En audiencia en el Senado estadounidense, el fiscal General Merrick Garland, dijo no oponerse a que se designen a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras aunque, puntualizó, se necesitaría del apoyo de México, dadas las implicaciones diplomáticas de dicha medida.
A principios de febrero, 21 fiscales estatales -todos republicanos- hicieron dicha petición al presidente Joe Biden, con el objeto de atender la crisis de opioides que aqueja a Estados Unidos, particularmente las muertes por consumo de fentanilo las cuales, con cifras conservadoras, ascendieron a 100 mil sólo en el 2022. Dicho opioide sintético inicialmente era traído ilegalmente desde China, y ahora ya es producido en México por los dos principales cárteles, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
La clasificación de organizaciones terroristas ampliaría el margen de acciones de autoridades estatales y federales no sólo para congelar cuentas, impedir entrada de miembros y colaboradores de las organizaciones, sino incluso, permitiría operativos militares extraterritoriales para detener o abatir a sus integrantes.
La propuesta no es nueva, responde más a consideraciones políticas que realmente un tema de seguridad nacional y se ha jugado con ella en diferentes momentos desde el sexenio de Felipe Calderón. Apenas en 2019 el entonces presidente Donald Trump lo planteó a raíz del asesinato de varios miembros de la familia Le Barón en Sonora, y en septiembre del 2022, el gobernador de Texas, George Abott, emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles como organizaciones terroristas, en ese caso por su participación en el tráfico de personas, aplicable sólo en su estado.
El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las fuerzas armadas se han opuesto ha dicha medida, argumentando la estrecha colaboración bilateral para combatir al narcotráfico… estrecha colaboración que ya no existe desde esta administración y que es motivo de queja de la administradora de la DEA, Anne Milgram. En la audiencia, el propio fiscal Garland señaló que México podría hacer más. Todo indica que no pasará de ser un nuevo amago para presionar concesiones, aunque el alcance de éstas no son poca cosa, basta ver lo que se ha cedido en materia migratoria.
Enoch Castellanos da la cara en Canacintra
Francisco Cervantes Díaz, recién reelecto por un año más como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se ocupó en intervenir en la elección de la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la cual quedó suspendida en sus derechos ante el organismo cúpula empresarial por el adeudo de cuotas que dejó la desastrosa administración de su presidente saliente, José Antonio Centeno Reyes.
Ante señalamientos de querer corresponsabilizarlo de la herencia de Centeno, Enoch Castellanos, ex presidente nacional de la Canacintra, aclaró que durante su gestión de 2020 a 2021 redujo 7 millones de pesos el pasivo de la cámara y hasta aportó recursos propios por 2.5 millones para el pago de empelados e impuestos, aportación que pretendió desconocer Centeno.
Castellanos gestionó pagos de cuotas al CCE por 3.3 millones de pesos, dejó una Canacintra fuerte y unida, entregó finanzas transparentes y certificadas por auditoría externa; a diferencia de Centeno, quien utilizó recursos de la Cámara para viajes con su pareja y tenerla en nómina, además de dejar a Canacintra suspendida en sus derechos por la CCE.
AMHSA: muerto el rey, viva el rey
Finalmente, Alonso Ancira, quien en sus buenos tiempos fuera conocido como “El rey del Acero”, se dobló o lo doblaron. El peso de las deudas acumuladas por su empresa Altos Hornos de México (AHMSA), aunadas a un acuerdo reparatorio que aún no termina de pagar terminaron por asfixiarlo.
Desde el gobierno federal se le venía dando un “empujoncito” hacia el precipicio vía la Comisión Federal de Electricidad, que argumentando el impago de cerca de 130 millones de pesos dejaba constantemente a la empresa sin energía para mantener viva su producción propiciando que finalmente esta situación terminara por volverse insostenible.
Ya al borde del precipicio, Ancira decidió vender con el respaldo de los accionistas del Grupo Acerero del Norte. Apenas si se dieron a conocer los datos más básicos de la operación: AHMSA será adquirida por un grupo de inversionistas extranjeros cuya filiación permanece en el anonimato.
Este grupo de hombres de negocios aportará inicialmente 200 millones de dólares como capital de trabajo, con el propósito de disipar problemas laborales y mantener la operación de la compañía en sus plantas siderúrgicas y sus minas. Ya hace algunos días se había filtrado que el acuerdo alcanzaría un máximo de 500 millones de dólares a los que se sumarían los pasivos, pero todavía habrá que esperar la cifra real, una vez que el proceso jurídico haya concluido.
La desgracia de Ancira empezó a labrarse con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, quien encontró en la fraudulenta compra de Agronitrogenados, una empresa de fertilizantes que tenía 14 años sin operar y con 60% de su maquinaría inservible, una bandera invaluable en su lucha contra la corrupción. Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, se había coludido con el empresario para adquirir la empresa en perjuicio del erario.
El desenlace es de todos conocido, Lozoya enfrentará a un juez el próximo 27 de abril para definir si es juzgado o alcanza un acuerdo reparatorio. Ancira, quien había sido detenido en Palma de Mallorca en 2019, alcanzó un acuerdo reparatorio en 2021 por el que se comprometió a entregar 216 millones de dólares a cambio de su libertad. Aún está pendiente el pago de 108 millones de millones, que se encuentran respaldados por sus acciones en la empresa.
De esta manera en momentos en que empiezan a repuntar nuevamente los precios del acero en los mercados internacionales, Ancira le dice adiós a una empresa con una historia de más de ocho décadas durante las cuales fue una pieza clave en el desarrollo industrial de nuestro país.
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