Claudia Sheinbaum y el desafío de la violencia

Claudia Sheinbaum ha comenzado su mandato como presidenta de México con una carga de expectativas que, no sólo provienen de su carrera política, sino también del contexto complejo y problemático que enfrenta el país. A tan sólo una semana de haber asumido el poder, la violencia sigue siendo uno de los desafíos más críticos que deberá abordar con urgencia y eficacia.

Desde el primer día, se han evidenciado los anuncios de una postura firme contra la delincuencia organizada, un reto que ha plagado a México durante años y que ha desbordado el sentido de seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, uno de los puntos más debatidos en esta primera semana ha sido la estrategia para abordar el flagelo de la violencia, un tema que ha sido insignia no sólo de los gobiernos anteriores, sino que ha adquirido un giro peculiar en el contexto actual.

Uno de los aspectos que se ha observado es el camino que Sheinbaum ha decidido tomar para abordar este fenómeno. Su enfoque inicial, que ha sido recibido con optimismo por algunos sectores y escepticismo por otros, gira en torno a la creación de programas sociales que buscan atacar las raíces de la violencia al proporcionar oportunidades, educación y bienestar a la población más vulnerable. Sin duda, esta es una estrategia a largo plazo que podría mitigar las causas estructurales de la violencia, pero se ha cuestionado su viabilidad en el corto plazo ante un panorama de violencia alarmante.

El mensaje contundente de hacer frente a la impunidad y al crimen organizado es esencial, pero la implementación de esta agenda requiere un plan de acción claro y medidas de seguridades inmediatas. Durante estos primeros días, diversos medios han informado sobre incidentes violentos en distintas partes del país, y la ciudadanía aguarda respuestas efectivas. La lucha contra la delincuencia no puede esperar, y es imperativo que la nueva administración articule acciones que generen confianza y que demuestren un compromiso real con la seguridad.

La figura de Claudia Sheinbaum es trascendental, no sólo porque es la primera mujer en ocupar la Presidencia en México, sino porque su liderazgo y decisiones pueden crear un precedente importante en la lucha por la justicia. Sin embargo, es crucial que la narrativa de la transformación social no se convierta en una fachada que oculte la urgente necesidad de intervención en materia de seguridad pública.

Además, el papel de la comunidad en este proceso será clave. Junto a la estrategia del gobierno, la participación ciudadana y la inversión en programas comunitarios son esenciales para recuperar la confianza en las instituciones. Los ciudadanos deben verse como agentes de cambio, no sólo como víctimas de una crisis de violencia.

México necesita acciones claras, efectivas y sostenibles que aborden la violencia y la inseguridad que ha afectado a millones. El camino será incierto y lleno de obstáculos, pero la joven administración tiene una oportunidad significativa para transformar la narrativa y, sobre todo, para restaurar la paz y la estabilidad en el país. La esperanza de muchos está depositada en que este no sea otro capítulo más de inacción frente a un problema que ha marcado la historia reciente.

Indignación por el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo

Chilpancingo, Guerrero, se muestra como la piedra de toque para que el naciente gobierno federal exhiba si va en serio la lucha para desmantelar a los grupos delincuenciales que han impuesto su ley en grandes zonas de la República o va a seguir imperando la política de repartir abrazos.

El país enteró se encuentra no sólo cimbrado sino indignado por la ejecución del alcalde de ese municipio, Alejandro Arcos Catalán, quien fue decapitado y exhibido como una muestra de poder por alguno de los grupos de la delincuencia organizada que frente a la inoperatividad de la gobernadora Evelyn Salgado, se han extendido a lo largo del territorio guerrerense.

Más trágico resulta aún si consideramos que la de Arcos Catalán era una muerte anunciada. Primero, porque el 27 de septiembre fue ejecutado Ulises Hernández Martínez, quien se anticipaba sería el secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo; una semana después tocó su turno a Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, secretario General del Ayuntamiento, quien fue asesinado en pleno centro de la capital del estado. El viernes, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el propio Arcos había pedido públicamente protección, se desconoce porque su solicitud no fue atendida pero, dada la cadena de acontecimientos, resulta claro que su muerte pudo haberse evitado.

Dada la trayectoria del alcalde de la coalición PRD-PRI-PAN, se anticipa como hipótesis principal que se habría negado a negociar con los grupos criminales que operan en la región como al parecer si habría ocurrido con su predecesora Norma Otilia Hernández, quien fue expulsada de Morena tras haberse reunido con el líder de los “Ardillos”. Los funcionarios municipales antes mencionados habrían sido entonces ejecutados como un mensaje al resto de los alcaldes que se nieguen a seguirle el juego a los delincuentes.

En una acción que se antoja lenta dada la violencia de las ejecuciones, el gobierno federal está valorando si el caso es atraído por la Fiscalía General de la República. Hay que recordar que el asesinato es un delito del fuero común y que, por tanto, corresponde a la fiscalía local llevar a cabo las investigaciones, sin embargo, al tratarse del gobernante de la capital de un estado y que se presume la participación del crimen organizado, la decisión tendría que haber sido tomada prácticamente en automático.

De entrar en acción el gobierno federal, ésta podría ser la primera encomienda para el flamante secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien durante su paso por la Policía Federal estuvo asignado al estado de Guerrero, de donde conoce a las principales organizaciones criminales y sus formas de operar.

Este martes Claudia Sheinbaum presentará su Estrategia Nacional de Seguridad, a partir de ahí podremos empezar a sacar conclusiones.

Ordenar y jerarquizar la infraestructura

Hay señales alentadoras de que en este sexenio que comienza, los planes específicos para cada tipo de infraestructura tendrán un proceso de formulación, planeación y programación ordenado y robusto, apoyado en la una nueva unidad de planeación que dependerá de la Oficina de Presidencia, que se encargará de ordenar y priorizar proyectos de infraestructura, es lo que opinan especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

El análisis titulado “El financiamiento de la infraestructura en México: características y retos”, publicado en el espacio dominical del Colegio en el diario El Universal, identifica tres criterios fundamentales de jerarquización: la contribución a la economía nacional en su conjunto, la aportación al desarrollo regional y el componente político y social.

Los expertos señalan la importancia de que se integren carteras de proyectos con estudios suficientemente detallados y oportunos, que incluyan los efectos sociales y sus implicaciones financieras y políticas, para evitar que fracasen por costos no previstos en el financiamiento o por retrasos que pueden llegar a ser catastróficos para la eficiencia de las inversiones.

Tanto los criterios de jerarquiación como las características referidas en las carteras de proyectos, fueron parte fundamental del trabajo que realizaron tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge Nuño Lara, como Banobras, dirigido por Jorge Mendoza Sánchez. Gracias a ello, la SICT cerró la administración anterior con 549 obras carreteras entregadas.

Jorge Mendoza ya fue ratificado en el cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Jorge Nuño se perfila a encabezar la unidad de planeación que pondrá orden y jerarquizará los proyectos de infraestructura.

En horabuena.

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