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Golpe a las finanzas del CJNG, aviso de algo más

por El Consejero
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Golpe a las finanzas del CJNG, aviso de algo más

El jueves de la semana pasada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, anunció sanciones contra 39 personas y 16 empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos a su nuevo líder, el mexicoestadounidense Juan Carlos González Valencia.

Se trata del mayor número de personas y entidades sancionadas por el Tesoro en una sola acción no solo contra el CJNG, sino contra un cártel del narcotráfico y, probablemente, la más numerosa que ha emitido la OFAC en su historia, lo cual deja claro cuál es la organización criminal mexicana prioritaria a desmantelar, luego de la fractura y decadencia del Cártel de Sinaloa, y que no se va a escatimar recursos en contra de ella.

Las 39 personas sancionadas son entre operadores del cártel, familiares y socios, particularmente los relacionados con Audias Flores Silva, el “Jardinero” (detenido en abril pasado) y Gerardo Botello Rodríguez, el “Cachas”, detenido en 2018 como guarura de Rosalinda González, esposa del “Mencho”, pero que ha resultado tener un papel relevante en el robo de combustible, reclutamiento, y lavado de dinero a través de empresas a nombre de su esposa, hijos, primo y sobrinos.

En cuanto a los negocios para el lavado de dinero, además de los ya conocidos y sancionados anteriormente en el sector turístico, se suman gasolineras, productoras de agave para tequileras, constructoras, licorerías, ropa, mueblerías, madereras, servicios de transporte y de seguridad privada, y hasta venta de calzado infantil.

Las sanciones del Tesoro se pueden considerar como avanzadas a los amagos desde hace meses de acciones por tierra, con el objetivo de debilitar en el corto plazo con una acción amplia e inmediata a las finanzas del cártel. Cabe señalar que, apenas el pasado 16 de julio, fueron designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas los Viagras y el Cártel de Juárez, siendo los primeros aliados del CJNG en su disputa con los Cárteles Unidos por el control de los municipios michoacanos limítrofes con Jalisco. No extrañe que antes de que termine el año veamos alguna otra acción contundente con el cártel fundado por el “Mencho”.

¿El lujo de enfermarse?

El anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, de retomar durante el próximo periodo de sesiones la iniciativa para regular los cobros de las aseguradoras de Gastos Médicos Mayores y de los hospitales privados reabrirá un debate que ya es inaplazable.

Para muchos mexicanos, una hospitalización representa un riesgo financiero tan grave como la propia enfermedad. La pregunta, sin embargo, es si el problema radica únicamente en los precios o en las profundas deficiencias del sistema de salud mexicano.

La iniciativa parte de una preocupación legítima. Las primas de los seguros médicos han aumentado de manera sostenida durante los últimos años y también lo han hecho los costos de atención privada. Cuando una póliza se vuelve impagable para quien la contrató durante años, es razonable preguntarse si el mercado está funcionando correctamente y si existe suficiente transparencia en cómo se fijan los precios.

Como muchos otros, el debate corre el riesgo de quedar en la superficie. La realidad es que la inmensa mayoría de los mexicanos nunca ha tenido un seguro de Gastos Médicos Mayores. No porque no lo considere importante, sino porque simplemente no puede pagarlo.

De acuerdo con cifras del sector, apenas alrededor del 10% de la población cuenta con un seguro de Gastos Médicos Mayores, lo que significa que para nueve de cada diez mexicanos la discusión sobre primas y las coberturas ocurre en un mercado que les es inaccesible.

Si el sistema público ofreciera servicios oportunos, suficientes y de calidad, el seguro privado sería un complemento para quien quisiera contratarlo. Sin embargo, la percepción de desabasto, las largas listas de espera y las carencias que arrastran las instituciones públicas han convertido a la medicina privada en la principal alternativa para quienes logran costearla. El problema es que esa disyuntiva se va también alejando de las posibilidades de la clase media.

Por eso resulta insuficiente centrar la discusión en la regulación de aseguradoras y hospitales. Aunque cualquier medida que fomente mayor transparencia y evite abusos es bienvenida, ninguna reforma resolverá el problema de fondo mientras el acceso a la salud dependa, cada vez más, del nivel de ingresos de cada persona. La verdadera política pública no debería consistir únicamente en contener el precio de las pólizas, sino garantizar que nadie tenga que elegir entre endeudarse o renunciar a recibir atención médica.

Cuando un país normaliza que la salud pública no satisfaga las necesidades de millones de personas y, al mismo tiempo, convierte la medicina privada en un privilegio inaccesible, termina creando una sociedad donde enfermarse puede significar perder el patrimonio o resignarse a la incertidumbre.

Lo más preocupante es que el debate parece partir de una premisa equivocada. Se discute cómo hacer más accesible un servicio al que, en realidad, la mayoría de los mexicanos jamás tendrá acceso. Es como intentar resolver el problema de la vivienda regulando el precio de las casas de lujo. Mientras el ingreso promedio siga siendo insuficiente para contratar un seguro de gastos médicos mayores y la seguridad social continúe deteriorándose, cualquier reforma quedará reducida a un paliativo para una minoría.

Muy probablemente el Congreso esté discutiendo la reforma equivocada. Antes de regular un mercado al que pocos pueden entrar, tendría que preguntarse por qué el derecho constitucional a la salud depende cada vez más del tamaño de la cuenta bancaria. De seguir por ese sendero, no sería extraño que, después de fracasar en garantizar una vida digna frente a la enfermedad, el siguiente gran debate legislativo termine siendo el derecho a una muerte digna. Sería la admisión más dolorosa de que el Estado renunció a curar y decidió, simplemente, administrar el desenlace.

Permanecer también es una decisión estratégica

Durante años, cambiar de trabajo con frecuencia se convirtió en el símbolo de una generación que buscaba crecer más rápido, aprender más y no conformarse. La movilidad laboral dejó de verse como un signo de inestabilidad para convertirse en una estrategia profesional.

Sin embargo, los datos más recientes del Termómetro Laboral de OCC sugieren que algo comienza a cambiar: permanecer muchos años en una empresa vuelve a ser una aspiración, pero bajo nuevas condiciones.

La explicación va mucho más allá del salario. En un entorno marcado por la incertidumbre económica, la acelerada transformación tecnológica y la irrupción de la inteligencia artificial, construir una carrera de largo plazo vuelve a tener valor. No porque los trabajadores hayan renunciado a buscar nuevas oportunidades, sino porque hoy saben que la estabilidad solo es atractiva cuando está acompañada de bienestar, flexibilidad y posibilidades reales de desarrollo. La permanencia dejó de ser un acto de lealtad incondicional para convertirse en un acuerdo de beneficio mutuo.

Este cambio también representa un mensaje para las empresas. Por años, muchas organizaciones interpretaron la rotación como un fenómeno inevitable, especialmente entre las generaciones más jóvenes; sin embargo, los trabajadores no están huyendo del compromiso; están rechazando modelos laborales que ya no responden a sus expectativas. Quien logra construir una cultura donde las personas pueden crecer profesionalmente sin sacrificar su vida personal obtiene una ventaja competitiva difícil de replicar, especialmente en un mercado donde atraer y formar talento resulta cada vez más costoso.

En un momento en que México busca fortalecer su competitividad y aprovechar las oportunidades derivadas de la relocalización de inversiones, la conversación sobre el talento adquiere una dimensión estratégica.

Las empresas que entiendan que retener personas consiste en construir mejores experiencias de trabajo, estarán preparadas para enfrentar los desafíos de una economía que exige innovación constante. Porque, al final, la verdadera ventaja competitiva no está solo en contratar al mejor talento, sino en lograr que quiera construir el futuro de la organización junto con ella.

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