Aunque usted no lo crea, la percepción de inseguridad se ubicó en septiembre en su nivel más bajo desde que se comenzó a elaborar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hace 10 años. En el mes pasado, 61.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Lo que es más, la tendencia ha venido a la baja respecto a septiembre de 2022, que fue de 64.4%, y apenas 0.9% menos con relación a julio con 62.3%; mientras que al iniciar el sexenio, en diciembre de 2018, era de 73.7%.
Probablemente ni el presidente ni su gabinete de seguridad lo creyeron o tuvieron cara para presumir los resultados generales de la encuesta, teniendo escenarios donde los protagonistas no son delincuentes comunes sino organizaciones criminales que asuelan varias regiones y estados. Últimadamente, la pregunta principal es cómo percibe el entrevistado la inseguridad en su ciudad, no en su estado o en su país.
La violencia está presente en homicidios, desapariciones, quemas de vehículos y negocios, balaceras, extorsiones y cobros de derecho de piso de sur a norte del territorio. En Chiapas, los dos principales cárteles se disputan el control del tráfico de drogas y migrantes, en un estado donde las confrontaciones intracomunitarias pasaron a segundo plano. Por cierto, Tapachula tiene una percepción de inseguridad de 85.7% (6º lugar nacional), mientras en Tuxtla Gutiérrez es de 70.1%, tal vez porque ven muy lejos lo que pasa en su frontera sur.
Ahí está Guerrero y los asesinatos de choferes de transporte público en Chilpancingo y Acapulco, y el reciente homicidio de Bruno Plácido, fundador y coordinador de la policía comunitaria de la UPOEG, justo a la entrada de la Secretaría de Salud en la capital del estado. Chilpancingo está en el 7º lugar de los más inseguros, con 84.9%, mientras en el puerto está en 74.9%, menor que Cancún, con 77%, y lejos de Puerto Vallarta, con 22.5%.
Zacatecas tiene el dudoso honor de tener dos de sus ciudades entre las de mayor percepción de inseguridad: Fresnillo, número 1, con 95.4%; y la capital con 92.1%. Y no hay más porque la medición sólo incluyó esos dos municipios del estado. Similar situación la de Michoacán, donde la violencia y extorsión a agricultores tiene a Uruapan en el 4º de los más inseguros, con 91.5%, y a un gobernador que presume que el estado es más seguro que Israel.
La encuesta del INEGI abarca 74 ciudades y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, las cuales no son ciudades ni municipios, donde la “más insegura” es Tláhuac con 70.4%, pero con un promedio para toda la Ciudad de 54%, lo cual contribuye a compensar las tendencias mayores al 80%, que son 12 ciudades. No incluye en sus mediciones ciudades como, por ejemplo, Lagos de Moreno, Jalisco, con sus jóvenes desaparecidos, o municipios más rurales, donde se vive mucha de la violencia más cruda y que, al parecer de tan cotidiana, ya nos hemos acostumbrado.
Los aeropuertos privados al orden ¿Quién sigue?
A final de cuentas sólo hubo diferencias en la narrativa. Faltando ya meses para que la administración de Andrés Manuel López Obrador llegue a su fin, el comportamiento del Morena no ha sido muy distinto al que en su momento tuvieron tanto el PRI como el PAN en lo que solía conocerse como el “año de Hidalgo”, última llamada para que los funcionarios en turno se hicieran de recursos vistos como un fondo de retiro por sus buenos servicios.
Desde su llegada al poder el presidente nos vendió la idea de que no endeudaría al país, vamos, no lo hizo ni siquiera en los momentos más difíciles por los que pasaron millones de pequeñas y medianas empresas que terminaron por irse a la quiebra por falta de apoyos durante la pandemia de covid-19.
Sorpresa. El viernes amanecimos con la noticia de que todo se trató de un embuste. La Cámara de Diputados, dominada por el partido oficial, le autorizó al ejecutivo un techo de endeudamiento que pasará a la historia por su magnitud: 1.9 billones de pesos, de acuerdo a Bloomberg equivalente al 5.4% del Producto Interno Bruto. De mantenerse así las cosas, el porvenir no pinta mejor ya que, de acuerdo a la propia agencia, la quinta parte del presupuesto del próximo año será financiado con endeudamiento. Tan sólo para cumplir con las pensiones, las transferencias a los estados, el costo financiero de la deuda y por supuesto los programas sociales se utilizarán el 60% de estos fondos. El futuro de las nuevas generaciones, incluidos los no natos, ya esta empeñado.
Pero como ni así hay dinero que alcance, a la Secretaría de Hacienda se le ocurrió que sería una gran idea subir los costos a los aeropuertos privados, el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que recibieron la noticia de que ahora deberán pagar el 9% de sus ingresos en vez del 5% que venían cubriendo desde hace más de dos décadas.
Una de las conclusiones que se desprenden del comunicado emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) es que con la medida habrá de bajar el costo de los boletos de avión, sin embargo no se explica bajo qué lógica ocurriría esto, aunque se adelanta que será disminuyendo los costos de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) que de acuerdo al secretario del ramo, Jorge Nuño, podría alcanzar una baja de 10%.
Mientras, los diputados de Morena hacían su labor aprobando que estos fondos, que alcanzarían los 5 mil millones de pesos anuales, fueran destinados al Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, un fideicomiso de las Fuerzas Armadas que lo destinarán a los más de 15 aeropuertos que administran. Una ecuación que parecería perfecta pero que, sin embargo, para los expertos en leyes, partiendo de los constitucionalistas, estaría haciendo agua por todas partes.
