La SICT hackeada; preguntas sin respuestas

El lunes por la tarde, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tuiteó crípticamente: “Se activó Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos y Plan de Contingencia, en apego a la normatividad, a fin de contener posibles vulnerabilidades a la información y datos derivado de accesos ilícitos a equipos informáticos de la SICT”, y complementó en otro tuit: “Las investigaciones se encuentran en curso y de acuerdo con el resultado se denunciará y dará vista a las autoridades correspondientes.” Es decir, los habían hackeado.

Pemex en 2019 y la Secretaría de la Función Pública en 2020, fueron víctimas de hackeos que resultaron en el robo de información.

Se hubiera pensado que estos hechos y otros de la administración pasada, como el hackeo al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México en 2018, hubieran servido de advertencia para reforzar la ciberseguridad de dependencias e instituciones. No fue así.

Pareciera que después del ataque del llamado Grupo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya no hubiera algo más grave que pudiera sucederle a este gobierno en materia de ciberseguridad. Y no es así.

Lo peor que puede suceder es que estas acciones delictivas continúen y el Estado mexicano, así como instituciones privadas, queden totalmente expuestas, junto con los datos personales y el patrimonio de millones de mexicanos.

Tocó el turno ahora a la SICT, la cual tiene a su cargo temas e instalaciones estratégicas y de seguridad nacional: telecomunicaciones y satélites; vías de comunicación como las redes carretera y ferroviaria; asuntos marítimos y portuarios; seguridad aérea, por no hablar de numerosas licitaciones y adjudicaciones de contratos. Si es que todavía existe y sesiona, es una de las dependencias integrantes del Consejo de Seguridad Nacional.

¿Cuál dependencia o institución sigue?, ¿cuáles ya fue hackeadas y no nos hemos enterado?, ¿alguien está haciendo algo para prevenir o sólo están actuando reactivamente?, ¿se está investigando a los ciberdelincuentes?, ¿se tiene idea de dónde provinieron los ataques? Muchas preguntas sin respuesta y mientras, más dependencias hackeadas.

Cuidado, porque del robo de información a la parálisis institucional y el colapso económico sólo es cosa de voluntad de los perpetradores.

El tortuoso camino hacia la máxima categoría

El 25 de mayo del año pasado la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) determinó que las condiciones para volar en nuestro país no cumplían con los estándares internacionales para mantenerse en el primer nivel por lo que determinó degradar a nuestro país a categoría 2.

Desde entonces ha pasado un año y medio, lo cual es mucho tiempo. Para hacernos una idea, durante ese periodo se realizó un referendo para decidir si los ex presidentes deberían ser juzgados; otro de revocación de mandato para determinar si Andrés Manuel López Obrador se mantenía como presidente de la nación; se rechazó en el Congreso la contrarreforma energética; de igual manera el legislativo autorizó que el ejército patrullara las calles hasta el 2028; se inauguró la refinería de Dos Bocas y México fue demandado por Estados Unidos y Canadá acusado de violar el T-MEC, por mencionar tan sólo algunos hechos relevantes.

Durante ese tiempo se estima que las empresas mexicanas podrían haber perdido cada año 9 mil 300 millones de dólares; nuestro Producto Interno Bruto habría dejado de recibir 7 mil millones de dólares y se habrían puesto en riesgo 170 mil empleos, una situación trágica para una de las industrias que sufrió más los efectos de la pandemia por el cierre de fronteras en prácticamente todos los países y que ya vislumbraba la salida al final del túnel.

Obnubilado por sus obras faraónicas, López Obrador dejo correr los meses, desdeñando a las empresas mexicanas que perdieron un tiempo precioso al no poder abrir nuevas rutas a la Unión Americana justo en el momento en que el turismo internacional se estaba reactivando.

No queda muy claro si por sus afanes de crear una línea aérea del Estado o por abrirse paso en el mercado de carga, única oportunidad de crecimiento que por el momento se le ve al Aeropuerto Felipe Ángeles, el presidente reaccionó hace ocho días y ordenó el relevo de Carlos Rodríguez al frente de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), quien en mucho es el responsable del estancamiento ya que durante su gestión no solo se perdió el grado, sino que lejos de corregir las 28 fallas iniciales que se habían detectado estas terminaron por convertirse en 39.

El presidente no soltó el tema ayer durante su conferencia matutina, así como de pasada, adelanto que este fin de semana “viajarán a Washington el encargado de despacho de la Secretaría de Comunicaciones, el subsecretario y el responsable de la aviación porque hay un encuentro que tienen en Estados Unidos para procurar que regresen la categoría más alta”, lo cual no deja de ser importante aunque en honor a la verdad hasta junio pasado los representantes de ambos países se habían reunido siete veces y en cada ocasión los avances fueron prácticamente nulos porque la retórica que acostumbra la 4T no funciona cuando se trata de resolver problemas técnicos que ponen en riesgo la seguridad de decenas de miles de personas.

La esperanzas de una pronta solución son pocas, en el mejor de los casos, de acuerdo a los especialistas, el regreso a la categoría 1 podría tener lugar en el primer semestre del próximo año, claro que para esto ocurra se requiere no solo de voluntad y buenos deseos, se necesita mucho dinero para capacitación, entrenamiento pero sobre todo para que la estructura de la autoridad aeronáutica sea solvente en todos los aspectos, lo malo es que los recursos para el próximo año ya están etiquetados y al parecer los 678 millones solicitados no serán suficientes para todo lo que se necesita hacer