Nuestro canalDónde sí puede haber autosuficiencia de combustibles
El 70% del gas que se consume en México es importado, precisamente de Texas. Sin embargo, nuestro país tiene reservas probadas de gas shale en la Cuenca de Burgos, ubicada al norte de Nuevo León y Tamaulipas.
Tanto el shale oil como el shale gas se encuentran incrustados en formaciones rocosas de baja permeabilidad, a profundidades que pueden superar los tres kilómetros. Desde mediados del siglo pasado, se utilizaron técnicas de fracturación hidráulica de la roca para liberar el combustible, conocido como fracking. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los noventa que entre las tecnologías aplicadas se incluyó la perforación profunda vertical-horizontal, lo que permitió abarcar amplias extensiones de terreno y extraer mayores cantidades de hidrocarburos.
Gracias a ello y a la ubicación de grandes reservorios de shale oil y shale gas, países como Estados Unidos o Argentina cambiaron su condición de importadores a exportadores. En el caso de la Unión Americana, con la explotación de la Cuenca de Permian, en el oeste de Texas; y en el caso del país sudamericano, con la formación de Vaca Muerta, en la cuenca del Neuquén, al centro-occidente del país.
El 70% del gas que se consume en México es importado, precisamente de Texas. Sin embargo, nuestro país tiene reservas probadas de gas shale en la Cuenca de Burgos, ubicada al norte de Nuevo León y Tamaulipas, que se extiende todavía a la costa y se adentra a aguas profundas del Golfo de México, en el llamado Cinturón Plegado Perdido. Es decir, prácticamente una continuación de la Cuenca de Permian.
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Sin embargo, la producción de hidrocarburos en las Cuencas de Burgos y de Tampico-Misantla ha caído 38% en los últimos cinco años, según datos de la Comisión de Energía de Tamaulipas, encabezada por José Ramón Silva Arizábalo, quien trae la instrucción del gobernador Américo Villarreal de trabajar con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), e instituciones públicas y privadas, para retomar proyectos y atraer inversiones, para reactivar el sector.
Por su parte, Luis Guillermo Pineda Bernal, comisionado de la CRE, ha planteado la oportunidad que se tiene para lograr la autosuficiencia en gas natural, reactivando la explotación de la Cuenca de Burgos, con el apoyo de los órganos reguladores como el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) y la propia CRE.
Transparencia: una batalla pérdida
Cada vez más esa imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciando el fin de la corrupción al tiempo que agita un pañuelo blanco se va pareciendo a una caricatura. Pese a los espectaculares anuncios que presagiaban una era de cambio con la llegada de la Cuarta Transformación estos no han pasado de ser palabras vanas, en los hechos, la nueva clase política no ha sido igual que la que le precedió, sino que la ha superado en materia de opacidad a la hora de administrar los bienes públicos de manera diáfana.
Los números no mienten, en el último reporte trimestral “Nuestro Dinero” de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se refrenda lo que ha venido ocurriendo no sólo durante la presente administración, en donde se han sumado nuevas prácticas para darle la vuelta a la legalidad, sino a lo largo de los últimos sexenios.
La realidad es avasalladora, 8 de cada 10 contratos se asignaron por adjudicación directa; sólo 1 de cada 10 se otorgaron por licitación pública y el resto se dividió entre invitación restringida y “otros” contratos, esto pese a que la Ley establece que la norma tendría que ser la licitación pública. El Constituyente de 1917 se adelantó a la ambición de políticos coludidos con empresarios que vieron en las arcas de la nación la oportunidad de engordar sus bolsillos, de ahí la inclusión del artículo 134 en la Carta Magna, y las subsecuentes reformas en 1982, en 2007 y en 2008 con el propósito de garantizar la transparencia, sin embargo, esto de muy poco o nada sirvió y hoy parece letra muerta en los tres órdenes de gobierno.
Durante los primeros nueve meses de este año, el gobierno federal entregó 125 mil 561 contratos por un monto de 358 mil 930 millones de pesos; un promedio diario de 465 contratos por mil 329 millones de pesos. Para hacernos una idea, de acuerdo a MCCI, cada nueve días se gasta el equivalente al presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral (INE).
En el periodo analizado, aproximadamente 48 de cada 100 pesos se gastaron por licitación pública mientras que 37 de cada 100 pesos fueron adjudicados por procedimientos de excepción, y entre las dependencias que más se valieron de este último mecanismo (todas ellas con focos rojos) se encuentra, por mucho, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); seguido del desaparecido INSABI; Banobras y Diconsa. Tan solo estas cuatro acumularon 65 mil 853 millones de pesos bajo esta forma de contratación. En todos los casos se encuentran involucradas empresas que habían sido inhabilitadas y que lograron burlar las sanciones a las que se habían hecho acreedoras.
Llama la atención el hecho de que 15 de cada 100 pesos fueran entregados por “otros” tipos de contratación, “lo que incluye contratos entre entes públicos, contrataciones con créditos externos y procedimientos no clasificados. Esto quiere decir que se gasta más en otros procedimientos que en invitación restringida” señala la organización. Preocupa sobre todo que este rubro vaya en ascenso porque fue justamente a través de este esquema que se pudo concretar la llamada “estafa maestra”.
El caso de la caída de la plataforma Compranet, acaecido entre el 15 de julio y el primero de agosto de 2022 merece mención aparte ya que hasta el momento ni la Secretaría de la Función Pública, ni la Secretaría de Hacienda han respondido qué se contrató durante ese periodo. Lo que se conoce es que en ese lapso se firmó un contrato con la inhabilitada empresa Irkon Holding S.A. de C.V. por 230 millones de pesos y que también se identificaron contratos por 20 millones de pesos entregados a Cyber Robotics Solutions, otra empresa inhabilitada, propiedad del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.
En fin, las cifras dadas a conocer por MCCI revelan que los avances democráticos de los últimos años han resultado incompatibles con la transparencia y la rendición de cuentas y que pese a los alardes que se hacen diariamente desde Palacio Nacional, hasta el momento seguimos perdiendo la batalla contra la corrupción y la impunidad.
