Únete a nuestro canalChiapas y el ahora “Capitán Marcos”
En medio del ruido político que circunda a las trascendentes decisiones que habrá de tomar el Congreso de la Unión en las próximas semanas, empieza […]
En medio del ruido político que circunda a las trascendentes decisiones que habrá de tomar el Congreso de la Unión en las próximas semanas, empieza a surgir un sonido ensordecedor cuyo epicentro se ubica en el sureste del país, para ser más específicos en el Estado de Chiapas.
Entre los muchos problemas que en el ámbito político, económico y social habrá de recibir en herencia la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, destaca la crisis humanitaria desatada en algunos poblados de Chiapas que se encuentran en medio del fuego entre grupos delincuenciales que buscan hacerse del control de la región en un conflicto que podría escalar con la participación de nuevos actores.
A partir del primero de enero, en el cumpleaños número 30 de la irrupción del movimiento indígena en la región, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha reaparecido sigilosamente con la publicación de distintos mensajes en los que manifiesta su inconformidad por el estado de las cosas y en las que se manifiesta absolutamente crítico del liderazgo establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de su ineficaz política en materia de seguridad.
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El ahora subcomandante Marcos, hoy degradado a capitán por decisión propia, volvió a tomar lápiz y papel (o más bien su vieja computadora) para hacer públicas sus cuitas, una colección de siete cartas, y las que faltan, durante el mes de agosto. En ellas, Marcos no expresa solamente su preocupación por los habitantes de Chiapas sino por la marcha de la nación entera, en donde no distingue diferencias entre gobiernos priistas, panistas, y el ahora morenista: “no importa cuánto tengan siempre quieren más”; “el oficialismo no busca apoyo, sino complicidad”; “Lo que está en juego no es la autonomía de los jueces, sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia”. Sentencias implacables que nos ofrecen una misma mirada, pero desde otro punto de vista.
Y no es que el movimiento zapatista amenace con tomar aquellas viejas armas de palo con las que inicio un movimiento que puso de cabeza a toda la administración salinista. Es ese viejo termómetro que se mantenía guardado que nos recuerda que las cosas no están tan bien como pensamos, que pese a los tan cacareados programas sociales hay regiones enteras del país a las que no sólo no se les ha hecho justicia, sino que se mantienen lejos de toda forma de protección del Estado, extensas zonas dominadas por grupos criminales que lo controlan todo.
Los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo y Suchiapa se encuentran en el blanco de los delincuentes por ser centros estratégicos para sus operaciones. Entre enero y julio prácticamente se duplicó el número de asesinatos dolosos en la frontera sur. Habitantes del corredor Motozintla, Amatenango, Frontera Comalapa, Chicomuselo y Jaltenango están sitiados y nadie, ni las autoridades federales ni las locales, hacen nada para remediarlo.
Empieza a formarse el caldo de cultivo para una insurrección de características impredecibles pero que de ningún modo serían buenas para el país. Bien haría la presidenta electa en desactivar una bomba de tiempo que le podría estallar en las manos.
Reforma judicial, ¿la salida la puede dar el Partido Verde?
Las críticas y advertencias contra la reforma judicial han ido escalando rápidamente hasta llegar a niveles internacionales conforme se acerca el inicio de sesiones de la LXVI Legislatura y se mantiene el ímpetu de sacarla adelante, tanto del presidente actual como de la próxima, así como de los legisladores.
Con una oposición debilitada y con unos organismos empresariales entre complacientes y timoratos -salvo la Coparmex-, y viendo que la combatividad de los empleados del Poder Judicial no es suficiente, el tema se escaló a nivel internacional, primero con las advertencias de calificadoras y bancos, luego con presiones de la iniciativa privada al gobierno de Joe Biden, lo cual finalmente se reflejó en la carta del embajador estadounidense Ken Salazar del pasado jueves.
Tanto López Obrador, que ya se va, como Claudia Sheinbaum, que llega, están convencidos de que elegir a jueces, magistrados y ministros es la mejor idea para reformar al Poder Judicial. Si bien es cierto que hay muchos intereses detrás de los actuales impartidores de justicia, tampoco queda claro que los elegidos por selección y voto popular estén exentos de ello o sean mejores que los actuales.
La propuesta se ha aderezado con comités de revisión, exámenes, cartas de recomendación y hasta tómbolas; pero no convence. Se sigue viendo como lo que es: un asalto contra la independencia del Poder Judicial a efecto de tenerlo más a modo, perdiéndose el equilibrio de poderes.
López Obrador está entusiasmado de que su Plan C se apruebe tal y cómo lo planeó, finalmente, él se va en octubre. Sheinbaum es la que se queda a lidiar con los problemas, no tiene de otra. Que la presidenta electa o su partido solicite, o los diputados de Morena decidan, que se posponga la aprobación de la iniciativa por la razón que sea, será ceder ante los poderes fácticos, aunque esto implique consecuencias nefastas y un arranque de sexenio difícil e innecesario.
Es ahí cuando, en tiempos de supuesta soberrepresentación, un partido con principios como el Partido Verde, podría salir al paso y pedir regresar la iniciativa a comisiones para revisarla, enriquecerla o mejorarla, a cambio de su voto a favor -sin el cual no hay mayoría calificada-, y así retrasar la aprobación y, por lo menos, quitarle un inicio de sexenio turbulento a Sheinbaum, sin que la presidenta y su partido parezcan que cedieron a las presiones.
Sin embargo, las cosas no parecen ir por ahí. La experiencia nos dice que es precisamente en el caos y bajo presiones donde mejor se sabe mover López Obrador para sacar ventaja. Falta ver si a Sheinbaum también se le da jugar así.
