Política
Política de ocurrencias disuelve oportunidades
La responsabilidad de cualquier gobierno es tomar decisiones razonables, con las mejores prácticas internacionales y asesoradas por expertos Juan Francisco Torres Landa, socio director en […]

La responsabilidad de cualquier gobierno es tomar decisiones razonables, con las mejores prácticas internacionales y asesoradas por expertos
Juan Francisco Torres Landa, socio director en México y líder de la práctica de Latinoamérica del despacho jurídico Internacional Hogan Lovells, considera que la responsabilidad principal de cualquier gobierno es tomar decisiones razonables, con las mejores prácticas internacionales y asesoradas por expertos en las materias pertinentes.
“No podemos seguir como país expuestos a que haya una persona que a base de ocurrencias decida qué hacer con el presupuesto. Que defina si las inversiones se llevan a cabo o no o incluso cómo impartir justicia”.
Sin embargo, pregunta retóricamente, ¿de qué manera se pueden tomar decisiones de Estado con instituciones sin fuerza, carentes de contrapesos visibles y sin una pluralidad y capacidad de realizar acuerdos que tengan un peso nacional?
Torres Landa no duda en calificar las acciones del gobierno como “comprar juguetes caros e inservibles” que no tienen rentabilidad económica, y agrega:
“Un hoyo negro al infinito en cuanto al número de recursos que pueden seguir absorbiendo y que no permitirán sortear una crisis del tamaño que se viene y que ya se percibe en muchos sectores económicos”.
¿Existe objetividad en los proyectos?
Para ejemplo citó los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, que define como decisiones no racionales o que permitan enfrentar los enormes retos que vienen.
“Otra muestra es Pemex. Perdemos mucho dinero como mexicanos ante el capricho de resurgir a una petrolera con niveles de hace décadas, cuando tendría que ser una empresa productiva del Estado con una fisonomía distinta, de avanzada”.
Finalmente, señaló que “no podemos seguir como país expuestos a que haya una persona que a base de ocurrencias decida qué hacer con el presupuesto. Que defina si las inversiones se llevan a cabo o no, o incluso cómo impartir justicia”.