Caso Ayotzinapa: 9 años con muy pocos avances

Una cosa se desprende con toda claridad del Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Atotzinapa, presentado este miércoles por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas: que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos seguirá siendo un enigma, en lo que representa una derrota para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se había comprometido al inicio de su gestión a resolver el caso.

Muchas cifras, mucha estrategia, muchos interrogatorios, pero en los hechos concretos no hay nada que permita sacar una conclusión que nos acerque a la verdad de los hechos sucedidos la trágica noche del 26 de septiembre de hace ya nueve años.

Ya los padres y familiares de las víctimas habían adelantado su rechazo a lo que consideran un trabajo, por decir lo menos, “incompleto” por parte de las autoridades. La víspera, Vidulfo Rosales, vocero de las víctimas, afirmó durante el cierre de la marcha por el noveno aniversario de las desapariciones rechazó la narrativa oficial al considerarla una variante de la llamada “verdad histórica”, versión que se apresuró a descartar el propio Encinas.

El presidente de la República, que suele respetar las opiniones de sus contrapartes, ha acusado a Rosales de exagerar o estar confundido. Para el mandatario el gobierno hizo una investigación a fondo y seria e “incluso” se ha avanzado.

Lo cierto es que después de casi una década apenas se han logrado identificar fragmentos de restos óseos de tres de los jóvenes desaparecidos, pese a ello, Encinas descarta encontrar al resto de los normalistas vivos.

Luego de una entrevista para Quinto Elemento, Omar Gómez Trejo, quien hasta el año pasado presidió la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), complicó la narrativa oficial al declarar que existe protección a militares y altos mandos de la FGR y otras dependencias estatales y federales vinculados con la desaparición, incluso acusó que durante su gestión se encontró con trabajadores que trataron de bloquear su investigación y obstaculizar el hallazgo de la verdad.

Probablemente tendrán que pasar todavía muchos años para conocer lo que en realidad ocurrió aquella noche. Sin lugar a dudas lo más relevante del informe presentado fue el hecho de que el secretario desvinculó a los normalistas de los grupos criminales. Lo que sí es un hecho a partir de las intervenciones a las comunicaciones de los integrantes de los Guerreros Unidos, realizadas por la Administración de Control de Drogas (DEA), es que sí hubo fuertes vínculos de esta agrupación delictiva con policías, militares, marinos y servidores públicos.

Cancelan concesiones de litio, ¿y ahora?

Hasta esta semana nos enteramos que en agosto pasado, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Minas, canceló nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio a la minera china Ganfeng Lithium, argumentando que no cumplió con los niveles mínimos de inversión para mantener los permisos.

Entre las concesiones canceladas están donde se encuentra el Proyecto de Litio de Sonora y el mayor yacimiento de este litio en México, el de Bacadéhuachi, en ese mismo estado, con reservas estimadas en casi 244 millones de toneladas. La empresa china informó a sus inversionistas de la medida, rechazando que haya incumplido los requisitos, asegurando que se viola el derecho nacional e internacional y, por lo pronto, ha interpuesto recursos de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía.

Como se recordará, en abril del año pasado se modificó la Ley Minera para declarar de utilidad pública el litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones. Asimismo, las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado a través de la paraestatal LitioMx. El propio presidente López Obrador aclaró que la ley no era retroactiva y, en el caso específico de la empresa china, dijo que se encontraban en conversaciones para llegar a un acuerdo, en el entendido de que el gobierno quería recuperar las concesiones y acelerar los trabajos para llegar a la explotación, lo cual se sigue viendo lejano. Por lo visto, las conversaciones no fueron exitosas y se optó por la opción B, que para este gobierno parece ser que en realidad es la A.

Lo que sufrió Ganfeng Lithium no fue una expropiación, sino la cancelación de los permisos por no invertir lo mínimo requerido. La minera puede acudir a las autoridades judiciales mexicanas argumentando la no retroactividad y/o que sí cumplían con la inversión mínima, lo que tomará años. Por otra parte, difícilmente la minera china confiará en acudir a alguna instancia internacional dominadas por todos aquellos que ven a China como una amenaza económica.

Habrá que estar pendientes con qué empresas se asocia LitioMx para los estudios de exploración y explotación procedentes en las concesiones recuperadas en Sonora, estado donde además se pretende establecer una cadena de producción de semiconductores junto con Arizona, por lo que los primeros interesados serían nuestros vecinos norteamericanos.