Proceso independentista catalán, percepción y legalidad

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Estas son algunas de las consideraciones legales, en torno al conflicto de Cataluña, por los especialistas Ángel Domínguez y Juan Francisco Torres

Ángel Domínguez de Pedro
Juan Francisco Torres Landa Ruffo

Si revisamos el panorama político y social de la gran mayoría de los países de Hispanoamérica, parece claro que un Estado de Derecho, moderno, integrador y garantista, como el conseguido por España, sería un sueño hecho realidad.

Es por ello que, conociendo las virtudes y logros del sistema constitucional y democrático español, a la distancia, resulte difícil entender la existencia de un movimiento independentista en Cataluña y su crecimiento durante los últimos años.

Conviene destacar que el sistema político español presenta una complejidad de territorios e identidades similar al de otros países democráticos europeos como Bélgica, el Reino Unido y, en menor intensidad, Suiza e Italia.

Sin embargo, lo que sin duda diferencia al sistema político español de otros países democráticos con una integración similar, es que la Constitución española de 1978 en su artículo 2º, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Así las cosas, a partir de la Constitución de 1978 y como resultado de los pactos autonómicos, cada una de las Comunidades Autónomas de España cuenta con un estatuto de autonomía.

Cataluña tiene autonomía y autogobierno

Cataluña no es la excepción y, por el contrario, puede afirmarse que hoy día disfruta de un altísimo nivel de autonomía y, por tanto, de autogobierno.

Para darnos una idea, Cataluña tiene más atribuciones que casi cualquier otra región de la Unión Europea, incluyendo: protección y regulación de su lengua y cultura, derecho civil, educación, medios de comunicación, policía, patrimonio histórico, turismo y transporte.

De igual forma, Cataluña tiene también su propia Hacienda; si bien el gobierno central de España controla gran parte de los ingresos tributarios y el sistema de pensiones en beneficio del conjunto de las comunidades autónomas.

Habiendo dicho lo anterior, cabe preguntarse qué razones pueden legitimar el movimiento independentista existente en Cataluña y cómo es posible que éste haya tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. La respuesta a la primera pregunta es simple: ninguna.

El proceso independentista catalán transgrede claramente las anteriores premisas constitucionales al ignorar los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y, por supuesto, del resto de ciudadanos españoles, violentando unilateralmente la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña y atacando la integridad territorial y soberanía de España.

Consecuencias

De esta forma, la vulneración de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en los términos expuestos resultó, como no podía ser de otra forma, en que las acciones de las autoridades responsables han sido sancionadas en la reciente sentencia del Tribunal Supremo con penas que van desde multas e inhabilitación especial por delito de desobediencia, hasta prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

¿Cuál es ahora la estrategia del independentismo catalán? Simple: pretender atribuir a las personas sancionadas el carácter de presos políticos. Sin embargo, lo único cierto es que los condenados fueron juzgados por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal español y con todas las garantías inherentes y disponibles en el ordenamiento jurídico del país.

Encontrar una solución a este conflicto se antoja complicado, sobre todo si se considera las consecuencias políticas y sociales del movimiento secesionista catalán recién sancionado: más división, distanciamiento y enfrentamientos violentos contra las autoridades e instituciones sin precedente en Cataluña.