Poder Ejecutivo vs Judicial, enfrentamiento de fin de sexenio
El miércoles el presidente volvió a insistir en la elección de los jueces a través del voto de la ciudadanía y señaló que esa propuesta debería de formar parte la plataforma electoral de los candidatos a la presidencia de la República
No hubo sorpresas. Así como inició su carrera política allá en los años 70, así la habrá de terminar. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se alimenta de la confrontación, lo suyo es el ataque, la descalificación del otro, sacar ventaja del contrario sin importar los costos. Para él no existe la concertación, los acuerdos, no acepta otra alianza que la del sometimiento, y si no que le pregunten a las dirigencias del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
Pues así como empezó su administración habrá de terminar, con un enfrentamiento esta vez con otro de los poderes de la Unión. Un Poder Judicial, que contrario a sus expectativas, se ha regido por el mandato que le otorga la Constitución y no por seguir la línea que le traza su conciencia.
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No bien había planteado López Obrador que propondría una reducción al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando la ministra presidenta Norma Piña anunció que la propuesta de presupuesto del Poder Judicial para 2024 incluirá un incremento del 4%, muy inferior a la inflación y en congruencia con los retos que habrán de enfrentar no solo la SCJN, sino el Consejo de la Judicatura (CJ) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), entre los que destacan las elecciones generales del próximo año y la creación de 45 órganos jurisdiccionales, en concordancia con el nuevo modelo de justicia laboral que dejará de depender del Ejecutivo.
Sin ningún respeto por la ministra Piña, que más allá de su investidura es también una mujer, el presidente la acusó de “mucho cinismo” al igual que sus colegas para reiniciar después su vieja “cantaleta” señalándolos por percibir un salario superior al suyo, como establece la Constitución efectivamente, pero que fue impugnado por ese poder.
Más allá de sus diatribas matutinas muy poco o nada podrá hacer el presidente para frenar la propuesta que al provenir de otro poder se encuentra lejos de sus facultades; sin embargo, se adelanta que el Congreso controlado por el partido oficial, buscará “castigar” a jueces, magistrados y ministros con mayores recortes, que tan sólo en la actual administración alcanzan ya el 15.3%, por lo que se espera una ofensiva legal por parte del Poder Judicial de la Federación en su conjunto en defensa de los recursos solicitados, una controversia que sería muy delicada debido a que, valga la redundancia, ese poder sería juez y parte en la determinación final.
La guerra está declarada. El miércoles el presidente volvió a insistir en la elección de los jueces a través del voto de la ciudadanía y señaló que esa propuesta debería de formar parte la plataforma electoral de los candidatos a la presidencia de la República, llamando indirectamente a darle la mayoría calificada en el Congreso a Morena, para así poder impulsar una reforma constitucional, que a como están las cosas se antoja harto difícil de lograr.
Mientras esto pasa, López Obrador seguirá azuzando a sus seguidores contra el Poder Judicial desde Palacio Nacional, una disputa que muy seguramente habrá que prolongarse hasta el último día de su sexenio.
Retrocedemos en movilidad educativa
Para quienes son madres y padres, siempre deseamos que nuestros hijos lleguen más lejos que nosotros en todos los aspectos positivos, uno de ellos el educativo, fundamental para otros como lo intelectual, económico y social. Desafortunadamente, un reciente estudio del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), reporta que entre 2016 y 2022 se redujo la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que tiene más años de escolaridad que sus padres de 72.3 a 68.2% y, los jóvenes que alcanzaron menos escolaridad que sus padres aumentaron de 17.9 a 20.5%.
El Espinosa Yglesias señala que la escolaridad esperada para la población menor de 29 años de edad se detuvo en 14.1 años de 2016 a 2018, y que a partir de ahí descendió hasta llegar a 13.6 años de escolaridad en 2022. Un factor importante en esa caída fue el periodo de la pandemia, aunque el estancamiento previo ya prendía alertas.
El futuro en corto plazo no pinta mejor. Lo que no hicieron en cinco años lo quieren hacer al finalizar el sexenio los funcionarios de la SEP, con lo que llaman la Nueva Escuela Mexicana inspirada en “la pedagogía crítica, las epistemologías del sur y la educación popular”, enfrentando amparos y suspensiones contra libros de texto, reclamos por las matemáticas relegadas y por la ideologización de la historia y otras ciencias sociales, por no hablar de la franca propaganda contenida y las “áreas de oportunidad” en los libros.
Y mientras en México experimentamos una movilidad educativa descendente, reformas educativas más atentas a los sindicatos que a los alumnos, cambios en planes de estudio y libros de texto cada sexenio, en otros países la educación es una política de Estado, con actualizaciones a los planes de estudio cada cierto tiempo (en Japón la última reforma educativa fue en 2006, por ejemplo) y, en general, con avances medibles en el sector.
Lo más probable es que, gane quien gane en 2024, la Nueva Escuela Mexicana sea motivo de revisión y sus libros de texto retirados. Lamentablemente, por lo menos habrá un ciclo escolar perdido que en nada contribuirá a una mejora en la movilidad educativa y, por ende, a muchos aspectos de la sociedad mexicana en el mediano y el largo plazo.