegurar la aprobación de sus reformas sin la interferencia de la oposición.

Reforma judicial y desaparición de organismos autónomos 

La reforma judicial plantea una refundación completa de los tribunales del país, con jueces y magistrados elegidos por votación directa de la ciudadanía. Esto podría politizar la justicia, ya que los jueces necesitarían el apoyo de partidos políticos para ser electos.

Además, se propone eliminar los Consejos de la Judicatura y crear nuevos órganos de administración y disciplina judicial, controlados políticamente.

En cuanto a los organismos con autonomía constitucional, se propone eliminar a la Cofece, Ifetel, INAI, Coneval y los reguladores en materia energética, justificándolo con razones de austeridad y duplicidad de funciones. Sin embargo, estas instituciones funcionan como contrapesos al Ejecutivo y su desaparición podría concentrar más poder en la presidencia.

Guardia Nacional y seguridad pública 

Las reformas también buscan militarizar la seguridad pública, estableciendo que la Guardia Nacional sea una institución militar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se permitiría a la Guardia Nacional y a las policías investigar delitos sin estar subordinadas al Ministerio Público, cambiando radicalmente el proceso penal y la relación entre el poder civil y militar.

Agenda social y políticas públicas 

Las iniciativas también incluyen propuestas para constitucionalizar la política social del presidente, como la revisión de salarios mínimosapoyo mensual para jóvenes que no estudian ni trabajanatención médica universal y gratuita, y pensiones para personas con discapacidad y adultos mayores.

Aunque estas medidas son relevantes y deseables, plantean dudas sobre la capacidad del Estado para cumplirlas y la pertinencia de llevar políticas públicas específicas a la Constitución.

En conclusión, las reformas propuestas por López Obrador representan un cambio profundo en las reglas de acceso y ejercicio del poder en México. Buscan concentrar poder en la presidenciaeliminar contrapesos institucionales y militarizar la seguridad pública, al mismo tiempo que constitucionalizan su agenda social.

El debate sobre estas reformas es crucial para el futuro del régimen constitucional del país, y la opinión técnica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ofrece un análisis detallado y fundamentado para informar a la ciudadanía y a los legisladores.

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