Con un rosario de buenos deseos, pero muy pocos compromisos, terminó el fin de semana la Conferencia de las Partes o COP 27, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Sharm el-Sheij, Egipto.
Si algo quedó de manifiesto fue que la brecha entre las metas plasmadas tras cada una de las cumbres que se han efectuado y la realidad, se ha incrementado de tal manera que, de continuar así, la viabilidad de la vida como la conocemos se empezaría a encontrar en un peligro muy serio.
Ciertamente hubo avances, de eso no cabe la menor duda, quizá los más importantes fueron la creación de un fondo para financiamiento por “pérdidas y daños” para los países vulnerables afectados por los cambios climáticos, y la determinación de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados por arriba de los estándares preindustriales, pero también hubo otros, tal vez de menor calado, como el reconocimiento, tras la invasión de Rusia a Ucrania, de que el factor geopolítico ha sido determinante, en particular en lo que se refiere a la descarbonización de la economía.
El regreso de Inacio “Lula” da Silva a la presidencia de Brasil también sumó un toque de esperanza al encuentro dada su visión sobre el futuro de la Amazonia.
A lo largo de los años, más que los gobiernos, quienes han impuesto sus criterios sobre la agenda climática han sido las empresas, pues bien, ahora éstas deberán garantizar efectivamente que sus planes se ponen en práctica para reducir las emisiones poniendo fin al llamado “lavado verde”.
Hubo más de una decepción, como el hecho que la conferencia evadiera enfrentar directamente las causas que provocan el cambio climático, entre las que destaca el uso de combustibles fósiles. Varias naciones, entre ellas China y Arabia Saudita, bloquearon incluso una propuesta para eliminarlos en el corto plazo dejando sólo en el papel al carbón.
Paralelamente se evitó hablar de los subsidios a los combustibles fósiles provenientes de los gobiernos, algo de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría mucho de que hablar.
Por cierto, la delegación mexicana hizo muchas promesas que en principio suenan bien pero que se antojan difíciles de cumplir con las tácticas planteadas.
Destaca la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030 con una inversión de 48 mil millones de dólares y estrategias como el programa “Sembrando Vida”, cuyos resultados nunca han sido auditados por una entidad independiente por lo que se encuentran en duda, y el Tren Maya que hasta el momento sólo ha contribuido a la deforestación del sureste del país.
Larrea en la mira de AMLO
Quedan tres postores por Banamex: la del grupo encabezado por Germán Larrea, el de Daniel Becker y, el de Carlos Slim, de quien se dice que se podría sumar a uno de los otros.
El grupo de Larrea se ve como el favorito, incluso se decía que al retirar su participación en las obras del Tren Maya, tendría el apoyo del gobierno federal para adquirir la banca al menudeo de CitiGroup en nuestro país.
Se decía, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a enviar señales en contra de quien encabeza Grupo México, las cuales podrían impactar en la decisión que se tome en CitiGroup.
Este lunes, el diario Reforma informó en primera plana que el consorcio integrado por Grupo México y Acciona Infraestructura, presentaron dos demandas contra el gobierno federal, en particular Fonatur, por la terminación anticipada de la terminación del Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum.
Ese día, López Obrador arremetió contra Grupo México y su dueño, Germán Larrea, acusando que incurrieron en incumplimiento, de asociarse con Reforma para hacer una campaña en su contra. De paso, recordó de fue beneficiado en el sexenio de Ernesto Zedillo al recibir concesiones de ferrocarriles y la de la mina de Cananea en la administración de Carlos Salinas y, claro, de estar entre los hombres más ricos del país.
Indignado, el presidente dijo que ahora se enteraba que habían presentado denuncias, siendo que le había mandado decir a Larrea con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se hiciera una negociación, y que el empresario estuvo de acuerdo en que se hiciera un dictamen de parte de los ingenieros militares.
Ante ello, Grupo México emitió un comunicado precisando que no incurrió en incumplimiento y que terminó el contrato anticipadamente ante la imposibilidad de concluir el tramo en 11 meses.
El consorcio precisó que las actuaciones realizadas son parte del procedimiento legal y administrativo establecido con base al requerimiento de Fonatur, de buena fe y estando informados los funcionarios involucrados con el proyecto.
En cuanto al finiquito, reiteró en que se derive del análisis y conciliación con los ingenieros militares.
Pero no es todo. Ya en su mañanera del 10 de noviembre, López Obrador habló de la entrega de bienes de la nación en el sexenio de Salinas, señalando como responsables al entonces presidente, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, quien ha sido mencionado como asesor de Larrea para la compra de Banamex.
El presidente remató diciendo que se enojó al enterarse que un funcionario de Conagua en esta administración, hizo concesiones en la mina de Cananea y se fue a trabajar a Grupo México, el cual también desmintió haber recibido concesiones de agua en este sexenio.
¿Qué tanto han pesado o pesarán las condiciones de López Obrador sobre la venta de Banamex en lo que decida CitiGroup? ¿Incidirán las acusaciones contra Grupo México, Larrea en lo que determine el banco neoyorquino? ¿Le arruinará López Obrador a Germán Larrea hacerse de Banamex? ¿Por qué en este mes se acordó el presidente de todos los “agravios” de Grupo México y no antes? Con sus dichos, ¿el presidente estará beneficiando a alguno de los postores por Banamex?