Contenido
Por motivos históricos, que datan del medioevo, a la institución que se encarga de imprimir el sello real o redactar los acuerdos con el exterior de un reino o país se le conoce como cancillería. En la tradición latinoamericana, se refiere al ministerio, o en nuestro caso, secretaría de Relaciones Exteriores; por lo tanto, a su titular se le conoce como canciller.
Esta gran distinción, sobra decirlo, está en absoluto desuso; mucho más en México que en cualquier otra nación. Nuestro “canciller”, Roberto Velázquez, es un funcionario que no ha pasado por lo avatares de una guerra o participado en alguna negociación internacional, pero sí es amigo de Andrés López Beltrán, el hijo del ex presidente.
Partiendo de ahí, hoy es quien lleva, nominalmente al menos, las relaciones de México con el exterior; es decir, con todos los demás países, organizaciones multilaterales y demás. Todo esto, respaldado por un grupo de expertos reconocidos como el Servicio Exterior Mexicano, ubicados estratégicamente en puestos y países alrededor del mundo.
Dentro de ese selecto grupo se encuentra el embajador de México en Estados Unidos, el país más poderoso del orbe, principal socio comercial y vecino de nuestra nación. Y aquí es donde viene lo más interesante, pues el rumor, cada vez más sonoro, del relevo en la Embajada de México en Washington pone el dedo sobre una llaga que no termina de cerrar: la aparente insuficiencia del personal de carrera para ocupar las sillas donde realmente se juega el destino del país.
Tras el paso de Esteban Moctezuma Barragán, una gestión que se puede calificar de “discreta”, por no decir gris, el nombre que suena para Washington no es el de un embajador eminente con décadas de fogueo en foros multilaterales. Se habla de Roberto Lazzeri Montaño.
El perfil de Lazzeri, estrechamente ligado a la Secretaría de Hacienda y a la logística financiera del gobierno actual, sugiere una visión puramente transaccional de la relación bilateral. No se cuestiona su capacidad técnica en el ámbito económico, sino una nueva ocurrencia de nuestro flamante titular de la SRE y nuestra presidenta.
Para las plazas que exigen filigrana política y manejo de crisis en el corazón del poder mundial, el profesionalismo diplomático no basta. Se requiere, ante todo, la confianza ciega del Palacio. Si el SEM es tan robusto y prestigioso como solemos presumir en los brindis oficiales, ¿por qué los puestos en Washington, Londres o Madrid terminan siendo moneda de cambio o refugio de figuras políticas?
La salida de Moctezuma Barragán ocurre sin pena ni gloria, tras un periodo donde la diplomacia mexicana se sintió más como una oficina de trámites que como un actor estratégico en la renegociación del T-MEC o la crisis migratoria. Sustituir un perfil político por un perfil técnico-administrativo como el de Lazzeri podría profundizar este vacío de liderazgo geopolítico, pero en realidad, tampoco es importante, pues como sabemos, la relación de México con los Estados Unidos, la dicta el gobierno estadounidense.
México no debería permitirse una diplomacia de bajo perfil en un momento donde el tablero internacional está en llamas. Designar a perfiles por cercanía y no por trayectoria en el ramo no solo desmotiva a quienes han dedicado su vida al servicio exterior, sino que debilita la posición de México frente a interlocutores que leen perfectamente estas señales de debilidad institucional.
Si la diplomacia mexicana “no es suficiente” para sus propias embajadas, el problema no es de los diplomáticos, sino de quien decide que la lealtad pesa más que la experiencia. Al final, el precio de una embajada sin brillo lo terminamos pagando todos en la mesa de las negociaciones internacionales.
Coahuila, Morena y “Andy”
Coahuila y Durango son las únicas gubernaturas que le quedan al PRI. De hecho, Coahuila es el único estado de la República que no ha experimentado la alternancia, siempre ha sido priista. El próximo 7 de junio, los coahuilenses eligen 25 diputados locales, 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. El siguiente año tocará el turno a los presidentes municipales; mientras que la gubernatura y renovación del congreso en 2029. Manolo Jiménez se encuentra entre los cinco gobernadores mejor evaluados del país.
Esta excepcionalidad respecto al resto de los estados se registra también en el congreso local. Actualmente, la mayoría la tiene el PRI, con 10 diputados; seguido por PAN y Morena, con cinco cada uno; dos del PRD; mientras Verde, PT y el local Unión Democrática de Coahuila (UDC) tienen uno cada uno. Ni con sus aliados le alcanza a Morena a empatar con el tricolor.
De acuerdo a El Universal, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, encabeza el trabajo territorial con la meta de lograr la mayoría en el congreso local, como primer paso para ganar la gubernatura en 2029. El escenario se ve complicado para lograr la meta: Coahuila registra baja afiliación al partido guinda; Morena va en alianza con el PT, pero el Verde va con candidatos propios. En cuanto al PRI, solo va en coalición con UDC, pero confían en mantener la mayoría; mientras el PAN, aunque disminuido, también irá por su cuenta. Al tratarse de una elección con escasa participación, la operación electoral será fundamental para el triunfo en los 16 distritos.
Coahuila es importante para Morena no solo por ser uno de los estados más industrializados y exportadores de México, sino porque sería ponerle el último clavo al ataúd del PRI en 2029, previamente, proyectando, habiéndole arrebatado Durango en 2028, donde la competencia fue reñida en los comicios municipales del año pasado.
Llama la atención que El Universal -duro en notas y opiniones contra Luisa María Alcalde-, pusiera en “Andy” el foco y responsabilidad de lo que pase con Morena en Coahuila, en una elección donde hasta el más fogueado operador electoral nadaría a contra corriente. Suena más a “fuego amigo” con la finalidad de ponerlo a prueba públicamente, previendo que el resultado le sea adverso y, como sucedió el año pasado en Durango, sea un elemento más para disminuirlo políticamente, sumándose a su publicitado viaje a Japón.
Lo anterior, considerando que López Beltrán llegó como dirigente de Morena diciéndose orgulloso de llamarse Andrés Manuel y creyéndose heredero legítimo del poder de su padre, cual Kim Jong-un. Nadie tiene duda de la lealtad de Morena a AMLO, pero esto no es Corea del Norte, y hay muchos personajes, grupos e intereses en Morena antes que una dinastía. Por eso, al parecer, la consigna es hacerlo picar piedra y tragar sapos.
CDMX: el dilema de las rentas
El mercado de la vivienda en la Ciudad de México se encuentra desbordado. La capital cuenta con más de 2.7 millones de viviendas, y se estima que cerca del 30% de estas se encuentran bajo un esquema de renta. Paralelamente, colonias como Roma, Condesa o Juárez han visto incrementos acumulados de entre 80% y 120% en tan solo una década.
A esto se suma un fenómeno que altera cualquier equilibrio: más de 26 mil unidades ofertadas en plataformas de renta temporal, retirando oferta del mercado tradicional. El resultado es evidente: una presión creciente sobre los precios que expulsa, sobre todo, a clases medias y jóvenes.
Bajo este panorama poco halagüeño, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un proyecto de reforma constitucional y una ley de rentas justas, razonables y asequibles para regular el mercado. Una propuesta que acierta en el diagnóstico, pero legisla en un vacío operativo.
La idea fundamental es intervenir directamente en el mecanismo de precios: limitar el aumento de las rentas al nivel de la inflación, que ha promediado entre 4% y 6% en los últimos años. Es decir, se elimina la posibilidad de incrementos abruptos de 20% o 30% o más en un solo ajuste. A esto se suma la obligatoriedad de registrar contratos, la creación de una defensoría del inquilino y el desarrollo de vivienda pública en renta.
El primer problema de fondo es que el proyecto identifica correctamente las causas –gentrificación, presión de plataformas digitales, especulación inmobiliaria y falta de vivienda accesible– pero aún no define con precisión los mecanismos que harán viable la política ¿Cómo se va a verificar el cumplimiento de los topes? ¿Qué sanciones concretas enfrentará quien los incumpla? ¿Cómo se evitará la simulación de contratos o los pagos por fuera? ¿Con qué capacidad institucional se va a vigilar un mercado de cientos de miles de contratos? Demasiadas preguntas abiertas para una política que pretende intervenir en uno de los mercados más complejos de la ciudad.
Paralelos a nivel internacional hay muchos. En Berlín, donde se intentó congelar rentas en 2020, el Tribunal Constitucional anuló la medida, generando pagos retroactivos y un aumento inmediato de precios. En Buenos Aires, la ley de alquileres de 2020 redujo la oferta disponible en más de 40% en ciertos segmentos, mientras que los precios siguieron subiendo en términos reales. Incluso en mercados más institucionalizados, el control de precios ha mostrado un patrón recurrente: al limitar ingresos potenciales, disminuye el incentivo para ofrecer vivienda en renta.
La propuesta de Brugada busca evitar ese extremo. No congela rentas, sino que modera su crecimiento. Pero el dilema persiste. Si un propietario enfrenta costos crecientes –predial, mantenimiento, inflación real en insumos– y su ingreso queda topado, la reacción económica natural es evidente: vender, cambiar de uso el inmueble o migrar a esquemas no regulados. En un mercado donde la oferta ya es de por sí insuficiente, cualquier reducción adicional puede presionar aún más los precios.
Durante años la ciudad dejó de construir vivienda accesible al ritmo necesario, particularmente en áreas con servicios e infraestructura. Mientras tanto, la demanda se sofisticó: nómadas digitales, inversión inmobiliaria como activo financiero y turismo de corta estancia. El resultado es un mercado altamente presionado en donde los montos reflejan falta de oferta, no solo abuso.
La regulación puede ser necesaria, pero claramente no es suficiente. Si el objetivo es estabilizar el mercado, se requiere de metas más agresivas de construcción: decenas de miles de nuevas unidades en renta accesible, no programas piloto, sino incentivos para desarrolladores y una regulación efectiva de plataformas digitales.
La propuesta de la jefa de Gobierno apenas alcanza para una bocanada de oxígeno. Mientras la escasez siga siendo el factor dominante, el mercado encontrará la manera de ajustarse: no se corrige por decreto, solo cambia de forma. Y casi nunca a favor de quienes se busca proteger.
Cobranza en la Generación Z
La conversación sobre crédito en México ya no puede centrarse únicamente en la colocación; el verdadero punto de tensión está en la cobranza. Con 14.4 millones de créditos en gestión temprana, que representan el 11% del total, el sistema enfrenta un reto operativo que va más allá del volumen, mantener el contacto con usuarios cada vez más difíciles de localizar bajo esquemas tradicionales.
En este contexto, la irrupción de la Generación Z, que ya representa el 10% de las personas con crédito, está acelerando un cambio que no es meramente tecnológico, sino profundamente conductual. La forma en que los jóvenes interactúan con las instituciones financieras está redefiniendo las reglas del juego.
El dato es contundente, el 51% de la cartera se concentra en generaciones nacidas a partir de 1981. Esto implica que los modelos de cobranza diseñados para generaciones anteriores están perdiendo efectividad frente a usuarios que priorizan inmediatez, personalización y canales digitales.
Aquí es donde la eficiencia deja de depender de la insistencia y comienza a depender de la precisión: elegir el canal correcto, en el momento adecuado y con el mensaje pertinente. Juan Manuel Ruiz, CEO de Círculo de Crédito, ha señalado que la clave está en sostener la comunicación para no perder no solo eficiencia operativa, sino también la relación con el cliente, un activo cada vez más frágil en entornos digitales.
La evolución de la cobranza, entonces, pasa por la inteligencia de datos. No se trata solo de contactar, sino de hacerlo de manera eficiente. Herramientas de actualización y enriquecimiento de datos permiten ampliar la cobertura de contacto digital y mejorar la localización de clientes, elevando la efectividad hasta en un 80% cuando la información es precisa. En un mercado donde el comportamiento del usuario cambia más rápido que las infraestructuras institucionales, la ventaja competitiva estará en quienes logren entender que la cobranza no es un proceso de presión, sino de comunicación estratégica sostenida.
Síguenos en Google Noticias para mantenerte informado
