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Caso Ayotzinapa: ¿Quién desacredita a quién?

Por: El Consejero 24 enero 2024
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<strong>Caso Ayotzinapa: ¿Quién desacredita a quién?</strong>

La madrugada de este miércoles, fueron liberados ocho militares acusados del delito de desaparición forzada, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en […]

La madrugada de este miércoles, fueron liberados ocho militares acusados del delito de desaparición forzada, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, sucedido en septiembre de 2014. No fueron exonerados, sólo se revocó la prisión preventiva oficiosa, al considerarse que no estaba acreditado el riesgo de fuga, y se les impusieron medidas cautelares.

El presidente López Obrador criticó el fallo, hizo pública una carta de la secretaria de Gobernación a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en la que advertía sobre las consecuencias de la decisión para un “asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado”, y dijo que pedirán que se soliciten nuevas órdenes de aprehensión. Incluso, en un razonamiento rebuscado, reclamó que se busca desprestigiar al Ejército y hacerlo quedar mal a él, el presidente. Todo carente de verdad y coherencia, en un nivel donde se confunden la ignorancia con el dolo y, como siempre, la autovictimización.

Primero, los militares continúan su proceso en libertad, no se ha determinado su culpabilidad o inocencia y, por ende, no se pueden girar nuevas órdenes de aprehensión por el mismo delito por el que están procesados. Segundo, la carta de la secretaria Luisa María Alcalde carece no sólo de valor legal, sino evidencia desconocimiento jurídico: los jueces y magistrados gozan de autonomía en sus determinaciones, la ministra Norma Piña no interfiere en ello, ni por encabezar el Consejo de la Judicatura Federal, y menos en su calidad de presidenta de la Suprema Corte, papel en el que se le dirigió la misiva. Tercero, la responsable de que salieran libres bajo caución fue la Fiscalía General de la República, la cual no pudo acreditar el riesgo de fuga, considerando que los militares se entregaron voluntariamente en junio pasado, entre otros elementos.

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A punto de cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas, el caso es un desastre, y más lejos de resolverse: fueron liberados los integrantes de grupos delictivos presuntamente responsables y fueron aprehendidos los que los detuvieron; la investigación se llenó de testimonios de delincuentes contra autoridades; se desacreditó la llamada “verdad histórica”, pero los hechos de lo que sucedió siguen siendo prácticamente los mismos; en el afán de tener resultados, Alejandro Encinas corrompió el debido proceso y presentó evidencia cuestionable; el exfiscal Omar Gómez Trejo fue acusado de irregularidades en la investigación. Por último y no menos, no hay pista alguna sobre el paradero de los normalistas.

Hay otros cinco militares, entre ellos un general, de los que se espera que en breve puedan salir de prisión y seguir su proceso en libertad, igualmente al no estar acreditado el riesgo de fuga. Seguramente López Obrador volverá a arremeter contra el Poder Judicial por dejar que lleven su proceso en libertad -que no exoneración-, un grupo de miembros del Ejército, esa institución entre cuyos integrantes hay muertos en el combate al crimen organizado, quienes están construyendo y operando las ocurrencias del presidente y que, por lo visto, también tienen que poner los presos… ¿Quién está desacreditando a quién?

El ¡no! de los empresarios a la desaparición de los autónomos

La Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex) volvió a dejar en claro, de manera formal, que se opone de manera tajante a la desaparición de los organismos autónomos propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y precisó que, lejos de estar buscando su extinción, se tendría que pensar en fortalecerlos respetando su vocación de servicio a la ciudadanía.

Ya en diciembre, su presidente, José Medina Mora, había adelantado que el organismo patronal sería un férreo defensor de órganos como el INAI, la CRE, la COFECE, la CNH y el IFT, por su relevancia en la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y para evitar el surgimiento de autoritarismos.

Es de sobra conocido que al presidente López Obrador le gusta gobernar sin limitaciones, detesta el escrutinio de estos órganos producto de décadas de lucha por parte de la sociedad civil, justamente para acotar los excesos del ejecutivo en turno que, como hoy ocurre, le resultaba odioso informar a una ciudadanía que goza del derecho constitucional de exigirle cuentas a sus gobernantes.

Si una característica tiene esta mal llamada Cuarta Transformación es su falta de escrúpulos para, bajo la bandera de un utópico pueblo que forma parte más de una narrativa que de la realidad, encabezar campañas que igual hoy pueden ser contra los organismos autónomos, mañana contra las organizaciones de la sociedad civil, pasado mañana contra el poder judicial y así sucesivamente. Como ocurre con los temas de su interés, el presidente muy bien podría haber asignado una sección semanal para despedazar públicamente, con muy pocas pruebas pero eso sí con mucha insidia, a todos y cada uno de los críticos de su administración.

En su comunicado, la Coparmex puntualiza la utilidad de cada uno de estos organismos destacando, por ejemplo, que gracias al INAI más de 7 mil personas pudieron acceder a su expediente clínico frente a la negativa de instituciones públicas y privadas para entregar esta información. De igual manera recuerda que gracias al IFT los precios de la telefonía celular en 49.5% se redujeron en los últimos diez años. 

Para el presidente de la República no es relevante el posicionamiento de los empresarios, lo descalifica señalando que el órgano patronal siempre ha sido como una extensión del PAN y sin argumentos regresa a su mantra de que los organismos autónomos fueron creados para sostener negocios lucrativos malos para (otra vez) el pueblo.

Nosotros bien haríamos en tener presentes las palabras de la Coparmex: “Los Órganos Autónomos hoy establecidos en nuestra constitución, tienen la misión de defender los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y son vitales para la construcción y mantenimiento de un sistema democrático sólido. Su función es preservar la separación de poderes y evitar la acumulación de poder en una sola entidad”.

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