Los hechos se presentaron mientras Samuel García, el gobernador de Nuevo León venido a menos, se encontraba de vacaciones en Turquía al lado de su familia. Fue el resto de lo que quedaba de un balde de agua fría que ha venido recibido desde mayo pasado, cuando se empezó a poner en duda la construcción de la que sería la ensambladora de vehículos eléctricos más grande en el mundo.
El martes, sin dejar lugar para las dudas, Elon Musk dejó en claro que no se colocará un sólo ladrillo de la factoría en tanto no se realicen las elecciones en Estados Unidos, basado en las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los automóviles armados en México en caso de llegar a la presidencia. El razonamiento de Musk tiene sentido: si las cosas van a ser así entonces el negocio no sería viable y lo mejor sería retirarse a tiempo aún con ciertas pérdidas (2 mil 350 millones de pesos en unos predios ubicados en Santa Catarina).
Lo cierto es que hace tiempo que al multimillonario no le ha ido nada bien en el negocio de los automóviles eléctricos. Durante el primer trimestre de este año fueron más los automóviles que Tesla fabricó que los que vendió y así no salen las cuentas. Con su característica frialdad, Musk anunció el despido del 10% de su plantilla laboral a nivel mundial, lo que inmediatamente generó desazón en los mercados, a lo que se sumó una disminución de 9% en los ingresos, el mayor declive en más de una década. No sólo eso, las acciones de la compañía llegaron a devaluarse en 40%.
Así las cosas, la alharaca de Trump le es muy propicia para ganar tiempo en la definición del futuro de su compañía que está siendo avasallada por los fabricantes chinos encabezados por BYD, quienes lenta pero inexorablemente se han ido apoderando del mercado mundial.
El odio hacia las empresas chinas es un común denominador que acerca a Musk y Trump, quienes ven en los asiáticos, que han encontrado en América Latina mano de obra barata y calificada, los potenciales enemigos para los trabajadores estadounidense cuya industria automotriz sigue siendo una de las más importantes a nivel mundial.
Sería un golpe muy severo para Samuel García si Elon Musk terminara por llevarse su inversión a otra región del mundo, incluida la Unión Americana, sobre todo por el ruido mediático que generó el anunció de una inversión de más de 5 mil millones de dólares y 5 mil empleos directos. Su imagen promocionando una camioneta Tesla también se vería no solo mermada sino ridiculizada aunque, siendo honestos, el gobernador tiene hoy otras preocupaciones más graves por las que tiene que responder.
Para la entidad sería una decepción, pero sólo una parte de la inversión que esperan recibir si el país logra reunir las condiciones para la reubicación de empresas extranjeras o nearshoring, de no concentrarlas ese sí que sería un problema muy grave no sólo para Nuevo León sino para el futuro de toda la economía nacional.
Ocho meses tardaron en contestar
En diciembre del año pasado, Latin US y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), dieron a conocer una red de amigos, empresarios y funcionarios que hacían negocios en torno a dos de los hijos del presidente López Obrador, lo que para efectos noticiosos se denominó “El Clan”.
Al primer mandatario le pareció suficiente negar las acusaciones, presumir su autoridad moral, atacar a Carlos Loret, a la ONG y a su presidenta, María Amparo Casar. Ni una investigación por autoridad alguna ante los señalamientos de corrupción, ya no se diga contra los vástagos, sino contra los funcionarios.
Ocho meses después, Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán hacen pública una carta como “derecho de réplica” en La Jornada -no la enviaron a LatinUS ni en MCCI-, en la que se dicen víctimas del acoso y la persecución política que hubo contra AMLO y, en estos ataques en específico, se trata de “supuestos, dichos de terceros, espionaje a terceros, conjeturas, redacción tendenciosa y editorialización de la información”. Obviamente descalificando al medio, la ONG y a todos los actores que les han cuestionado por presuntos actos de corrupción.
Como es previsible, los firmantes de la carta niegan las acusaciones, no conocen a los aludidos y/o no han intercedido por nadie para la obtención de contratos, no están involucrados en nada de la administración pública, fueron objeto de intervenciones telefónicas ilegales y, ya para rematar, le contestan al New York Times que es falso y no existen videos de ellos recibiendo dinero del crimen organizado. Bueno, al famoso Amilcar Olán lo conocen por amigos en común y porque Andy fue compañero de primaria de su esposa. Ni sabían que tenía contratos con gobierno federal o estatales.
Novedad hubiera sido que reconocieran alguno de los señalamientos o se pusieran a disposición para ser investigados. Ocho meses después, con la indagatoria de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de LatinUS y Loret en prolongadas vacaciones, lo mejor que pudieron hacer Andy y Gonzalo fue publicar una carta en La Jornada para decir lo mismo que ha venido diciendo su papá en las mañaneras, con los argumentos comunes de quienes se les acusa de corruptos, no de tontos.
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