Erigidas desde su concepción como un tribunal, más parecido al santo oficio que a una corte, las conferencias matutinas se han convertido en el espacio desde el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha alzado como el juez supremo, quien al margen del trabajo de fiscales y jueces determina desde ahí quienes merecen arder en las llamas del infierno o quienes a su entender son “buenas personas” tan solo por la gracia de su testimonio.
No es cualquier cosa que un presidente se pronuncie en asuntos de materia judicial. Aunque resulte una perogrullada decirlo el presidente no es un ciudadano común que pueda hacer los comentarios que cualquiera de nosotros haría en un café.
Un presidente es el representante de una nación y sus divagaciones nunca son ni inocentes ni inofensivas, y menos cuando faltan al respeto a instituciones que buscan cumplir con su trabajo en un entorno complicado, sabiendo que cualquier diferencia con el ejecutivo podría llevarlos a ocupar la línea de fuego del dedo acusador.
Ya no es ninguna novedad que el presidente encumbre o estigmatice a los diferentes actores de la vida pública de nuestro país, independientemente de que éstos hayan violado la ley y que un juez haya determinado su inocencia o culpabilidad.
Así, sin exhibir pruebas de que hayan cometido algún delito, han sido procesados y exhibidos públicamente Carlos Loret, Carmen Aristegui y Claudio X. González, pasando por personajes más oscuros como Genaro García Luna, quien aún no había sido presentado ante una corte en la Unión Americana y ya había sido juzgado y condenado en Palacio Nacional.
Pero no en todos los casos el presidente ha apuntado su pulgar hacia abajo. En las últimas dos semanas, y violando la política de no intervención, se atrevió a defender a Donald Trump, el presidente que más agravios públicos ha hecho contra nuestro país, en el juicio que se le sigue por violar normas electorales en la Unión Americana. Justificó a su ex jefe y ex titular de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, de quien dijo tener “toda su confianza” pese a estar involucrado, mínimamente por omisión, en el que sea posiblemente el caso de corrupción más grande en la historia de México.
Este miércoles llegó el turno de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, quien está siendo investigado por su probable responsabilidad en el incendio del centro de detención migratoria en Ciudad Juárez en el que murieron al menos 40 personas.
“Siempre ha tenido un buen desempeño” señaló el presidente que, sin hacer mucho ruido, dejó en claro que mantendrá al funcionario en el cargo hasta saber en que terminan las pesquisas.
Difícil será para el mandatario defender en esta ocasión a su subalterno, quien pese a haber enfrentado un caso similar en Tenosique, Tabasco en 2020 en el cual una persona perdió la vida, no aplicó las medidas correctivas pertinentes. Es complicado saber si Garduño actuó (o no) por su cuenta o si se ciño a las instrucciones de sus superiores, al respecto los únicos que podrían aclararlo serían el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López (quienes han preferido guardar silencio), o el propio presidente quien en múltiples ocasiones ha mencionado que el tiene su propio tribunal: su consciencia.
Los niños verdes del siglo XXI
Argumentando la escasa representación de los jóvenes en la Cámara de Diputados, siendo que más del 30% de la población tiene 19 años o menos, este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma constitucional para disminuir la edad mínima para diputados, de 21 a 18 años, y para secretarios de Estado, de 30 a 25 años de edad. El dictamen fue turnado al Senado para su validación. Tanto diputados de Morena como del PAN argumentaron a favor de la reforma y se atacaron entre sí, como para ver qué partido ha hecho más a favor, o en contra, de la juventud.
De acuerdo al grupo de investigadores Visión Legislativa, la edad promedio de esta LXV Legislatura es de 48 años. La bancada con mayor edad promedio es la del PT con 54 años, seguida por Morena y MC, 49 años; 48 años la del PVEM; el PAN y el PRD con 47 años, y el PRI con 46 años.
El 47% de los actuales diputados pertenecen a la Generación X (1965-1980). Sólo seis diputados pertenecen a la generación Z (1997-2012), o sea, de 26 años el más joven.
Para ser francos, causaría desconfianza el nombramiento de un secretario de Estado recién salido de la universidad, con una mínima experiencia laboral, por no decir ejecutiva. Y si un miembro del gabinete presidencial de 25 años llama a desconfianza, qué no ha de provocar un diputado de 18 años, si de por sí uno desconfía de cualquier legislador sin importar su edad.
Lo aprobado nada tiene que ver con la representación de la población, pues podrá haber un legislador de 18 años y los demás de arriba de 40, y tampoco un diputado de 18 años es garantía de que legisle adecuadamente a favor de los jóvenes, es más, ni siquiera de que sepa legislar y no sólo alzar el dedo, como la gran mayoría de los diputados.
La reforma se presta más para abrirle espacios a hijos de políticos, que a representar a los jóvenes, y si no, que alguien de la generación X diga si se sintió representado por Jorge Emilio González Martínez cuando a sus 25 años de edad llegó a ser diputado federal en 1997, apodándosele desde entonces como el “Niño Verde”, llegando a ser senador un par de veces y hoy cuasicacique de Cancún, a sus casi 51 años.
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