La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, el pasado 22 de febrero, debió ser el trofeo máximo de una estrategia de seguridad que urgía de una victoria contundente. Pero en México, las victorias del Estado suelen tener un sabor amargo. No pasaron ni 48 horas cuando el país recordó que descabezar a la hidra no sirve de nada, si el cuerpo sigue teniendo el control de las calles.
El operativo de desestabilización orquestado por el “Tuli”, el lugarteniente que tomó el relevo del caos, fue una bofetada de realidad. Con más de 250 actos vandálicos en 20 estados, el mensaje fue claro: el control territorial no lo tiene el Gobierno, lo tienen quienes pueden incendiar una tienda de conveniencia o bloquear una carretera federal con un par de llamadas.
Lo que vimos tras el abatimiento del Mencho no fue una reacción desesperada, sino una coreografía del terror. El despliegue del ” Tuli”, que finalmente también fue abatido, demostró una capacidad logística que cualquier Secretaría de Seguridad envidiaría.
Sincronía, con ataques simultáneos desde Baja California hasta Veracruz. Logística ante el uso de comandos civiles para tareas de sabotaje urbano. Impacto: una parálisis económica que, aunque breve, dejó cicatrices profundas en la confianza ciudadana.
El problema de fondo es el reloj. México está a las puertas de recibir a 5 millones de personas por el Mundial de Fútbol 2026. La FIFA y los inversionistas internacionales no miran las estadísticas de “otros datos”; miran los videos de camiones ardiendo en las periferias de las ciudades sede.
La seguridad pública en México hoy es endeble, no por falta de armamento, sino por falta de inteligencia preventiva. Si un mando medio como el Tuli” pudo incendiar medio país en represalia por su jefe, ¿qué garantías existen para las delegaciones extranjeras y los millones de turistas que transitarán por nuestras carreteras?
El éxito de un operativo militar se mide por la paz que deja, no por el número de cadáveres que entrega. La administración de la presidenta Sheinbaum enfrenta su prueba de fuego. No basta con la narrativa de la “cero impunidad” cuando la realidad se impone con el humo de los bloqueos. La seguridad de cristal que hoy tenemos no aguantará el peso del escrutinio global que viene.
Si el Estado no recupera el control de esos 20 estados antes del silbatazo inicial, el Mundial de 2026 no será la fiesta que nos prometieron, sino el escaparate de nuestra propia vulnerabilidad. Al final del día, de poco sirve abatir a los grandes capos si cualquier cómplice con un radio y un galón de gasolina puede arrodillar a la nación.
El turismo en jaque: de Semana Santa al Mundial
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, no solo dejó un vacío de poder en el cártel más expansivo y violentos de México; dejó, entre otras cosas, una herida abierta en la confianza del viajero.
Mientras el gobierno intenta capitalizar el éxito táctico del operativo en Tapalpa, la realidad económica empieza a pasar factura. El “Efecto Tuli”, esa respuesta de caos coordinado en 20 estados, ha encendido las alarmas en la industria turística, la cual aporta casi el 9% del PIB nacional. México se enfrenta hoy a una crisis de imagen que amenaza con descarrilar tres etapas críticas del calendario turístico.
A pocas semanas de que inicie la Semana Santa, el turismo interno, el verdadero pulmón del sector, se encuentra en un estado de parálisis preventiva. Los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en arterias vitales de Jalisco, Guanajuato y Michoacán han sembrado una duda razonable en las familias mexicanas: ¿Vale la pena arriesgarse a quedar atrapado en un narcobloqueo por unos días de descanso?
La Concanaco ya estima pérdidas superiores a los 2,000 millones de pesos por el cierre preventivo de comercios tras el operativo. Si la percepción de inseguridad persiste, los destinos de “pueblos mágicos” y ciudades coloniales del centro del país verán una caída drástica en sus reservas, desplazando el gasto familiar hacia el ahorro por miedo.
El momento no pudo ser peor para los destinos de playa. El Spring Break está en marcha y la respuesta internacional ha sido inmediata. Países como Estados Unidos y Canadá retiraron ya sus alertas de viaje, pero el impacto mediático queda y difícilmente habrá números favorables para Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.
Las agencias de viajes en Texas y Florida ya reportan cancelaciones de grupos universitarios que, ante las imágenes de camiones ardiendo, prefieren la seguridad de las Bahamas o República Dominicana. Aunque destinos como Cancún se encuentran geográficamente lejos del epicentro del conflicto en Jalisco, la narrativa global no distingue distancias. Para el turista extranjero, el “incendio” es en todo México.
Sin embargo, el verdadero examen de supervivencia para el Estado mexicano será el Mundial de Fútbol. La expectativa de recibir a 5 millones de visitantes se siente hoy más como una vulnerabilidad que como una oportunidad.
La FIFA, conocida por su aversión al riesgo político, observa con lupa cómo un grupo criminal pudo orquestar más de 250 actos de sabotaje en cuestión de horas. La pregunta que flota en los círculos internacionales es simple: si el Estado no pudo evitar que el “Tuli” paralizara 20 estados tras la muerte de su jefe, ¿cómo garantizará que las rutas de transporte y las fan zones de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México no se conviertan en moneda de cambio criminal durante el torneo?
México no puede permitirse vender una experiencia mundialista que solo sea segura dentro de los estadios. El turismo masivo exige un control territorial que hoy se percibe, en el mejor de los casos, como intermitente.
El turismo vive de la percepción. El operativo contra el CJNG fue un éxito policial, pero el manejo del caos posterior ha sido un desastre para la marca país. Si no hay un golpe de timón que garantice la movilidad y la paz en las carreteras, México corre el riesgo de que 2026 sea recordado no como el año del fútbol, sino como el año en que el turismo de cristal terminó de romperse.
Cuba: una lancha, cuatro muertos y muchas incógnitas
A las muchas crisis que suma Cuba, se agrega ahora una preocupación más, la posibilidad latente de un ataque de represalia de Estados Unidos tras el abatimiento de una lancha rápida con matrícula de Florida que incursionó en sus aguas con, aparentemente, intenciones hostiles dejando cuatro muertos y tentativamente seis heridos más.
La versión del gobierno de La Habana fue inmediata y contundente: una embarcación ingresó a aguas territoriales con presuntos fines terroristas, desobedeció órdenes y abrió fuego contra guardafronteras. La respuesta fue letal. Del otro lado, Washington ha optado por la cautela verbal, prometiendo investigar antes de emitir conclusiones definitivas. Una cautela extraña en una administración tan impetuosa como la de Donald Trump que raramente privilegia la prudencia –y si no que les pregunten a los agentes del ICE– lo que genera múltiples especulaciones.
De cualquier modo, la incógnita central es lo que ocurrió realmente en esas aguas, para lo que no solo hay que reconstruir los hechos, sino entender el contexto. Cuba atraviesa una crisis energética severa agravada por la reducción del suministro de petróleo venezolano y por un entorno de sanciones que ha limitado su margen de maniobra. La presión económica estadounidense no es nueva, pero en el último año se ha vuelto aún más rígida y más política. En ese marco, cualquier incidente adquiere una dimensión mayor. No es lo mismo un enfrentamiento marítimo en tiempos de distensión que en un escenario de asfixia económica y confrontación retórica.
La figura del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, agrega una densa capa de incertidumbre que alimenta sospechas y narrativas. Rubio es de origen cubano e históricamente ha sido un crítico ferviente del gobierno de La Habana. Sin embargo, en los hechos, hasta ahora no existe evidencia pública de que la embarcación haya actuado bajo dirección oficial de la Casa Blanca. Confundir afinidades ideológicas con operaciones encubiertas puede no solo ser irresponsable sino peligroso.
Rusia es otro actor en esta trama. No tardó en calificar el hecho como una provocación y en respaldar a Cuba, recordando que el Caribe, aunque parezca periférico, sigue siendo un territorio estratégico. Nadie está hablando del inicio de una nueva guerra fría, pero sí una escalada diplomática que se podría traducir en sanciones adicionales, mayor aislamiento y más presión económica.
Siendo realistas, el riesgo real no es una invasión militar al estilo de otros escenarios latinoamericanos recientes, pero con Donald Trump cualquier desatino siempre es posible. Si Washington endurece aún más las condiciones energéticas y La Habana responde cerrando filas bajo la narrativa de agresión externa, el resultado será predecible: más escasez en la isla, más polarización en el exilio y menos espacio para el diálogo.
El Caribe no necesita una nueva crisis entre Estados Unidos y Cuba más allá de que sus heridas sigan sangrando. El margen de maniobra se va acortando y en una presidencia imperial no es difícil que Trump ya esté vislumbrando a Marco Rubio como el primer gobernador de la isla.
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