Manifestación de ex empleados de limpieza contra corrupción laboral

Por tercera ocasión, en menos de una semana, ex trabajadores de limpieza, cuya empresa brindaba los servicios al Instituto Politécnico Nacional, salieron a bloquear las calles para exigir no solo a las autoridades de la institución, sino también a la Secretaría de Educación Pública, revise lo que está sucediendo con los contratos y licitaciones. 

A los trabajadores pertenecientes a Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, se les informó que el viernes el IPN había decidido rescindir el contrato sin ningún tipo de explicación, por lo cual tendrían que recortar la plantilla laboral.

Irene Gutiérrez, una de las trabajadoras afectadas, aseguró que se le hace injusto que a pesar de haber realizado en tiempo y forma su trabajo, la autoridad decida por intereses no muy claros, dejar sin efecto el contrato que permitía a la empresa, generar 4,500 empleos, los cuales están en peligro de desaparecer. 

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“Nosotros siempre hicimos bien nuestro trabajo, nunca tuvimos algún llamado de atención, ni por personal de la Institución, ni de la empresa, hoy salimos para que esto se dé a conocer y apoyar a la empresa que nos brindó empleo y siempre ha cumplido con sus obligaciones”.

Aseguró. 

También detalló que incluso el mismo personal del Instituto Politécnico Nacional, le ha externado su apoyo, ya que desde que salieron, la limpieza no existe. 

“El personal que nos conocía y nos ha visto manifestarnos nos apoya, nos comentan que desde hace 7 días no se cuenta con personal suficiente y en algunos casos con personal que mantenga las instalaciones de manera adecuada, los que laboran, ni uniformados están”.

concluyó. 

Por su parte, Antonio Hernández, vocero de la empresa, explicó que el único argumento que les dieron para residir el contrato fue que Rubén Gómez Montes de Oca, titular del área de responsabilidades, había dado la orden para darle los contratos a Enrique Gómez Mandujano, con lo que existiría un conflicto de intereses al ser cercanos.

“Es una acción completamente ilegal, con la que se viola la Constitución y los derechos no solo de la empresa, sino de los empleados, por una decisión sin fundamento 4,500 personas se quedaran sin empleo”.