Tras el periodo de descanso de Semana Santa, el Congreso de la Unión retorna a la discusión de una agenda que privilegia lo rentable en lo inmediato sobre lo complejo pero indispensable en la vida pública del país.
En la Cámara de Diputados, una vez aprobada en lo general, la reforma para limitar las pensiones de los exfuncionarios avanzará sin mayores obstáculos en lo particular. Se trata de una medida popular, a la que ningún partido está dispuesto a darle la espalda, dado el costo político que tendría el voto en contra.
El problema no es el objetivo –está claro que esas jubilaciones llamadas “doradas” fueron concesiones indebidas de regímenes pasados– sino la forma. Un intento de forzar la realidad a la legalidad a rajatabla, más para ganar aplausos que para resistir tribunales.
No sería la primera vez que pasa. En nuestro país, lamentablemente, la distancia entre la aprobación legislativa y la viabilidad jurídica es con frecuencia abismal. Y cuando ese limbo se llena de amparos, controversias y litigios, lo que queda es polvo de política pública; los restos de una simulación costosa. Al final, al no existir la retroactividad con base en el 14 constitucional, es previsible que los quejosos mantengan esta prebenda que entrará en vigencia para las nuevas generaciones a partir de su publicación.
Mientras en el Senado de la República, la llamada reforma electoral seguirá mostrando signos de desgaste antes de consolidarse. Fragmentada, recortada y atrapada entre intereses internos, dejó de ser una transformación estructural para convertirse en una herramienta de posicionamiento político. Un mar de ruido sin sustancia. Es claro que nadie está dispuesto a cargar con el precio de cambiar unas reglas que penderán como espada de Damocles sobre todos los partidos según su propia circunstancia.
Algo similar ocurre con la reforma laboral. La reducción de horas es, sin duda, necesaria en un país con profundas desigualdades sociales, pero su tratamiento legislativo ha sido errático. Entre presiones empresariales, de las Mipymes y cálculos electorales, el tema avanza a medias, como si el tiempo político fuera más relevante que el tiempo de los gobernados.
Y en el horizonte asoma un debate que podría escalar rápidamente: la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos en el contexto del Mundial 2026. Aquí el riesgo no es legislativo, sino narrativo. La línea entre la colaboración pragmática y la cesión de soberanía es extremadamente delgada y suele ser explotada con facilidad en el terreno político.
Un Congreso que se mueve sí, pero con incentivos de corto plazo. Se legisla donde hay rédito inmediato; se pospone donde hay complejidad; se debate ahí, donde están los reflectores.
Habrá resultados, sin duda. La pregunta es su profundidad. Porque en política como en economía no todo crecimiento es desarrollo. Y no toda actividad legislativa es necesariamente progreso.
Fiscalías: solo un cambio de nombre
A raíz de la reforma al sistema penal acusatorio para pasar de un sistema inquisitorio a uno oral y adversarial aprobada en 2008 y que culminó en todo el país 2016, se planteó también el cambio de procuradurías a fiscalías, cuya principal cualidad era la autonomía, es decir, contar con personalidad jurídica y recursos propios, sumado a que la reforma cambiaría radicalmente la forma de trabajo del ministerio público: reducir la judicialización, menos carpetas de investigación, recurrir más a los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), procuración de justicia más ágil, una mayor participación de la policía en la investigación y en los procesos.
Todos los estados hicieron sus reformas locales para cambiar de procuradurías generales de justicia a fiscalías generales -algunas con el redundante “de justicia”-, y, actualmente, solo Hidalgo y Baja California Sur tienen procuradurías.
Desafortunadamente el cambio solo fue de nombres. La autonomía no se logró, porque en la mayoría de los casos se operó para que los congresos designaran nuevo titular de la fiscalía al que encabezaba la procuraduría, o el gobernante en turno colocó a una persona afín, dando origen a los “fiscales carnales”. Salvo contadas excepciones, los fiscales han renunciado con cambios de administraciones hasta del mismo partido, muestra más de la falsedad de la supuesta autonomía.
Salvo algunos cambios en estructura y organigramas, las fiscalías siguieron operando como procuradurías. La arquitectura institucional se mantuvo intacta, ninguna fiscalía dejó de tener un cuerpo policial a su cargo, en lugar de coordinarse con las policías locales para la investigación; el ministerio público siguió atiborrándose de carpetas de investigación -antes averiguaciones previas-; algunas mejoraron la atención a las víctimas, pero en general, no ha habido una transformación sustantiva en la procuración de justicia.
Extraoficialmente, se ha hablado de una iniciativa para regresar al modelo de procuradurías, es decir, dependiente del Poder Ejecutivo. Algunos dirán que es un retroceso, aunque la realidad es que no hubo avances. La cualidad que se debe buscar en la procuración de justicia es su eficacia por encima de su autonomía. Solo habrá avances si trabajan de manera integral y coordinada las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, lo cual no se contrapone al respeto a sus respectivos ámbitos de competencia.
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