¿Anticiparse a ataques y paros cardiacos?

Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y el mundo. En México, aproximadamente el 40% del gasto en salud se destina a la atención de enfermedades cardiovasculares y asociadas. Entre las principales causas de estas enfermedades están la obesidad, mala alimentación, vida sedentaria, fumar, presión alta, problemas congénitos, así como estrés continuo. Como referencia de este último, un estudio detectó las probabilidades de sufrir un ataque cardiaco son un 13% más altas los lunes a comparación con los demás.

Es común que utilicemos indistintamente ataque cardiaco, infarto y paro cardiaco, aunque hay diferencias. Un infarto agudo al miocardio es lo mismo que un ataque cardiaco, y se produce cuando una arteria se obstruye, disminuyendo o bloqueando el flujo sanguíneo, provocando una falta de oxígeno en la sangre, muerte de células cardiacas, dolores en el pecho, pero el corazón sigue bombeando sangre. El paro cardiaco es cuando el corazón deja de latir. Es decir, un infarto o ataque cardiaco pueden llegar a un paro cardiaco, pero también hay otras causas que lo pueden provocar. 

Hoy en día, existe la tecnología que puede salvar vida en ambas situaciones, y no sólo eso, también para conocer la probabilidad de padecer un infarto con anticipación de hasta cinco años, gracias a monitores de signos vitales (MSV) con softwares avanzados que permiten diagnósticos precisos para determinar el tratamiento óptimo, así como su fácil uso por parte del equipo médico y de enfermería. Las empresas más avanzadas con esa tecnología son la japonesa Nihon Kohden y la inglesa BTL, ambas con presencia en México, y con equipos funcionando tanto en instituciones públicas como privadas.

Actualmente, ya se estudian modelos predictivos aplicados a la Inteligencia Artificial que permiten anticiparse a escenarios de ataques cardiacos hasta con 10 años antes de que pudiera ocurrir el evento.

Corrupción: la lucha que no ocurrió

Conforme se acerca el fin de sexenio se va cerrando el cerco alrededor de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia y su circulo más estrecho, quienes se habrían beneficiado estos últimos años de su cercanía con el poder.

Durante su toma de protesta, en su compromiso número 57, el mandatario asumió la responsabilidad de convertir en delito grave, sin derecho a fianza, la corrupción y la compra de votos; sin embargo, frente a unas opacidad rampante, son contados los funcionarios que han sido presentados ante un juez bien por hacer uso indebido de los recursos públicos o por recibir dinero de manera indebida.

De acuerdo a un pronunciamiento hecho esta semana por la International Chamber of Commerce México (ICC México), el paquete de reformas presentado por el presidente el pasado 5 de febrero estaría enfocado en esta misma línea, caracterizado por una falta de transparencia que atenta directamente contra el combate a la corrupción al tiempo que amenaza con desvanecer al modelo democrático del país.

La pretensión de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y dejarlo en manos de otras instancias dependientes del Ejecutivo, convierte a la transparencia en una falacia en donde la autoridad se convierte en juez y parte, dejando a la deriva la responsabilidad de la autoridad en el manejo de recursos públicos que a final de cuentas son el patrimonio de todos los ciudadanos.

De manera similar resulta ridículo el objetivo de eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) para integrarla a la Secretaría de la Función Pública, siendo que la primera coordina a las entidades que lo integran y establece las bases de datos de información tales como la Plataforma Nacional Digital, su extinción abonaría claramente en favor de delincuentes involucrados en casos de corrupción.

Hace apenas un par de semanas Transparencia Internacional reveló que durante la presente administración no ha habido avances en la percepción de la lucha contra la corrupción, más allá de de las palabras huecas generadas en Palacio Nacional. Durante los últimos cuatro años nuestro país ha ocupado el lugar 126 de entre 180 naciones con una calificación reprobatoria de 31 de 100 puntos, al mismo nivel que países como El Salvador, Togo o Kenia. El último lugar en la lista de países de la OCDE y el penúltimo, sólo detrás de Rusia, del G-20.

De acuerdo a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, diez veces dijo AMLO que acabaría con la corrupción y demostró lo contrario, entre las que destaca la colocación de amigos de los hijos del presidente en puestos clave para los que no están preparados; el fraude a Segalmex, mayor que la Estafa Maestra, y en el que no se ha tocado a Ignacio Ovalle, en algún momento mentor de López Obrador. En las palabras, funcionarios de la 4T hacen uso faccioso de este elemento para perseguir a sus rivales incómodos, y en los hechos sólo 1 de cada 500 denuncias por delitos de corrupción termina en sentencia condenatoria.

Pero el presidente tiene otros datos…