En México, los juicios arbitrales representan una alternativa eficiente a los procesos judiciales tradicionales, para resolver controversias comerciales. Este mecanismo permite a las partes designar árbitros imparciales que emiten un laudo vinculante y ejecutable.
¿En qué consisten los Juicios Arbitrales?
Los juicios arbitrales consisten en un procedimiento privado donde las partes en disputa, mediante un acuerdo expreso, someten su controversia a uno o más árbitros para que resuelvan el conflicto con un laudo final y obligatorio.
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Cabe resaltar que el laudo arbitral tiene validez como sentencia judicial y es ejecutable en México y otros países que forman parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) que se aplica tanto al arbitraje comercial como al arbitraje civil internacional.
Situaciones en que se leva a cabo el arbitraje judicial
Los juicios arbitrales se utilizan principalmente en disputas comerciales contractuales, como incumplimientos en contratos mercantiles, arrendamientos de naturaleza comercial o controversias societarias, cuando los tribunales están saturados. Requieren acuerdo voluntario de las partes, y suelen utilizarse para evitar litigios prolongados, sobre todo para la resolución de controversias en sectores como construcción, comercio y servicios.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el acuerdo de arbitraje es un convenio, por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no.
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El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. En todos los casos el acuerdo deberá constar por escrito o por cualquier medio por el que se manifieste expresamente la voluntad de las partes que así lo convinieron.
Un acuerdo de arbitraje puede celebrarse previo a que inicie un procedimiento jurisdiccional, durante éste una vez iniciado y hasta antes de dictada la sentencia definitiva.
En caso de que las partes decidan someterse a un juicio arbitral una vez iniciado un procedimiento jurisdiccional, la autoridad jurisdiccional las remitirá al arbitraje, dando por concluida la instancia, a menos, que se compruebe que el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible.
Finalmente, la figura de los árbitros, expertos independientes, garantizan el debido proceso, permitiendo audiencias presenciales o remotas, y resuelven tanto con un árbitro único o con un tribunal de tres miembros. La duración de este tipo de juicios oscila entre 12 y 18 meses, dependiendo de la complejidad y la comparecencia de las partes.
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