El difícil panorama para la nueva izquierda latinoamericana
Los gobiernos de izquierda atraviesan por una severa crisis en América Latina. Vicisitudes diplomáticas, entornos económicos complicados, pérdida de valores democráticos etc.
Los gobiernos de izquierda atraviesan por una severa crisis en América Latina. Vicisitudes diplomáticas, entornos económicos complicados, pérdida de valores democráticos y divisiones internas son tan solo algunos de los factores que están presionando a presidentes y jefes de Estado una vez que pasó la luna de miel con sus votantes.
El martes, Alberto Fernández, presidente de Argentina, fue ingresado de emergencia a un hospital, con una dolencia lumbar. Horas antes se había informado que la inflación en su país había superado el 100%. Como colofón, su relación diplomática con Ecuador se cimbró tras detectarse que María de los Ángeles Duarte, exministra durante la administración de Rafael Correa, acusada por corrupción, apareció como teletransportada en Venezuela cuando se suponía que estaba resguardada en la embajada argentina en Quito. En respuesta, el responsable diplomático fue declarado persona non grata y expulsado.
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En Chile, Gabriel Boric cumple un año en el poder con un gobierno errático producto de su inexperiencia y con un nivel de desaprobación que alcanza el 62%. Pese a ser receptivo a la crítica, Boric ha tenido problemas para negociar los temas de la agenda nacional con sus opositores, lanzándose muchas veces al vacío sin red de protección.
Su fracaso más reciente tiene que ver con una reforma tributaria que resulta clave para el país pero que naufragó el 8 de marzo ante la falta de consensos.
En Nicaragua, Daniel Ortega parece estar empezando a perder la razón. Luego de que su régimen fuera calificado como una “dictadura hitleriana” por la persecución de obispos y religiosos de su país determinó suspender no romper (¿nos suena conocido?) relaciones con el Vaticano. Un mes antes había despojado de su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses por el simple hecho de oponerse a su régimen, entre ellos destacados intelectuales como Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente durante el primer gobierno sandinista, y Gioconda Belli, escritora prolífica y en su momento una de las voces de la Revolución. Humberto Ortega, hermano del mandatario y otrora jefe militar del Ejercito Popular Sandinista (EPS), vislumbra un panorama complicado para el dictador si no rectifica.
Diez años después de la muerte de Hugo Chávez, Venezuela se encuentra en la miseria. Sin el carisma de su predecesor, Nicolás Maduro no ha logrado mantener vivo el espíritu de la revolución bolivariana, si por algo se encuentra unida la gente es por la miseria. Recientemente, un estudio elaborado por la fundación InSight Crime reveló que Venezuela pasó de ser un país de tránsito a un productor de cocaína.
Perú todavía se estremece por la destitución del presidente Pedro Castillo, tras romper el orden constitucional a finales del año pasado. Antes de su salida ya acumulaba cuatro denuncias por corrupción y tráfico de influencias.
En Colombia Gustavo Petro no se encuentra muy cómodo tampoco, el problema más grave que enfrenta es el de las acusaciones por corrupción contra su hijo (¿nos suena conocido?). La salida de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, puso en evidencia que Petro no está abierto a la crítica lo cual impactó en su imagen de presidente receptivo. Su coalición en el congreso también se encuentra al borde de la fractura lo que no presagia nada bueno.
En México las cosas tampoco marchan como nos las habían vendido, pero esa, esa es otra historia…
¿Cuántos más tiroteos masivos en EEUU?
En Estados Unidos se protege más a los patos que a las personas. Allá, la ley impide que los cazadores de aves migratorias usen más de tres balas en su escopeta. Es decir, está prohibido rafaguear con una metralleta una parvada. En contraste, cada vez más víctimas son resultado de tiroteos masivos en los que se utilizan armas de asalto semiautomáticas. Alrededor de 40 mil personas mueren cada año por lesiones de arma de fuego en la Unión Americana.
No se trata de asesinatos entre pandillas o contra fuerzas de seguridad, ni de violencia doméstica ni, aunque lo parezcan cada vez más por su frecuencia, de actos terroristas. Simplemente se trata de una persona armada que abre fuego contra inocentes por diversos motivos, todos ellos absurdos.
Ante los tres tiroteos en menos de cuatro días en California con saldo de 18 muertos y siete heridos, el presidente Joe Biden pidió prohibir la fabricación y la venta al público de armas de asalto semiautomáticas. Asimismo, senadores demócratas presentaron un proyecto de ley para volver a prohibir las armas de asalto, así como aumentar la edad mínima para poder comprar estas armas a 21 años.
En 1994, a propuesta de senadores demócratas, entre ellos Biden, se prohibió la venta de armas de asalto por diez años. Sin embargo la ley expiró durante la administración de George Bush, no fue renovada y sus retractores han hecho todo lo posible porque no se vuelva a aprobar algo similar, aún con vigencia. Aún con más muertes.
A pesar de las víctimas ante los cada vez más frecuentes tiroteos masivos, y el creciente respaldo popular a que haya un mayor control sobre el mercado de armas, el escenario actual se estima cuesta arriba para aprobar la prohibición, dada la mayoría republicana en el congreso, la influencia de la Asociación Nacional del Rifle y la férrea defensa legal en el poder judicial estadounidense que no permite interpretaciones actualizadas a la Segunda Enmienda, la cual otorga a los ciudadanos el derecho de portar armas, una ley pensada para el siglo XVIII, cuando no había ni el Salvaje Oeste, menos armas semiautomáticas.
Mientras tanto, esperar a ver cuántos tiroteos más o quién sea la víctima porque está visto que los menores de edad no importan-, para que se pueda poner un alto legal a la venta de este tipo de armas, lo cual sería apenas un comienzo.