No hubo sorpresas. En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena y sus aliados le dieron gusto a la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobándole un primer presupuesto en donde a la seguridad y la salud, dos de los problemas más apremiantes de la ciudadanía, quedaron rezagados a un segundo término en materia de asignaciones, frente a la cascada desbordante de recursos para los llamados programas sociales con los cuales el partido oficial ha coptado al grueso de su base electoral.
Sí hubo reasignación de recursos, pero no se le restringió el capital a las obras de infraestructura propuestas por la mandataria. Como era de esperarse, los grandes sacrificados fueron el desfalleciente Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE) al que se le asignaron recursos insuficientes para la organización de la inédita elección de jueces y magistrados, en el proceso más grande de la historia de nuestro país.
El INE, que en múltiples ocasiones llamó a los legisladores a la cordura, queda así en una posición más que comprometida. Se trata de un proceso en el que no precisamente ha reinado la transparencia y el orden y en el que, desde ya, se han presentado conflictos frente a una fragilidad normativa en la selección de los aspirantes.
La cantidad asignada (menos de 5 mil millones de pesos) impedirá al órgano electoral ofrecer una certeza entre otras cosas en la secrecía del voto o la factibilidad de emitir los sufragios en casillas cercanas a los domicilios de los votantes, frente a un proceso que en muchos sentidos ofrece características muy diferentes a las que se presentaron en las elecciones de junio pasado: de entrada se eligen 232 posiciones más. Adicionalmente le corresponderán seis boletas boletas contra tres de las elecciones legislativas y presidenciales pasadas.
Resulta paradójico que, siendo Morena y sus aliados quienes promovieron una reforma al Poder Judicial de la Federación, no hayan asignado un presupuesto apropiado para su correcta renovación. Hay una lógica perversa en el que los errores que se presenten durante el proceso irán directamente a la cuenta del INE, mientras que los aciertos, que difícilmente los habrá, servirán para el ya característico autoelogio por parte del partido oficial.
De ocurrir lo primero, Morena y sus aliados ya tendrán una excusa más para justificar la reforma constitucional en materia electoral que Sheinbaum contempla enviar el próximo año al Congreso y que plantea consolidar a una nueva clase política. Para esto el INE habrá de ser reacondicionado a modo; a costa de la erradicación de los institutos y órganos electorales locales. De mantenerse la idea original del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también el INE perdería el control del padrón.
Lejos del ideal democratizador, la apuesta es por controlar al réferi y a las instituciones electorales para garantizar la construcción de varios pisos más de la Cuarta Transformación.
Sumándose al Acuerdo Nacional por el Agua
El pasado 2 de diciembre, se firmó el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y Sustentabilidad, o más conocido como Acuerdo Nacional por el Agua, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y en el que participaron representantes del sector industrial, agropecuario, gobiernos estatales, autoridades locales del agua e instituciones académicas, con compromisos específicos, aportación voluntaria de volúmenes de agua por parte de industrias y distritos de riego.
De dicho acuerdo destaca el anuncio de que distritos y unidades de riego cedieron voluntariamente a la nación 2, 800 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a tres años completos de consumo para la Ciudad de México; mientras que el sector industrial se comprometió a devolver voluntariamente 126 millones de metros cúbicos, así como a realizar inversiones por más de 21 mil millones de pesos, para el uso eficiente, trata y reúso del agua en sus procesos productivos, y también en obras de carácter comunitario, todo ello de manera específica.
Lo pactado es relevante, considerando que, en promedio, el 76% del consumo de agua corresponde al sector agrícola, 9 % a la generación de energía y 15 % al uso público y urbano. Asimismo, gobiernos estatales y municipales se comprometen a desarrollar proyectos de infraestructura en el marco del Plan Nacional Hídrico y mejorar los niveles de eficiencia en la operación; a la ciudadanía en el ahorro diario del agua y participar en actividades comunitarias de conservación, concientización y colaboración con las autoridades.
En el ámbito académico, se encuentran involucradas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Polítécnico Nacional (IPN), y la Universidad Autónoma Chapingo, las cuales participan en la planeación de programas de tratamiento y reúso de agua, así como el seguimiento y evaluación del acuerdo.
Es en este último sector en el que el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), que preside Mauricio Jessurun, se ha sumado al Acuerdo Nacional por el Agua, con tres compromisos iniciales: contribuir en soluciones basadas en la naturaleza, aportaciones al marco legal -particularmente a la Ley General del Agua-, y al programa hídrico. Ya en esta semana el Colegio y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han sostenido encuentros para afinar detalles de colaboración, pues el Comité Técnico del Agua del Colegio reúne a los mejores expertos del tema.
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