Pemex; prevención, pero también mantenimiento

En su plan de 2024-2030, Petróleos Mexicanos se ha planteado 14 metas y acciones, interesantes todas y con una visión diferente, sólo por mencionar algunas, los nuevos modelos de negocio en litio, cogeneración, energía eólica y biocombustibles; aprovechamiento del 100% del gas natural, por mencionar algunas que merecen un análisis aparte, además del regreso de Pemex a Empresa Pública del Estado.

Entre las metas planteadas, se encuentra implementar una política de prevención y cero accidentes, sin duda una meta plausible, pero que probablemente en la sintetización de la meta en una oración resulta insuficiente. Las explosiones, derrames e incendios en Pemex se incrementaron en la pasada administración, pero el problema no necesariamente es prevención, considerando que, por su alto riesgo, se siguen protocolos de seguridad rigurosos que reducen el riesgo de negligencias y permiten identificar, en su caso, las responsabilidades de fallas en cada parte del proceso.

¿Entonces qué es lo que sucede? El problema es mantenimiento. El presupuesto para ello se vio reducido en el sexenio pasado y los accidentes se han incrementado.

De manera interna, trascendió que Pemex Exploración y Producción presentó un plan para reducir gastos al cierre de 2024, que considera 10 acciones, entre las que se encuentran priorizar el mantenimiento acorde con el nivel de actividad que se difiere; considerar el saneamiento y restauración sólo en eventos imprevistos; diferir los mantenimientos de peras (localización de pozos petroleros) y caminos. Habría que ver los criterios para priorizar, para identificar eventos imprevistos, y para diferir pero, sobre todo, si esto va a seguir por el resto de la administración.

Sin duda en el plan general se percibe una intervención del más alto nivel -léase las secretarías de Hacienda y Energía-, con miras a sanear las finanzas de Pemex, modernizar la empresa y hacerla eficiente. Ojalá esto no implique hacerlo a costa del mantenimiento de las instalaciones, de lo que depende en buena medida su seguridad y de los que ahí laboran.

La encrucijada electoral en Estados Unidos

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se encuentran en un punto de inflexión significativo. A medida que nos acercamos al martes 5 de noviembre, es fundamental analizar no sólo a los candidatos, sino también el contexto sociopolítico que los rodea.

La actual contienda electoral refleja una nación dividida, con un electorado que se encuentra en constante tensión ante cuestiones que afectan su día a día. La economía, la atención médica, el cambio climático y la justicia social son sólo algunas de las preocupaciones que los votantes llevan consigo a las urnas. Sin embargo, lo que debería ser un debate constructivo se ha visto empañado por la retórica divisiva y la desinformación que pulula en las plataformas digitales.

Los primarios han comenzado a desenmascarar no sólo a los candidatos, sino también las ideologías que pretenden representar. Por un lado, los candidatos demócratas intentan consolidar una base unida que pueda abordar las preocupaciones contemporáneas, mientras que los republicanos luchan por mantenerse fieles a una base cada vez más conservadora y nacionalista. Este fenómeno ha creado un espacio en el que los votantes indecisos se sienten atrapados, escépticos de las soluciones que se les ofrecen.

Además, la participación activa de las comunidades en los movimientos sociales ha cambiado las reglas del juego. Jóvenes y minorías han comenzado a tomar un papel protagónico, demandando no sólo su representación, sino también un cambio real en las políticas públicas. Esta nueva generación de votantes es consciente de que su voz puede ser el factor decisivo en esta elección, lo que hace más necesario que nunca que los candidatos aborden sus inquietudes con seriedad y compromiso, cosa difícil de esperar de parte del candidato republicano.

Por lo pronto, salta a la vista el apoyo polarizante que ha recibido Kamala Harris entre la población hispana. Hecho sin precedente a solo tres semanas del día “D”.

Peleas por terrenos; inmuebles sin escrituras

En 2023, 60% de las ventas de inmuebles en México se llevaron a cabo de manera informal, es decir, no se realizan mediante una escritura pública y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. De estas ventas informales, 80% ocurrieron en segmentos de bajos ingresos, de acuerdo a datos de Propiedades.com, el portal inmobiliario abierto, gratuito y con datos de nuestro país.

Se trata de un mercado inmobiliario inseguro, compuesto en su mayor parte por propiedades que ya desde su origen tienen problemas de escrituración, intestados, con adeudos de predial, sin créditos hipotecarios, con riesgos de caer en litigio, impago, ser objeto de fraude o las clásicas disputas familiares por “los terrenos”.

En Estados Unidos, 97% de los interesados en comprar vivienda utilizan internet para buscar inmuebles y sólo el 10% de las ventas se realizan fuera de los portales en línea. Por el contrario, en México, apenas el 30% de los inmuebles en venta están disponibles en una plataforma digital. Obviamente, para ofertarse en estas plataformas las propiedades deben tener sus papeles en regla. A cambio, propietarios e interesados tienen ventajas como precios atractivos, mayores opciones de compra y financiamiento, así como altos estándares de seguridad en los procesos de compra-venta.

“La formalización del mercado de los bienes raíces favorece la inclusión inmobiliaria al fomentar el acceso de grupos subrepresentados en los mercados formales, algo similar a lo que sucede con la inclusión financiera. Las herramientas digitales en el mercado inmobiliario son el primer paso para transparentar el mercado y promover la confianza al crear un ecosistema rastreable que genere crecimiento sostenido, parecido a la bancarización”, comentó Juan David Vargas, general manager Propiedades.com.

Descarado conflicto de interés entre legisladores

Sería muy buena idea preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum si piensa enviar alguna iniciativa de ley al Congreso para regular que los legisladores no puedan beneficiarse con contratos gubernamentales, como ocurre en el caso del diputado local en Coahuila, Antonio Flores, quien durante el sexenio pasado lucró con distintos contratos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad.

El miércoles la jefa del Ejecutivo lejos de manifestarse de manera contundente frente a un asunto éticamente injustificable, tibiamente expresó “su opinión” y, sin comprometerse a tomar la iniciativa en una de las banderas que enarbola la Cuarta Transformación como es la corrupción que es prima hermana del conflicto de interés, señaló que “si no esta legislado pues hay que ver cómo se legisla, porque no es correcto”.

El caso de Antonio Flores no es el único y por supuesto no será el último en el que diputados federales y locales así como senadores se valgan de sus cargos para que, ya sea asociados con empresas, a través de prestanombres o, como en este caso, descaradamente actuando como empresarios no sólo participen en licitaciones o reciban en adjudicaciones directas jugosos contratos que cabildearon antes haciendo uso de sus privilegios.

Entre los casos emblemáticos se encuentra uno de los cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, hablamos del líder de la llamada Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), hoy diputado por Morena, Pedro Haces quien en su momento fue denunciado por realizar contratos irregulares por 500 millones de pesos con Javier Duarte en Veracruz y con Roberto Borge en Quintana Roo.

Pero la raíz del mal no sólo se encuentra entre los militantes del partido oficial. La excandidata a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez, reconoció que sus empresas habían recibido contratos de gobiernos pero que estos eran legales y, cómo si esto fuera una justificación válida, pagaban impuestos.

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