Únete a nuestro canalMéxico en la informalidad
Lo que es más: el 23.7% del PIB informal se generó por 55.8% de la población ocupada en condiciones de informalidad.
La economía informal ha alcanzado casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con el 23.7% de éste en 2021, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
La cifra es 1.9% más que en 2020, que fue de 21.8%, baja atribuida a las restricciones por el covid-19 y ha sido la más baja registrada desde que se registra la cifra a partir de 2003. Sin embargo, la participación de la economía informal en el PIB de 2021 fue 0.6% más alto que antes de la pandemia, pues en 2019 fue de 23.1%.
Yendo más atrás en el registro, el porcentaje de 23.7% de 2021 es el más alto desde 2009, cuando llegó a un 24.4% y la más próxima fue en 2013, que fue de 23.8%, apenas 0.1% menos.
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Estamos hablando de que, por cada 100 pesos del PIB, 24 son generados por el sector informal y otras modalidades de informalidad. De acuerdo a las definiciones del INEGI, el sector informal se compone de las unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar; mientras que las otras modalidades de la informalidad (OMI) se integran por la agricultura (incluida la de subsistencia), el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que, aunque ligado a unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor sin la debida protección legal para las relaciones laborales.
La principal actividad sectorial de la informalidad es el comercio al menudeo tuvo una participación del 27.4% y su contribución alcanzó el 42.2% de la economía informal. Lo que es más: el 23.7% del PIB informal se generó por 55.8% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Es decir que, 6 de cada 10 mexicanos viven de ello, y en lugar de revertirse la economía informal y sus condiciones, está creciendo.
Título 42: ¿El fin de las restricciones migratorias?
El llamado Título 42, una medida engendrada en la mente del presidente Donald Trump durante la pandemia de Covid-19 para frenar la ola migrante bajo el argumento de proteger la salud pública en la Unión Americana, podría estar viviendo sus últimos minutos. En primer término, porque este miércoles vencía el plazo para su aplicación y en segundo porque ya no tenía razón de ser luego de que el virus disminuyó su letalidad a nivel global.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, John Roberts, sin embargo, accedió a abrir un impasse para determinar la extensión de la medida luego de que dos decenas de gobernadores, la mayoría de estados conservadores, acudieron al máximo tribunal argumentando que el levantamiento del Título 42 generaría un “daño masivo e irreparable a los estados, particularmente a los que arrastran las consecuencias de la migración ilegal”.
Si bien es cierto que en determinado momento la transmisión de la pandemia pudo haber justificado un decreto de esta magnitud para evitar su propagación, lo cierto es que dio un magnífico pretexto para la deportación de extranjeros quienes en muchos casos fueron enviados a México bajo otra de las “brillantes” estrategias elaboradas por Trump, el famoso “Quédate en México” auspiciado por las propias autoridades de nuestro país.
Así, cerca de dos millones de migrantes fueron expulsados fulminantemente a su último país de tránsito, sin importar su edad o su condición política o económica. La continuidad del Título 42 fue uno de los principales temas de debate durante las elecciones legislativas de noviembre, causa que fue enarbolada por los legisladores republicanos quienes de esta manera lograron acaparar el voto antiinmigrante.
Más allá de la derogación o no de la medida, el hecho concreto es que la administración del presidente Joe Biden no ha definido con claridad como va a resolver el acertijo que le ofrecen decenas de miles de migrantes que intentarán ingresar al país cada semana una vez que las restricciones se eliminen.
En abril pasado, el secretario del departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas adelantó que ciertamente existía ya un plan para solucionar el problema, pero omitió revelarlo para evitar dar información de más a cárteles y contrabandistas.
