¿Qué es el arbitraje comercial en México y cómo funciona?

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Aunque a veces nos parecen ajenos ciertos conceptos técnicos empleados por los profesionales del derecho, lo cierto es que mucha de la terminología jurídica es también utilizada en nuestro círculo empresarial

LENINN ESCUDERO IRRA*

Aunque a veces nos parecen ajenos ciertos conceptos técnicos empleados por los profesionales del derecho, lo cierto es que mucha de la terminología jurídica es también utilizada en nuestro círculo empresarial, aunque no siempre entendamos a plenitud su sentido. Por ello, me agrada la idea de poner a tu disposición nuestro punto de vista en torno a temas que podrían parecer complejos, pero que, puesto en palabras del lenguaje común resultan más asequibles; ello con el propósito de clarificar algunas dudas que seguramente has tenido y que quizá no han sido despejadas adecuadamente. Hoy pongo a tu disposición algunos comentarios relativos al medio alterno de solución de controversias denominado arbitraje comercial.

Ante un conflicto entre comerciantes, que no únicamente son aquellos que de manera recurrente realizan actos de comercio, sino quienes llevan a cabo incluso una sola operación mercantil, existen maneras canónicas de solucionar los conflictos, cada una mediante la utilización de mecanismos y procedimientos propios; los juicios mercantiles son una de ellas. A la par de esas maneras que son las más utilizadas para solventar legalmente un desacuerdo comercial, existen otras que no sólo siguen distintas reglas, sino que están inspiradas en la búsqueda de objetivos adyacentes a la mera solución del conflicto; tal es el caso del arbitraje comercial, regulado en el Título IV, Libro Quinto, del Código de Comercio (artículos del 1415 al 1480).

Debemos reconocer que lo común en todas las formas de solución de conflictos es que existe una controversia (genuina o aparente) y que frente a ella las partes tienen una idea diferente de cómo debe ser resuelta, pues de lo contrario no se justifica la intervención de un tercero imparcial que dicta la resolución respectiva. Claro está que el conflicto puede ser decidido por las partes mismas o se puede encomendar su solución a un tercero, que bien puede tener la calidad de experto en derecho o en la clase de acto o actos de los que emerge la contienda. En el lenguaje jurídico se denominan formas autocompositivas, a aquellas donde las partes encuentran la solución por sí mismas y formas heterocompositivas a las que precisan de la intervención de una persona ajena a las partes para arribar a una decisión.

La que aquí nos interesa es una de esas formas heterocompositivas de la controversia, entre las cuales el proceso judicial y el arbitraje son las que se usan con mayor frecuencia.

La figura fundamental en el proceso judicial es precisamente el juez, quien es experto en derecho y el encargado de dirigir en mayor o menor medida el procedimiento, siguiendo ciertas reglas inalterables contenidas en una ley o un código, que desemboca en el dictado de una sentencia que generalmente es obligatoria para las partes que litigaron, muchas veces oponible erga omnes –a todo el mundo–, ejecutable sin necesidad de mayor trámite, aunque casi siempre existen instancias ulteriores que revisan lo resuelto en esa primera instancia.

En el arbitraje, el presupuesto necesario es la existencia del pacto arbitral, bajo la forma de cláusula compromisoria o convenio de arbitraje, luego de lo cual se designa a uno o más árbitros bajo un procedimiento consensual, esto es, decidido por las partes o, en su defecto, el previsto por la ley arbitral, quienes no necesariamente son expertos en derecho y se someten en gran medida a las reglas que las partes hayan elegido o diseñado para solventar el procedimiento, el cual concluye con un laudo casi siempre irrecurrible cuya ejecución tiene que ser despachada por la autoridad judicial, previa revisión de algunos aspectos formales, la existencia y validez del acuerdo arbitral, y su reconocimiento.

Ambos mecanismos de solución de controversias pretenden llegar al mismo resultado: la decisión satisfactoria y equitativa del conflicto, pero, según el que se utilice, podrían perderse algunas cualidades y resaltarse otras.

Podríamos afirmar, por ejemplo, que mientras en el proceso judicial se mantiene un alto grado de certeza y seguridad jurídica, se pierde muy a menudo la celeridad y la especialización; en tanto que en el arbitraje, al tiempo que se privilegia la flexibilidad y la decisión experta, se pierde en alguna medida la certeza y la seguridad jurídica por la irrecurribilidad de las resoluciones que se dicten. Por ello, y algunas otras razones de no menos importancia, ni todos los conflictos jurídicos son ideales para ser resueltos mediante el proceso judicial, ni el arbitraje es siempre idóneo para solventar una disputa comercial. Lo importante es elegir el procedimiento ad hoc para asegurarse de obtener lo que buscamos.

El arbitraje privado es uno de los llamados medios alternos de solución de controversias (MASC); es decir, se le percibe como sustitutivo de la jurisdicción estatal, porque ocurre a partir del nombramiento de un tercero imparcial (particular) por las partes en disputa, para que sea éste quien la resuelva, a diferencia del proceso judicial, que sólo puede seguirse ante juzgadores que previamente tienen esa calidad y que, concluido el juicio, no desaparece el órgano jurisdiccional, como sí sucede cuando la labor del tribunal arbitral concluye. Si bien no se trata de una figura jurídica nueva, su repunte, innegablemente novedoso, la hace atractiva, erigiéndose como el instrumento predilecto de muchos para ver resueltos sus conflictos, sobre todo aquellos que revisten una complejidad especial o en los que, por algún motivo, se busca confidencialidad.

Dos de los principales tipos de arbitraje que en México se utilizan son los que se siguen bajo un procedimiento ad hoc y aquellos administrados por una institución arbitral; los primeros se cursan bajo las reglas que los propios contendientes confeccionan para desahogar el proceso arbitral y los segundos adoptan un reglamento arbitral emitido por una institución específica, entre las que destacan la Cámara de Comercio Internacional, la Asociación Americana de Arbitraje, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, el Club Español de Arbitraje y el Centro de Arbitraje de México.

La predilección por el arbitraje en el mundo no sólo la consolida como el principal competidor del proceso en sede judicial, sino que, a decir de algunos, ha superado a éste, sobre todo en lo que hace a controversias revestidas de alta especialidad y que requieren de un mayor tiempo de estudio.

En México, somos pioneros en la inclusión de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en la Constitución Política y las leyes secundarias, y podemos decir que vamos por buen camino en el uso de ellos, pero hace falta confiar más en la justicia privada, tarea que no sólo incumbe a las partes, sino a los abogados de éstas y, particularmente, a los propios árbitros y entidades administradoras de procedimientos arbitrales, quienes deben ofrecer un servicio merecedor de las más altas calificaciones, acorde a los costos que usualmente representa.

*Abogado especialista en derecho de los negocios, litigio civil, mercantil y familiar, con más de 16 años de experiencia en la profesión de abogado. Asimismo, es socio fundador de la firma boutique Escudero Irra & Asociados.