La recepción a los mexicanos en el extranjero es muy buena, en general, o así había sido durante muchos años, pese a la mala reputación que guarda el país y a los cientos de historias que se publican respecto a las malas experiencias de turistas en México.
Pese a que los destinos turísticos, típicamente las playas y ahora la Ciudad de México, aparecen situados en buenos niveles en las listas de los mejores para visitar, y que durante la pandemia miles de nómadas digitales decidieron emigrar a nuestro país, por su oferta, sus precios, su gente y todos sus atractivos, los niveles de inseguridad y las alertas emitidas por otros países son preocupantes.
Sin embargo, el gobierno actual no lo ha dimensionado así, pues ni la diplomacia pública se ha dedicado a ello, ni nuestro presidente ha reparado en cuidar la imagen del país en el exterior o atender los temas de inseguridad y violencia que ocupan las primeras planas de todos los periódicos del mundo cada vez que se refieren a nosotros.
Prueba de ello es que desde el inicio de su mandato determinó cerrar la oficina de Marca País, que usualmente coordinaba esfuerzos desde la Presidencia de la República. Los esfuerzos por promover nuestro arte y a nuestros artistas, nuestra oferta turística e incluso los efectivos para resguardar el orden y la paz en las playas han sido retirados o, en los mejores casos, solamente disminuidos.
Así como la fama o la reputación, toma muchos años ganarlos y poco tiempo perderlos. México se merece un lugar privilegiado en el mundo y así lo ha conseguido, pero estar boletinado como un destino peligroso, como en algunos casos considera el gobierno de Estados Unidos, es vergonzoso y peligroso para la atracción de turistas, divisas y prestigio.
Extraño cuando la gente sonreía al saber que era mexicano, o hacían una referencia a Agustín Lara, a Frida Khalo, hasta a Chespirito. Hoy, tuercen la boca y dicen el “Chapo”. Una desgracia.
La Suprema Corte de Justicia a la defensa de la democracia
Los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas se encuentran en riesgo y esto no es una exageración. La decisión unánime por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), incluyendo los consejeros vinculados al partido oficial, es un llamado de alerta sobre los peligros que entraña la iniciativa presidencial, mejor conocida como Plan B, que bajo el señalamiento de que tenemos una de las democracias más caras del mundo, busca adelgazar el presupuesto del árbitro restándole fuerza a escasos meses de que tengan lugar procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, así como elecciones generales en el 2024.
El INE, a través de sus consejeros, dejo en claro que no se va a quedar cruzado de brazos frente a los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador, por debilitar al órgano electoral, por lo que ya adelantó que echará mano a todos los recursos legales, incluidas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que así se convertirá en el fiel de la balanza de una polémica desatada en Palacio Nacional desde donde se atiza un fuego que pretende consumir a un organismo avalado no solo por la ciudadanía, sino con un amplio reconocimiento por parte de la comunidad internacional.
De esta manera el futuro político del país habrá de recaer en un poder que ha sido constantemente denostado por el presidente de la República y que desde hace apenas unas semanas encabeza Norma Lucía Piña, una jueza formada en el ámbito judicial de quien no hay duda encauzará un proceso transparente en el que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hará valer en toda su extensión, más allá del ruido político que ha enrarecido el ambiente en los últimos meses.
A groso modo, lo que busca la iniciativa del mandatario es: eliminar personal especializado en materia electoral; adelantar la salida del secretario ejecutivo del INE; eliminar de plano a la Junta General Ejecutiva (quien determina el manejo de recursos); prohibir la suspensión en el registro de candidatos por faltas administrativas, pese a ocultar gastos de precampaña o rebasar los topes; mantener el doble financiamiento a partidos y; reducir el número de juntas distritales de 300 a 260.
El debilitamiento del INE favorece sin duda a los candidatos del partido en el poder, quienes respaldados por todo el aparato del Estado se encontraran en clara ventaja frente a sus rivales más allá de sus diferencia políticas.
Existe una legítima preocupación entre la ciudadanía por las iniciativas impulsadas desde el Ejecutivo, ya que en los hechos obran como decretos, y es que una vez que llegan al Legislativo estas son aprobadas en automático por la mayoría “morenista”.
Por está razón diferentes organizaciones de la sociedad civil están convocando a una nueva marcha en el Zócalo el 26 de febrero para defender la democracia y al INE, uno de los lemas ahora será “mi voto no se toca”. Con la previsibilidad que lo caracteriza, López Obrador también convocó a su propia marcha poco más de dos semanas después, dijo que para celebrar la expropiación petrolera, pero el chiste se cuenta solo.
Son tiempos de cambio, en los que una clase media aletargada por los golpes esgrimidos desde el gobierno, la crisis económica y los efectos de la pandemia, empieza a despertar. Surge desde la ciudadanía un movimiento que para empezar no va a permitir que se vulneren sus derechos democráticos y eso en estos momentos lo puede ser todo.
Raquel Buenrostro, ¿la solución a los problemas?
En las siguientes semanas, a su fama de dura y leal, Raquel Buenrostro podría sumar los de eficiente y eficaz a grados de funcionaria “todo terreno”.
La secretaria de Economía dio a conocer los cuatro bloques de soluciones a las inconformidades de Estados Unidos y Canadá a la política energética de nuestro país en el marco del T-MEC. Aparentemente son tan sencillas, que causa extrañeza que ninguna de ellas se le hayan ocurrido a todo el equipo que se removió de la dependencia, empezando por la titular, entonces Tatiana Clouthier.
Dos consisten en aclaraciones: que la Ley de Industria Eléctrica (LIE) de 2021 y la obligatoriedad de la compra de gas a Pemex y CFE se encuentran suspendidas por juicios de amparo, por lo que en el caso de la primera continúa aplicando la de 2014 y en la segunda se analizan soluciones con las contrapartes.
De los permisos para proyectos energéticos, resulta que hubo un rezago atribuido a la pandemia, pero hay el compromiso de acelerarlos y, por último, se trabaja con Estados Unidos sobre una propuesta para que Pemex produzca diesel bajo en azufre.
A lo anterior se han sumado otros proyectos de inversión que se espera endulcen los oídos de inversionistas y suavicen las posturas de funcionarios comerciales norteamericanos, como las licitaciones para los polos de inversión del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y otros que se han ido dando.
Todo suena demasiado bueno para ser cierto. Resulta que dos de las principales quejas están prácticamente “resueltas” por juicios de amparo en curso; mientras que encontraron en la pandemia la explicación del rezago burocrático de cuatro años. Explicaciones que hubieran sido satisfactorias hace mucho tiempo, sin necesidad de consultas y expectativas de un panel.
Falta ver qué dicen las contrapartes de Buenrostro, Katherine Tai y Mary Ng, de EEUU y Canadá respectivamente, pero sí los bloques de soluciones resultan, la secretaria de Economía se colocaría por mucho como de los mejores elementos del gabinete, de esos a los que recurre el presidente para resolverle lo que se le ocurra, aunque no sea de su competencia.
De no ser así, se confirmaría que lo que presentó a nuestros socios sólo fueron distractores para ganar tiempo y retrasar los paneles, confirmando su lealtad a prueba a lo que instruya su jefe.
