El uso de la marca Colosio 30 años después

El próximo 23 de marzo se cumplirán 30 años del asesinato del entonces candidato a la presidencia de la República por parte del PRI, Luis Donaldo Colosio. Tres décadas después estarán en efervescencia las campañas electorales para elegir a quien relevará en el mando al presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes ocuparán los asientos en ambas cámaras al tiempo que estarán también en juego ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la CDMX.

Cíclicamente revive el nombre de Colosio, se repite en momentos críticos con distintos usos a conveniencia de políticos en turno, como si lejos de darle cierre a uno de los momentos más trágicos de nuestra historia contemporánea se buscara ahondar aún más en una herida que parece no habrá de cicatrizar jamás. Tal vez por eso Luis Donaldo Colosio Riojas pidió el lunes al presidente el indulto para Mario Aburto Martínez, asesino confeso de su padre y así evitar que se siga lucrando con su imagen.

Contra lo que se esperaría de un hombre que se jacta todos los días de tener sólidos valores cristianos, el presidente rechazó el perdón no sólo por tratarse de un crimen de Estado, sino porque así es su deseo, más aún aprovecho el momento para seguir sacando raja política (aunque lo haya negado) de un asunto en el que ahora se involucra a Genaro García Luna, quien habría ocultado información al proteger a un presunto segundo atacante, todo esto de acuerdo a la investigación reabierta por la Fiscalía General de la República (FGR).

De pronto, como por arte de magia la FGR anunció que cuenta con un acerbo de pruebas que implican a Jorge Antonio Sánchez Ortega en el magnicidio, la pregunta es, si las tenía, ¿por qué las da a a conocer hasta ahora?, en momentos en que el presidente se encuentra urgido de desviar la atención de denuncias como la trama de corrupción revelada por Carlos Loret, o los cuestionamientos hechos por Jorge Ramos acerca de la situación de violencia que se vive en nuestro país con sus altas cifras de muertos.

Es sospechoso el momento en que la fiscalía da a conocer esta información dado que hace 20 días un juez rechazó la posibilidad de emitir una orden de aprehensión contra el presunto tirador, por no encontrar elementos sólidos en la investigación. La FGR ya anunció que apelará. Como dirían, “the show must go on”.

¿Hackeo o simple negligencia?

El pasado viernes, el especialista en ciberseguridad Víctor Ruiz denunció la filtración en foros clandestinos de la base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, con datos personales de 300 periodistas (teléfonos, domicilios; INE, pasaporte, CURP, entre otras identificaciones). Ese mismo día, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunció que inició una investigación al respecto y dio un plazo de 72 horas para que Presidencia de la República informara a los titulares de los datos vulnerados como al INAI sobre lo sucedido.

Al iniciar la semana, el presidente López Obrador no tuvo empacho en decir sin prueba alguna que era probable que fuera la oposición, los conservadores, Claudio X. González, Joaquín López-Dóriga y Carlos Loret de Mola, quienes habrían hecho el robo de información para sembrar la idea de censura, persecución y dictadura de su gobierno.

Ese mismo día, en conferencia de prensa encabezada por Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación; Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, y Carlos Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia; informaron que fue un exfuncionario de Presidencia el implicado en el robo, al utilizarse un usuario y contraseña activos, desde direcciones IP en España, y anunciaron que se presentaría denuncia. Nada sobre la oposición, los conservadores, ni Claudio X. 

En el estreno de su conferencia de prensa, Xóchitl Gálvez evidenció que esta administración canceló recursos para software de protección. “Cuando no hay resultados, das pretextos, y eso se llama ser ineptos”, sentenció. Pero no sólo carecen de herramientas de ciberseguridad pues, por lo informado en la conferencia de prensa de Presidencia, no hubo hackeo sino la extracción ilegal de información a través de una cuenta activa de una persona que tenía casi dos años de haber dejado de laborar en Presidencia, cuando ya no debía estar habilitado el acceso.

Es decir, no hubo hackeo, menos complot, sino simple negligencia.