¿Espectro para Altán Redes? 

Con la novedad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside el comisionado Javier Juárez, inició la consulta pública de las bases de una nueva subasta de espectro, a pesar de que en las reuniones sostenidas con el equipo de la Secretaría de Hacienda que dirige Rogelio Ramírez de la O, el propio IFT habían manifestado su opinión respecto a los altos costos del espectro. A pesar de ello, el órgano regulador pretende volver a licitar las bandas PCS y AWS que devolvió Telefónica Movistar y AT&T con costos anuales de alrededor de 5 millones de pesos. También, bajo un esquema de bloques de menor tamaño -a ver si ahora sí-, volverá a licitar las frecuencias que ya había subastado en 2021 y quedaron desiertas.

La pregunta es, ¿para quién licita el IFT? AT&T de Mónica Aspe ha regresado frecuencias, argumentando que no comprarán espectro hasta que bajen los costos a estándares internacionales; Telefónica Movistar de Camilo Aya pasó a ser operador móvil virtual y ya no usa espectro, y Telcel que dirige Daniel Hagg ha dicho a sus inversionistas que no requiere de más espectro en México. 

Pero alguien sí quiere espectro: Altán Redes, que preside Anthony McCarthy Sandland, lleva varios meses diciendo a quien lo quiera escuchar que desea adquirir espectro en bandas como 2.5GHz para poder ofrecer servicios de quinta generación. Esto implicaría que en el primer año desembolse por lo menos mil 813 millones de pesos por el pago inicial de la licitación y los derechos anuales (927.3 mdp y 885.5 mdp respectivamente). Con ingresos anuales estimados en 5 mil 560 millones de pesos, los pagos del primer año representarían el 32.6% de sus ingresos, lo cual se ve inviable, como todo en esta empresa que sigue costando al gobierno más dinero del que genera.

Otra vez el espejismo de los programas sociales

Si algo ha caracterizado a las campañas electorales de 2024, ha sido el uso indiscriminado de los programas sociales como una forma de coaccionar el voto, una medida que bien utilizada tendría que servir para disminuir las desigualdades existentes, algo que no ha ocurrido, pero que del otro lado genera adicción a los dineros del Estado entre una población que está más necesitada de un empleo estable que de dádivas que le generen dependencia.

Graduado en las academias del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Manuel López Obrador encontró en los programas sociales una forma fácil de ganar adeptos con recursos públicos enarbolando una narrativa dominada por la lucha de clases entre el pueblo bueno y los conservadores; sin embargo, paradójicamente, marcada por una universalidad en donde no reciben más los que más necesitan, sino a rajatabla pobres y ricos se benefician por igual. Saltan a la vista dos razones: la primera, es que al ser universales resulta difícil monitorear unos recursos que hasta los muertos cobran; la segunda, es la compra de voluntades entre todo el espectro de la población. 

Si algo aportó el PRI a la historia política de nuestro país , es el uso clientelar de los programas sociales, el boom de estos alcanzó su cenit en el periodo que abarca de 1982 al 2000. De esa época derivan el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL); el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) y hacia el final el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI). Durante la época panista también fueron utilizados, podemos recordar el Programa de Empleo Temporal (PET) y el Programa Oportunidades (PROSPERA).

Todo parece indicar que esa misma tónica es la que habrá de imperar durante los próximos años. De entrada Morena se adjudica la paternidad de programas como el de la Pensión Universal para Adultos Mayores, más allá que todos los partidos lo hubieran aprobado como un derecho constitucional. Todos los candidatos sin excepción y conscientes que, de afirmar lo contrario perderían la elección, ha apostado por la continuidad, pero ofertan aún mejores. En lo local, Clara Brugada ofrece bibliotecas y un programa de becas “desde la cuna hasta la universidad” además de vales de Abasto para el Bienestar; Santiago Taboada garantiza la permanencia de los programas y promete que estos habrán de mejorarse.

Del lado federal, Xóchitl Gálvez incluso habla de una aplicación para que la ciudadanía exprese de forma personalizada que “necesita para salir” en la que se exhibe un menú de opciones en donde se deben seleccionar un máximo de cuatro programas sociales; paralelamente anuncia tres nuevos: para mujeres víctimas de la violencia; a la alimentación en zonas indígenas y a emprendedores. Claudia Sheinbaum ofrece continuidad, porque eso le pide el presidente, y tímidamente propone más apoyo para mujeres entre 60 y 64 años.

¿Y el recurso? De eso nadie habla, todo es silencio, porque está claro que las arcas habrán de vaciarse antes de que termine la actual administración y el sucesor de López Obrador tendrá ya muy pocos organismos autónomos para liquidar; la deuda gubernamental también se encuentra a tope por lo que no quedará otra que una reforma fiscal de la que nadie, por lo menos en este momento, tampoco quiere hablar. Nuevamente la clase media tendrá que hacer un nuevo hoyito al cinturón para no dejar caer el pantalón. Se vienen tiempos difíciles.