Llegó la hora de la verdad para la democracia
Una vez que esta segunda parte del llamado “Plan B” fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación entró en vigencia y con él sus perniciosos efectos.
Inicia un periodo decisivo en la historia contemporánea de la nación, un momento clave en el que podría cambiar la fisonomía política del país tras décadas de lucha por crear unas instituciones sólidas en materia electoral y erradicar esa democracia de Estado que tanto daño hizo a generaciones de mexicanos.
Una vez que esta segunda parte del llamado “Plan B” fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación entró en vigencia y con él sus perniciosos efectos. De entrada, involucra el cese fulminante de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), quien se mantuvo durante 14 años como segundo de abordo. Pero él no será el único trabajador afectado. De acuerdo a Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano electoral, 5 mil 900 empleados serán lanzados a la calle. Más conservador el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, asegura que nada más se le darán las gracias a mil 200, y cínicamente dice que no llegará ni al 8% de la plantilla de trabajadores, poca cosa para quien desde el poder decide qué familia será la siguiente que quedará sin sustento.
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Pero el impacto no se dará únicamente en el ámbito laboral, un estudio dado a conocer por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, titulado “Radiografía del Plan B: la reforma electoral 2023 a examen”, señala el pandemonio que se habrá de generar en las elecciones presidenciales y legislativas de 2024, de aplicarse este conjunto de normas como las aprobaron diputados y senadores. Tan sólo en detalles tan básicos, pero trascendentales, como son la elaboración del padrón electoral y de la lista nominal, así como la capacitación de funcionarios y ciudadanos que participan en la elección, ya nos encontraríamos en serios problemas. Qué decir de las regulaciones en la propaganda gubernamental que garantiza la impunidad para funcionarios de todos los niveles que deseen favorecer a los candidatos de su preferencia, dejando a las autoridades electorales como convidados de piedra, por supuesto beneficiando a Morena.
Como ya es costumbre la descalificación fue el único argumento esgrimido desde Palacio Nacional para dar respuesta al estudio validado por la que sin duda alguna es la institución academica de mayor prestigio en el país. Ya nos tendremos que ir habituando porque frente a la avalancha de controversias constitucionales que se avecinan y las impugnaciones de los partidos que habran de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrán de sucederse los episodios de ira de nuestro mandatario invalidando el punto de vista de quienes se oponen a sus deseos. Porque en las próximas semanas esta lucha no se habrá de dar únicamente en la arena jurídica, habremos de vivir una verdadera guerra en materia informativa, de un lado los peyorativamente llamados neoliberales y conservadores, que no son otra cosa que la sociedad pensante; y del otro el presidente, quien con todo el presupuesto y el poder del Estado seguirá en el nombre de un hipotético “pueblo”, desde su matutina, desacreditando la labor de los jueces y las acciones de quienes sí queremos un cambio, pero no en la dirección que pretende la autoproclamada Cuarta Transformación.
Aventando la moto
La producción y venta de motocicletas en México se ha incrementado en los últimos cuatro años, mucho gracias a la pandemia -por el reparto de mercancía a domicilio-, y como opción de transporte al trabajo por el congestionamiento vial. Se pasó de 870 mil unidades vendidas en 2019 a un millón 250 mil en 2022, siendo el año pasado el primero en que se registra una mayor venta de motocicletas que de automóviles en nuestro país.
De 2018 a 2021 se incrementaron 107% el número de muertes de motociclistas por accidentes de tránsito en la Ciudad de México. Sólo febrero pasado, en la capital del país, se levantaron más de 3 mil infracciones a motociclistas y fueron remitidas más de 700 motos al corralón, debido a que sus conductores no contaban con licencia y/o tarjeta de circulación. A pesar de ello, quienes transitamos como peatones o conductores diariamente atestiguamos faltas al Reglamento de Tránsito por parte de motocilicistas como no usar casco, viajar con más de dos personas; invasión de ciclovías o carriles confinados, circular en sentido contrario, pasarse el alto de los semáforos, conducir o estacionarse sobre la acera.
A fines del año pasado, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), anunció modificaciones al Reglamento de Tránsito, las cuales contemplaban medidas obvias como el uso obligatorio de cascos exclusivos para motos, seguro obligatorio y licencia tipo A1 para empresas de reparto por App y, la que causó polémica, la prohibición a motos menores a 600 centímetros cúbicos de circular en carriles centrales de vías de acceso controlado, es decir, Periférico, Viaducto, Circuito Bicentenario, entre otras.
Esta última medida causó fuerte oposición de organizaciones de motociclistas, sobre todo de repartidores, quienes se manifestaron frente a la Semovi y cerraron vialidades, derivando en enfrentamientos con la policía. Al final, la Secretaría reculó y suspendió todas las modificaciones al reglamento, sin fecha para retomarlas, probablemente temerosos de que les “avienten” la moto los supuestos afectados. Mientras tanto, los verdaderos perjudicados por esta pusilanimidad, seguimos cruzando calles cuidándonos de que literalmente no nos avienten la moto antes de la luz verde, o sorteando motonetas en Periférico.