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Haití bajo tensiones políticas, desafíos sociales y económicos persistentes

Por: El Consejero 13 marzo 2024
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<strong>Haití bajo tensiones políticas, desafíos sociales y económicos persistentes</strong>

Haití, la nación caribeña más antigua y primera república independiente de América Latina, se encuentra en medio de una profunda crisis que abarca ámbitos políticos, […]

Haití, la nación caribeña más antigua y primera república independiente de América Latina, se encuentra en medio de una profunda crisis que abarca ámbitos políticos, sociales y económicos, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

Haití enfrenta una situación de incertidumbre y polarización. Desde hace años, el país ha experimentado una inestabilidad política marcada por la sucesión de presidentes y crisis gubernamentales recurrentes. La renuncia del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, seguida de su asesinato en febrero de 2022, ha sumido a Haití en un vacío de poder y tensión política. La falta de un liderazgo claro y la disputa por el control del país entre facciones políticas han exacerbado la crisis, dificultando la toma de decisiones y la implementación de políticas efectivas.

Los desafíos estructurales han perpetuado la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad. La falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable, así como la precariedad en las condiciones de vida de gran parte de la población, han contribuido a una creciente desesperanza y malestar social. La violencia, la delincuencia y la corrupción también han exacerbado la fragilidad del tejido social haitiano, dificultando la construcción de un consenso para abordar los problemas que afectan al país.

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En lo económico, Haití se enfrenta a retos significativos que limitan su desarrollo y bienestar. La economía haitiana, una de las más pobres de la región, se ha visto afectada por la inestabilidad política, la inseguridad y los desastres naturales recurrentes, como el terremoto de 2010, el paso de huracanes y la pandemia. La falta de infraestructuras, la debilidad del sector productivo y la dependencia de la ayuda externa han dificultado el crecimiento económico sostenible y la creación de empleo, generando altos niveles de desempleo y subempleo en la población.

Ante esta compleja situación, la crisis haitiana ha provocado también la aceleración del éxodo de familias hacia Estados Unidos, que recientemente han encontrado una gran ruta a través de México. Hoy por hoy podemos ver miles de haitianos en la capital de nuestro país y en otras entidades, pues comienzan a encontrar un ambiente de hospitalidad y de prosperidad, pese a la barrera del idioma.

No olvidar que ni el gobierno, ni la sociedad está preparada para una migración multitudinaria; sin embargo, hay quienes piensan que la fuerza laboral de los migrantes bien podría significar un salto de ventaja en cuanto a la capacidad manufacturera de México. Un dilema difícil de afrontar.

Volver al complot para encubrir la corrupción…

Al presidente López Obrador le cuesta cada vez más trabajo mantener una narrativa coherente y creíble frente a los problemas que a diario surgen más los ya acumulados. Empezando por los señalamientos de corrupción contra sus hijos y hacía sus campañas presidenciales; la inseguridad con todas sus vertientes: la violencia, homicidios, desapariciones, la extorsión, el narcotráfico, el robo con violencia; la escasez de agua; el deficiente sistema de salud pública; los daños ecológicos de las obras del Tren Maya y un largo etcétera.

Por ello, en lugar de abordar los problemas de fondo, el presidente opta por desviar la atención hacia lo que mejor domina, que es hacer campaña. La injerencia del tabasqueño en el proceso electoral viene desde antes de que iniciara formalmente, y ha sido una constante. Con candidez fingida, al iniciar este mes la veda electoral pidió públicamente que le asesoren para no incurrir en violaciones, como si no supiera cuándo las comete.

Ahora, ya no se trata de defender las faltas cometidas o que seguirá cometiendo, sino volver a la trama del complot, víctima ahora de los partidos de oposición, el Poder Judicial y los medios de comunicación los cuales, ahora resulta, le están armando el expediente para anular la elección. 

Lo de menos es que el gobierno de AMLO esté detrás de una elección de Estado con todos los recursos de que pueda disponer; que un día sí y otro también López Obrador se mete en discusiones de campaña, como el cierre o no de las refinerías; que abundan las encuestas con ventaja a Sheinbaum con una popularidad increíble que ni AMLO tuvo para la elección del 2018; que los espacios en la mayoría de los medios favorecen en tiempo, espacio y forma a la candidata oficial.

Lo importante es volver a hacer campaña para distraer de los hechos de corrupción que llegan hasta a sus hijos; de la inseguridad desbordada; de lo lejos que está el sistema de Salud del de Dinamarca y, ahora también, de un proceso electoral que no tiene nada de equitativo, empezando por el papel que juega el propio presidente. 

¿Y la autoridad moral?

Hace justamente un mes, Samuel García, gobernador de Nuevo León, manifestaba su molestia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había ordenado publicar el decreto por el que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica se transfería de su administración a la Fiscalía General de Justicia del estado. Hoy podemos entender su incomodidad, luego de una nota publicada en El Norte y Reforma en su edición del miércoles.

De acuerdo a la información, un despacho de abogados, del cual es accionista el funcionario junto con su padre, recibió más de 200 millones de pesos de parte de uno de los empresarios “consentidos” de su gobierno en una clara triangulación. 

Citando información recabada del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el rotativo señala que, con su llegada, el gobernador emecista adquirió diversos servicios de las empresas Suministro MYR y a Proveedor de Productos Mexicanos Jace por más de mil 200 millones de pesos, mismas que contrataron al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados -de la cual son socios el gobernador y su padre-, por 202.9 millones de pesos, bajo el concepto general de honorarios por servicios profesionales, sin especificar a que servicios se refería.

El hombre de los tenis fosfo fosfo demostró que tiene una mayor habilidad para los negocios (mal habidos) que para gobernar. Ya que no habían pasado 11 días de su toma de posesión cuando ya las transferencias al despacho habían iniciado.

Siguiendo el ejemplo de otros insignes luchadores en contra de la corrupción, Samuel se hizo el sorprendido en una conferencia de prensa ofrecida a los medios y visiblemente molesto trató, sin éxito, de evadir los cuestionamientos de los periodistas, aunque al final tuvo que aceptar que sigue siendo socio del despacho (ergo recibe su participación como tal), aunque insistiera en recalcar que “ya no va a la oficina”.

Tiempos difíciles en donde el desencanto y la indignación va creciendo entre la ciudadanía, con políticos disfrazados de profetas que van promoviendo falsas verdades bajo la máscara de una autoridad moral inexistente, donde lo malo y lo peor bailan y se dan la mano, porque hoy lo importante es generar percepciones, la verdad, la verdad es otra cosa.

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