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Economía y Negocios

Inseguridad y corrupción, un golpe de 540 mil mdp a la economía

Por: 22 May 2015

En México, seis de cada 10 empresas han padecido algún hecho delictivo. El tema de la confianza es quizá uno de los más importantes a resarcir por parte del Ejecutivo Federal. ¿Podrá lograrse?


Inseguridad y corrupción, un golpe de 540 mil mdp a la economía
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En México, seis de cada 10 empresas han padecido algún hecho delictivo. El tema de la confianza es quizá uno de los más importantes a resarcir por parte del Ejecutivo Federal. ¿Podrá lograrse?
La retención de dos trabajadores y el saqueo de camiones ocasionaron que la planta distribuidora de Coca Cola Femsa ubicada en Chilpancingo, Guerrero, interrumpiera sus operaciones por 18 días ante el panorama de violencia. De acuerdo con expertos, la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones al interior de las empresas, un hecho que relacionado con la corrupción parece ser su sinónimo, así como un grave golpe al crecimiento económico.
Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), cita los datos del Inegi que dan a conocer el costo de la inseguridad para el país: 200 mil millones de pesos cada año, poco más del 1% del PIB y un monto 62% superior al recorte del gasto público federal de 2015, que es de 124 mil 300 millones de pesos.

“Esta cifra es la afectación que fiscalmente podría ser de los precios del petróleo de 2016. Significa un recurso que se nos está yendo en materia de seguridad y que podríamos aplicar a productividad, a generar nuevas inversiones y empleo, así como a desarrollo regional, mejor educación y más oportunidades para las personas”.

Los números suben si se le adiciona el costo de la corrupción, que representa 341 mil millones de pesos al año, revelan cálculos del Observatorio Económico México ¿Cómo vamos?
El total es de más de 541 mil millones de pesos, costo de corrupción e inseguridad, mismo que podría emplearse en más educación para elevar la calidad de vida de los mexicanos. Los especialistas señalan que el tema de la violencia no se combate con más presupuesto, sino que es una tarea conjunta entre autoridades de todos los niveles, el fortalecimiento de las instituciones y mayor certeza jurídica, entre otros factores.
Por otra parte, la baja de los precios del petróleo y el incremento de los problemas de seguridad harán compleja la toma de decisiones para los inversionistas extranjeros, quienes estiman comprar activos mexicanos de largo plazo, dio a conocer Credit Suisse en un análisis sobre las perspectivas globales de 2015.
Para los entrevistados se trata de un problema centralizado en estados como Guerrero y Michoacán, focos rojos que generan una mala percepción hacia el exterior, por lo cual debe evitarse el contagio a otras entidades.

La geografía sí importa

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, señala que un informe del organismo ubica a Cuernavaca, Acapulco y Chilpancingo como los municipios más peligrosos para vivir, de un total de 223.
Menciona que en el ranking mundial de la violencia homicida el Consejo analiza ciudades de más de 300 mil habitantes, y en los resultados de 2014 sobresale de América Latina, porque concentra un gran número de urbes altamente riesgosas. De un total de 50 metrópolis, 47 están en América, y de ellas, cuatro en Estados Unidos, 43 en Latinoamérica, 19 en Brasil y 10 en México.
“La inseguridad sí tiene un impacto en la actividad económica, por ejemplo, ya vimos la decisión de Femsa de interrumpir sus operaciones en Chilpancingo. A diario sufría robos en sus camiones de distribución. Este tipo de empresas o las tiendas de autoservicio están sometidas al robo por parte de quienes con una máscara de lucha social operan con una estrategia de insurrección en Guerrero.
Buscan destruir, enfrentar y encarar instituciones como el Ejército; pretenden llevar al estado a una situación de ingobernabilidad y anarquía, que afecta más a la economía de la entidad con bloqueos en aeropuerto y autopistas, lo que puede provocar el cierre de más empresas”.
En la opinión de Juan Pablo Castañón, más que de sectores golpeados por la inseguridad se trata de regiones focalizadas que ya han despertado la preocupación de la sociedad en general, y justo ahí es donde la coordinación entre autoridades locales y federales debe agudizarse para hacer frente a la criminalidad.
Entidades como Guerrero y Michoacán han prestado atención de manera particular, de ahí la importancia de evitar un contagio en el resto del país.
“Siempre los indicadores de seguridad región por región dan confianza y certidumbre a las inversiones. México sigue siendo seguro, con indicadores estables en todo el país, sin embargo, debemos cuidar que la inseguridad no se contagie entre las distintas zonas. Los problemas tienen que ser contenidos y atendidos para generar confianza.
“Si en este momento a un empresario le preguntan si va a invertir en Guerrero, él se decidirá por un territorio más seguro y donde sus trabajadores gocen de tranquilidad”, expone.
Otras zonas de alto riesgo son Tamaulipas y Oaxaca, este último por la inestabilidad magisterial; así como ciertos lugares en Chiapas donde hay invasiones en predios privados.

“Son áreas geográficas donde es necesaria la coordinación, la acción en conjunto entre autoridades locales para avanzar en su propia profesionalización y en la capacitación de sus elementos”.

Al respecto, Sergio Díaz, jefe de la Oficina de FTI Consulting en México, firma de asesoría de negocios, coincide en que la ola de inseguridad afecta más a unas zonas que a otras, como Guerrero y Michoacán, y “aunque haya un progreso o avance en materia de seguridad pública, los habitantes tardan en asimilarlo en un lapso de hasta tres años”.
Cerca del 29% de los empresarios y gerentes en el país ha sido víctimas de algún delito (no relacionado con fraude o alguna causa interna) en los últimos dos años, de acuerdo con una encuesta realizada por la firma, es decir, tres de cada 10 han tenido una afectación derivada de la inseguridad pública, con los costos que cada caso implica: retiro de inversiones, cierres de negocios, débil movimiento comercial y zozobra.

Robo, el más frecuente

Rosa María Navarro, vicepresidenta nacional de Seguridad de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dice que son cinco los delitos más frecuentes contra las empresas: robo hormiga, robo en carreteras, extorsión, secuestro y robo de nómina.
En ese sentido, abunda que los industriales ya no se sienten seguros ni de emitir una denuncia ante un evento violento, por ejemplo, robo de mercancía en alguna carretera del país, donde grupos delictivos hurtan hasta maquinaria completa, o bien los productos que comercializa la empresa.

“Toda la investigación de encontrar a los culpables es un costo extra para el industrial, y de esa manera se ven en la necesidad de incrementar sus medidas de seguridad”.

Comenta que en Canacintra, la cual agrupa 82 delegaciones y 14 sectores industriales, el tema de la inseguridad es uno de los prioritarios en su agenda, ya que distintos rubros son los más afectados, como autopartes, automotriz, medicamentos, alimenticios (refrescos y botanas) y construcción, entre otros.
Navarro Álvarez afirma que ello se explica porque la criminalidad observa que la producción de estos sectores son blanco fácil para el robo y su comercialización en el mercado informal, donde se vende a un precio muy bajo.
De hecho, México es considerado por el Banco Mundial un territorio de alto riesgo en materia de robos en transporte de carga.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal indica que tan sólo en 2013 hubo un aumento de 38% de los robos a transporte de carga, es decir, se registraron en total 4,200 robos, 18% con violencia. El modus operandi es secuestrar a los conductores de las unidades de transporte, sustraer la mercancía o en algunos casos el tráiler completo.
“La ruta México-Puebla-Veracruz es conocida por los transportistas y conductores como el ‘Triángulo de las Bermudas’, debido al gran número de camiones desaparecidos, aparte de robos y secuestros, muchos sin denunciar.
“Como carreteras más peligrosas del país para el transporte de carga por robos, violencia y secuestros figuran las de la ‘Rivereña’, que conectan a Reynosa con Laredo, Monterrey-Tampico, Matamoros-San Fernando, Monte-Ciudad Victoria, y la de Hidalgo-Tampico”, señala el consejo en su portal.

Microempresarios con afectaciones mayores

El Inegi revela en sus estadísticas que las unidades económicas registran pérdidas anuales por 75 mil millones de pesos a causa de la inseguridad, es decir, por ilícitos como robo de mercancías, asaltos y extorsión.
Dentro de ese universo las Pymes son quienes reciben los perores impactos, debido a que su capacidad de respuesta es menor en comparación con un gran corporativo, señala Sergio Díaz, de FTI Consulting México.
“Las grandes empresas soportan o manejan mejor las afectaciones derivadas de la inseguridad. Su capacidad de reacción es amplia porque aplican planes de contingencia y tienen recursos para hacerlo. El reto es para las Pymes, cuyos recursos son más limitados”.
El experto menciona que entre 3 y 6% de lo que gastan las empresas cada año se destina al rubro de la seguridad, pero en empresas pequeñas la cifra puede subir a 10%, ello para comprar equipo y personal de seguridad privada. “Lo relevante aquí es que las empresas han incrementado entre 40 y 50% su gasto en esquemas de protección en los últimos cinco años. Están actuando”.
Cerca de 30 mil tienditas cerraron a causa de la inseguridad y de la reforma fiscal, lo que equivale a una pérdida de 56 mil fuentes de trabajo, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
Rosa María Navarro comenta que los microempresarios están en desventaja, porque sufren a diario el cobro de derecho de piso, una extorsión de miles de pesos que al no poder cubrir en dado momento se ven en la necesidad de cancelar sus operaciones.
La también presidenta de la asociación civil Ya basta de inseguridad, platica que una de las acciones a impulsar por la Canacintra es el programa Industriales unidos por México, en el cual se estrecha la colaboración con los mandos locales y atiende solicitudes de apoyo a las víctimas de algún ilícito.
“En lo que va del año hemos recibido 50 denuncias a través de los comisionados, quienes son los intermediarios entre el industrial que ya fue víctima de algún delito y las autoridades estatales. En el programa deseamos hacer un directorio nacional para dar una atención expedita.
“La seguridad debe ser atendida por la autoridad local en coordinación con autoridades federales para contener cualquier manifestación de violencia y que no se afecten los derechos de los terceros. Nos preocuparía que esto pudiera extenderse y contaminar a otras regiones del país. Nos interesa que se dé certeza y confianza para generar progreso”, asegura Juan Pablo Castañón.

Eficientar gasto en seguridad

Tan sólo de 2001 a 2013 el gasto federal en seguridad aumentó 200%, sin los resultados esperados, de acuerdo con información de Ethos, laboratorio de ideas (Think Tank). Ello significa que existe una opacidad en el uso de recursos en dicha materia.
“Además, en las mediciones no se toma en cuenta que la cifra negra, es decir, la cantidad de delitos que no están registrados en la estadística oficial, ha crecido. En 2004 era de 88% y en 2013 de 93.8 por ciento”, asegura José Luis Chicoma, director general de la firma y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard.
El estudio reveló que el gasto en dicha materia se ha disparado por múltiples factores, como la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además de que el monto que el Gobierno Federal destinó a seguridad representa 1.5% del PIB, así ocupa un lugar prioritario, por encima de temas como salud, ciencia y tecnología.

“La eficiencia del gasto depende de muchas variables, como una adecuada asignación y que los sistemas de evaluación y desempeño estén funcionado como es debido”.

A decir del especialista, para obtener buenos resultados en materia de seguridad pública, la tarea debe centrarse en mejorar la procuración de justicia y la cultura de la prevención, porque la incidencia delictiva ha evolucionado; además de endurecer la transparencia, para saber el destino de los recursos y con ello abatir los niveles de corrupción.

Más que palabras, acciones

Juan Pablo Castañón asegura que México ya ha demostrado contar con la capacidad de lograr acuerdos y leyes como plataforma de desarrollo, ahora el reto es ante la opinión pública mundial de que el Estado de derecho prevalece y con ello seguridad y certeza jurídica para las inversiones.
“Hay un gran interés en México en este momento. Hace unas semanas estuve en Francia, y sí les preocupa el Estado de derecho y la solución de los problemas de inseguridad. Pero 90% de mis conversaciones como dirigente empresarial fueron acerca de las oportunidades de desarrollo y crecimiento, generación de talento a través del sistema educativo. Esto lo tenemos que reforzar con certeza jurídica y el fortalecimiento de las instituciones”.
Sergio Díaz explica que las empresas deben mantenerse informadas sobre su entorno para tomar las medidas necesarias. De hecho, ya distintos corporativos han modificado horarios, han cambiado rutas de transporte y han incrementado la seguridad en puntos de acceso con medidas concretas.
“México podría basarse en experiencias internacionales con buenos resultados, como Brasil y Colombia, países que han fortalecido sus instituciones, como la policía nacional, los cuerpos especializados en seguridad y el sistema judicial; además, crearon una cultura preventiva.
“Lo recomendable es crear una fuerza común, como ya se demostró en Nuevo León en 2011, cuando los empresarios alzaron la voz y en ese medida se coordinaron con las autoridades para abatir la inseguridad que los golpeaba”.
Así la Iniciativa Privada demanda un panorama de certeza, en especial con el interés de distintos inversionistas tras el logro de reformas estructurales como la energética. Aseguran que el fortalecimiento de las instituciones es la punta de lanza para proyectar un México más seguro y con futuro.

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