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El relevo en la UNAM y la 4T

Por: El Consejero 08 agosto 2023
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El relevo en la UNAM y la 4T

La elección del rector de la Máxima Casa de Estudios se da en el contexto de ser una de las instituciones más denostadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes inició el ciclo escolar 2023-2024 en la Universidad Nacional Autónoma de México, periodo en el cual se elegirá al nuevo rector por un periodo de cuatro años con opción a reelegirse. Será en septiembre cuando se emita la convocatoria, iniciándose el proceso en octubre y será la Junta de Gobierno la encargada de elegir al nuevo rector de la UNAM, mediante voto secreto de sus 15 miembros, ganando el aspirante que tenga más de 10 votos.

La elección del rector de la Máxima Casa de Estudios se da en el contexto de ser una de las instituciones más denostadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusándola de estar tomada por los conservadores y neoliberales, menospreciando la excelencia académica por ser “aspiracionista”, y con varios amagos del mandatario y del partido oficial para intervenir en la autonomía universitaria, pretextando su falta de democracia para llevarla al asambleísmo. A todo ello se sumó el caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, quien con artilugios legaloides tiene atada de manos a la UNAM para dar a conocer sus conclusiones, y los ataques al rector.

Sin embargo, para esas fechas, la injerencia puede ser presidencial, o más aún, como de quien quede virtualmente con la candidatura presidencial de Morena, particularmente de Claudia Sheinbaum. Se dice que la bióloga Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien renunció en febrero pasado como Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la CDMX, y regresó a la UNAM, es la carta de Sheinbaum, o por lo menos su operadora para que llegue alguien cercano, mencionándose, además de Rosaura Ruiz Gutiérrez, a su hija, la filósofa Rosaura Martínez y, con más posibilidades, William Lee, coordinador de Investigación Científica de la UNAM y antes director del Instituto de Astronomía, e Imanol Ordorika, director de Evaluación de la UNAM, y dirigente del Consejo Estudiantil Universitario (CEU).

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Además de los anteriores, son una decena de nombres los que se mencionan para relevar a Enrique Graue: Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, exdirector de la Facultad de Economía y que contendió por el cargo en 2015; Luis Álvarez Icaza, secretario administrativo de la UNAM, exdirector del Instituto de Ingeniería y sí, hermano del senador Emilio Álvarez Icaza; Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM; Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho; Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina; Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM y exdirectora de la FES Iztacala; Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas; así como Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el único que ha anunciado sus aspiraciones.

Seguramente los 15 integrantes de la Junta de Gobierno serán objeto de presiones por parte del gobierno federal, o tal vez hasta de Sheinbaum, para favorecer el voto a alguien y, no se descarta, vetar a algún aspirante.

El sexenio de los pobres

Este jueves, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dará a conocer su valoración sobre la pobreza multidimensional en nuestro país, con base en las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó el pasado 26 de julio. Pese al optimismo mostrado sobremanera por las autoridades luego de que se registrara un incremento de 11% en el ingreso de los hogares, lo cierto es que el grueso de las familias no lo ha visto reflejado en sus finanzas y el dato publicado, pese a ser irrefutable, esconde una serie de sesgos que lo separan de la cruel realidad.

De entrada la encuesta presentada por el Inegi muestra que entre 2018 y 2022 se incrementó el número de mexicanos que no tienen acceso a ningún servicio de salud, tras la desaparición del Seguro Popular y el tristemente celebre frankenstein concebido durante la actual administración, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), hablamos grosso modo de 20 millones de ciudadanos que tuvieron que desembolsar para médicos, medicamentos, tratamientos y operaciones de todo tipo sin apoyo del Estado que los dejó virtualmente a su suerte. Aquí nos viene a la mente la imagen del sistema de salud de Dinamarca, ¿de verdad funciona así?

¿Pero hubo un avance en materia económica para las familias? Sí, si lo comparamos con las cifras del bienio anterior dentro de la propia administración, cuando se presentó la peor pandemia en la historia del país y teníamos cifras récord de desempleo y miles de pequeñas y medianas que empresas debieron cerrar sus puertas frente a la falta de apoyos gubernamentales. Si nos vamos más atrás, hacia el 2016, nos damos cuenta que de entonces para acá la mejoría fue de apenas 0.2%, nada si nos atenemos a la grandilocuencia con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó los datos en su conferencia matutina en donde de tan orgulloso se comparó con un pavo real para luego celebrar a lo que que se refirió como el “humanismo mexicano”.

Habrá que esperar los nuevos datos que revele el Coneval, pero hasta el momento hay muy poco que festejar, ya que durante la presente administración lejos de disminuir el número de pobres, pese a las grandes sumas de dinero que se reparten más con fines electorales y hasta el 2020, se había incrementado de 51.1 millones a 55.7 millones y se había elevado el número de personas en pobreza extrema de 8.7 millones a 10.8 millones.

No está de sobra recordar que para la medición multidimensional de la pobreza se toman en cuenta seis indicadores base: acceso a la alimentación; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; rezago educativo; calidad y espacios de la vivienda y accesos los servicios básicos en ésta. Bajo este concepto, una persona se encuentra en pobreza multidimensional cuando tiene al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y en pobreza extrema cuando no tiene asegurado el ejercicio de tres o más de sus derechos para el desarrollo.

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